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La política proteccionista de la segunda administración de Donald Trump comenzó a cobrar su factura más alta a la manufactura mexicana. Tras la imposición de un arancel de hasta 25% a las importaciones de vehículos ligeros hacia Estados Unidos, Toyota Motor Corporation anunció una reconfiguración estratégica que implica el traslado de la producción de su pickup insignia, la Tacoma, de su planta en Tijuana, Baja California, hacia San Antonio, Texas.
La firma nipona detalló que inyectará una inversión de 3,600 millones de dólares en el complejo texano para abrir una segunda línea de ensamble que estará operativa en 2030. Este movimiento incrementará la capacidad anual de la planta en 150,000 unidades y generará 2,000 nuevos empleos en territorio estadounidense. En contraste, la transferencia de la Tacoma —cuyo proceso de mudanza tomará cerca de cuatro años— deja en el aire el futuro de la planta de Tijuana (TMMBC), un complejo que opera bajo el modelo de monocultivo industrial al ensamblar exclusivamente dicho modelo.
La planta fronteriza produce actualmente alrededor de 166,000 unidades anuales de la pickup, de las cuales el 93% tiene como destino los mercados de Estados Unidos y Canadá. El cese de esta producción compromete no solo a más de 3,000 puestos de trabajo directos, sino también a una red de proveeduría local estimada en 1,500 socios comerciales in situ.
Tras el anuncio, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, matizó el impacto al informar que Toyota notificó previamente la decisión como parte de una “reestructuración de sus operaciones globales”. La dependencia puntualizó que la salida será gradual y concluirá en 2030, periodo en el que la automotriz evaluará qué destino o asignación de nuevo producto tendrá el complejo de Baja California.
Sin embargo, en términos de eficiencia de capital, el costo logístico de la relocalización hacia EE. UU. resulta drástico: los 3,600 millones de dólares comprometidos para Texas ensombrecen los 626 millones de dólares que Toyota acumuló en inversiones en Tijuana desde su apertura en 2004, incluyendo la última inyección de 336 millones de dólares realizada hace apenas dos años para expandir la capacidad de la planta.
La amenaza del efecto dominó
El repliegue de Toyota enciende las alarmas en el sector privado, especialmente porque la japonesa es una de las firmas con mayor resiliencia arancelaria debido a su nivel de integración norteamericana. Datos de Banco Base indican que Toyota cuenta con un 35% de contenido regional originario de Estados Unidos en los vehículos que ensambla en México, una tasa idéntica a la de General Motors y solo superada por el 37% de Chrysler.
“Si Toyota transfiere parte de su producción a Estados Unidos, para otras marcas podría ser como un efecto dominó”, advirtió Gabriela Siller, directora de Estudios Económicos de Banco Base.
La especialista apuntó que el resto de las armadoras que operan en el país evaluarán replicar la estrategia de relocalización para salvaguardar su competitividad frente a los gravámenes de la Casa Blanca.
El viraje corporativo coincide además con tensiones en la gobernanza comercial de la región. El anuncio de Toyota se da apenas cuatro días después de que el gobierno estadounidense formalizara su intención de someter al Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) a un esquema de revisión anual, poniendo especial foco en reglas de origen y condiciones del sector automotor.
De generalizarse este éxodo de las armadoras globales, las repercusiones macroeconómicas para México tocarían el núcleo de su principal motor de crecimiento. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la industria automotriz representa dos terceras partes de toda la manufactura nacional.
El endurecimiento arancelario ya muestra sus primeros efectos en la balanza comercial: en el primer trimestre de este año, la adquisición de autos fabricados en México por parte del mercado estadounidense retrocedió 11% a tasa anual, cediendo ante los equipos de cómputo el puesto como el principal producto de exportación del país.
La desintegración de estas cadenas de valor regionales no solo amenaza con contraer los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el cierre de la década, sino con detonar una pérdida masiva de empleos en los clústeres industriales del norte y el bajío mexicano.
