El número de solicitudes de permisos relacionados con gasolinerías pendientes en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se encuentra en alrededor de los 700, refirió este medio día la comisionada Norma Leticia Campos Aragón.
En sesión del órgano de gobierno de la Comisión, la funcionaria votó en contra de 14 de un total de 43 permisos que se pusieron a consideración de los comisionados, esto por distintas razones, entre ellas, que 6 de ellos tienen en común un accionista.
Lo anterior, “tomando en consideración el cúmulo de solicitudes para nuevos permisos de expendio al público de petrolíferos que rondan en alrededor de 700 solicitudes”, explicó Campos Aragón.
Las 14 razones sociales a las que la comisionada negó su voto aprobatorio fueron Abastecedora de Servicios del Valle, SA de CV, para la estación ubicada en Sinaloa; Distribuidora del Norte de Salamanca, SA de CV, para la estación ubicada en Guanajuato, y Mercantil Distribuidora, SA de CV, para la estación ubicada en Nuevo León.
Igualmente se encuentran en la lista Buque de Vela, SA de CV, para instalarse en Colima; Arena Lisa, SA de CV, para ubicarse en Quintana Roo; Inmobiliaria Pino Azteca, SA de CV, para la misma entidad; Servicio Gasolinero Macultepec, SA de CV, y Combustibles JT.VP, SA de CV, en Tamaulipas.
Asimismo, están Servicios Juzgados, SA de CV, para Campeche; Servicios Medellín y Pigua, SA de CV, en Tabasco; Caseta Extra, SA de CV, también para Tabasco; Servicio Regio Nueve, SA de CV, para la entidad tabasqueña; Chiquila Operadora de Servicios, SA de CV, para Quintana Roo, y Grupo Seca Gasolineras, SA de CV, para Guanajuato.
Sin bien la comisionada no aclaró cuáles son las seis razones sociales que tienen un solo accionista, sí explicó que la negativa a los 14 solicitudes se debe a que en algunos proyectos no se cumplió con el orden de prelación en el despacho de los asuntos que son competencia de la CRE.
Sobre ello, citó los artículos 46 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el 7, fracción 15, del Código de Conducta de la CRE.
Además, dijo que algunos proyectos de resolución fueron sometidos a la consideración del órgano de gobierno sin la información completa y oportuna que permita realizar un estudio integral, así como su apego al marco jurídico, una queja que Campos Aragón ya ha expresado en reiteradas ocasiones durante las últimas sesiones del órgano rector de la Comisión.
De la misma forma, volvió a denunciar que algunos de los accionistas de las razones sociales solicitantes han sido vinculados con actos ilícitos, lo que ha quedado asentado en diversos medios de información.
Por ello, expresó, “se considera que dichos permisos deben ser analizados con mayor detenimiento y con la manifestación previa de las autoridades competentes”.
Con todo, la mayoría de votos a favor se impuso y se aprobaron los 43 proyectos de resolución por los que se otorgan los permisos de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio.
En materia de gas licuado de petróleo (gas LP), Campos Aragón y el comisionado Luis Linares Zapata votaron en varias ocasiones en contra de algunos proyectos de resolución para otorgar permisos en esta industria, en la mayoría de los casos, debido a que ya representan concentraciones importantes de mercado regional.
Dos autoabastos negados
En el rubro de la electricidad, la CRE negó el permiso para modificar las condiciones tercera, relativa al aprovechamiento de la energía eléctrica generada, y cuarta, relativa a los planes de expansión del permiso para generar energía eléctrica, a las razones sociales Eólica Dos Arbolitos, SAPI de CV, con permiso número E/1159/AUT/2014, y Parques Ecológicos de México, SA de CV, con permiso E/215/AUT/2002.
La negativa fue unánime y el comisionado Linares Zapata consideró que en las sociedades de autoabastecimiento deben analizarse “con la debida suficiencia” lo expuesto por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de la revisión de situación excepcional, en específico en la evaluación del procedimiento para la otorgación de permisos de generación de energía eléctrica contenidos en la revisión de la Cuenta Pública 2004.
El comisionado se refirió a que la forma en que están estructurados los proyectos no responde a lo establecido al artículo 36, fracción primera, inciso a), de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE).
“Al constituirse los promotores de los proyectos en los socios mayoritarios de las centrales, se rompe la proporcionalidad entre derechos y obligaciones con los consumidores, dando lugar a una relación mercantil de compraventa de energía eléctrica generando un desequilibrio entre los socios de las empresas autoabastecedoras y sus socios mayoritarios”, amplio Linares Zapata.
Una terminal de almacenamiento sin operar
En la sesión de los comisionados también se trató el punto referente al proyecto de resolución por el que se aprobaría a Terminales Portuarias del
Pacífico, SAPI de CV la modificación por cesión del permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/21621/ALM/2018, en favor de la empresa Galcoa Puebla, SA de CV.
En su intervención, Campos Aragón se pronunció en contra, toda vez que, según expuso, desde el 27 de septiembre de 2018, fecha en la que se otorgó el permiso de almacenamiento de petrolíferos a Terminales Portuarias, para ubicarse en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta ahora no ha realizado ninguna acción para desarrollar la actividad de almacenamiento.
De acuerdo con su opinión, contraviene a las obligaciones inherentes al título del permiso, así como a la política pública de almacenamiento mínimo de petrolíferos.
“Dicha omisión representa una posible caudal de sanción e impedimento para el otorgamiento del permiso solicitado”, apuntó.
Al igual que en los demás casos, los demás comisionados votaron a favor del proyecto de resolución aprobatorio.