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Redacción / Energía a Debate
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidió en que la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador abre las puertas para la expropiación indirecta de las centrales privadas que operan en el país.
“Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución”, dijo el organismo empresarial en un comunicado emitido en la tarde de este martes.
El presidente López Obrador envió el 28 de enero pasado a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas con carácter preferencial que pretende impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica, dijo el Consejo bajo la presidencia de Carlos Salazar Lomelín.
El día de ayer, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reaccionó en los mismos términos al considerar que dichas disposiciones contenidas en la iniciativa, de ser aprobadas por el Congreso, representan una expropiación indirecta.
Los doce organismos empresariales que se agrupan en el CCE también plantearon que la propuesta presidencial atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, lo que promoverá procesos penales y arbitrajes.
Mencionó, entre otros, los acuerdos comerciales de protección de inversiones y del medio ambiente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París.
Asimismo, el CCE consideró que la iniciativa viola el principio de no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular.
Por ello, previó que esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
El CCE señaló más adelante que la propuesta de López Obrador contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública.
“Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible”, apuntó.
En virtud de lo anterior, el CCE y los organismos que lo integran hicieron un exhorto al Poder Legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.
