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Ulises Juárez / Energía a Debate
Las energías renovables ofrecen grandes oportunidades económicas para el país, por lo que es importante el análisis de escenarios de desarrollo sostenible y crecimiento verde en México, abordando temas económicos e institucionales clave, aseguró Juan Rosellón, profesor e investigador de la División de Economía del Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).
Dijo que si bien la perspectiva del análisis podría basarse en resultados de estudios sobre la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero, el objetivo también debe ser abordado con resultados más específicos sobre indicadores económicos, tales como el crecimiento del PIB, la inflación, la competitividad, el empleo, la mejora del equilibrio de las importaciones y las exportaciones, entre otros. “Estas variables, además, tienen alta relevancia política”, aclaró.
Al inaugurar esta mañana el seminario virtual “Energías Renovables: Oportunidades y competitividad para las empresas”, el académico anunció que el CIDE está elaborando un estudio sobre los impactos en el bienestar social de las distintas estrategias nacionales para la descarbonización del país, incluyendo los resultados de la transición precisamente hacia un futuro renovable en cuanto a crecimiento económico, competitividad, empleo y beneficios sociales regionales.
El seminario fue organizado por el CIDE, el centro de investigación sobre temas de energía sustentabilidad y cambio climático Iniciativa Climática de México (ICM) y la agencia alemana Agora Energiewende que promueve la Transición Energética en diversas regiones del mundo.
Por su parte, Daniel Chacón Anaya, director de Energía en ICM, refirió que 126 de los 129 países del mundo están comprometidos para combatir el cambio climático, pero solo unos pocos, entre ellos México, no lo está haciendo.
En ese contexto, advirtió que las corporaciones internacionales ya están pidiendo a sus oficinas y fábricas en otros países que realicen acciones para reducir su huella de carbono con miras al 2050, incluyendo el requisito de que la energía eléctrica que consumen para sus procesos debe provenir de fuentes renovables o limpias.
En el caso de México, dijo, eso no sucede, ya que alrededor de 75% de su matriz energética depende todavía de combustibles fósiles.
“Algunas van a empezar a migrar y otras que podrían haberse integrado en México ya no lo van a hacer”, previó el especialista. “Es un tema de competitividad del país, pero además es un tema de economía, de moral y de ética”, consideró.
El seminario pertenece a una serie de actividades realizadas por el CIDE, ICM y Agora Energiewende como parte del Proyecto México Energía que busca establecer una estrategia sólida y políticamente atractiva de desarrollo económico basado en energía renovable, al aprovechar la abundancia y la calidad de estos recursos que posee México, con la finalidad de establecer un plan de crecimiento verde.
En el evento, la profesora e investigadora del Programa Interdisciplinario en Regulación y Competencia Económica (PIRCE) del CIDE, Alejandra Elizondo Cordero, rechazó la idea de que el desarrollo de las energías renovables ha significado un costo para la sociedad y, por el contrario, la adopción de estas tecnologías por parte de México llegó en un momento en que el mundo ya había pagado por su investigación y aprendizaje.
“Nosotros llegamos a un punto donde no hay tantos costos de aprendizaje o costos iniciales y la investigación y el desarrollo no es tan riesgosa como pudo haber sido en un inicio”, subrayó.
Insistió en que el cambio tecnológico hacia las renovables no es de carácter exógeno, sino que es un sistema donde el cambio se da de manera interna, endógena, a través de la competencia entre las tecnologías antiguas y las modernas. “Esa competencia es la que a algunos nos gusta para mayor beneficio de la sociedad”, apuntó.
En su oportunidad, Fernanda Ballesteros, coordinadora de Competencia y Regulación en la organización México Evalúa, enfatizó en la importancia de la competencia en los mercados eléctricos que no solo beneficia al consumidor final en su factura eléctrica, sino en los procesos productivos.
“En el caso del mercado eléctrico, el efecto no acaba con el pago de la luz; todos los bienes que consumimos necesitan de la electricidad y, si las empresas tienen un sobrecosto en ese servicio, también va a haber un efecto cadena en el resto de los productos que consumimos”, explicó.
Recordó que de acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), que publica cada año la Secretaría de Energía, el consumo de las grandes empresas y de las industrias representa 62% de la demanda eléctrica nacional. “Tan solo en la industria del acero, del total de sus costos de producción, la factura eléctrica representa 30%”, agregó.
Por otra parte, ante los intentos legales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador por poner un freno a los desarrolladores privados de energía a partir de fuentes renovables y privilegiar el uso de los combustibles fósiles por parte de las empresas estatales, Ballesteros destacó que la parte “positiva” sería que dichos intentos han llevado a juicos de amparo y otros recursos para proteger las inversiones privadas.
“Si quisiéramos ver de alguna forma el lado bueno o positivo de estos cambios agresivos que se fueron dando en la pandemia, yo creo que sería la judicialización que se hizo”, afirmó.
Al respecto, expuso que tanto los privados como algunas organizaciones de la sociedad civil presentaron amparos. “Creo que esto es importante porque va a dar mayor certeza cuando el Poder Judicial y la Suprema Corte se pronuncien sobre la relevancia de la competencia en el sector eléctrico y también los beneficios que debe haber al medio ambiente, afectaciones al derecho a la salud”, consideró.
En el mismo sentido, Casiopea Ramírez Melgar, socia de Fresh Energy Consulting, cuestionó si las actuales políticas energéticas de México están encaminadas no solo a la parte sustentable, sino también hacia la atracción y retención de capitales que ofrecen empleos, bienes y servicios.
“¿Están siendo diseñadas en ese sentido, están incorporando esas necesidades de los consumidores, de los diferentes capitales, para que México pueda seguir atrayendo ese capital, reteniendo esos trabajos, esa oferta de trabajo, esa oferta de bienes y servicios?”, preguntó en el panel. “Me parece que, en este momento, no”, respondió.
En su turno, María Elena Sierra, directora de Industria de la empresa francesa Engie México, anotó que el concepto de seguridad energética no solo debe referirse a una nación, sino que las empresas, las industrias y los comercios también requieren de ella.
“Tenemos que tener, como industria, una certeza de disponibilidad energética. Y esto nos lleva también a un mejor costo posible. Estamos en un mundo global, competitivo, en donde estamos compitiendo por tener un producto de mejor calidad y al mejor precio, y en eso definitivamente la energía es una variable primordial”, manifestó.
Por último, Daniel Gómez Ocaña, director de Gobernanza y Concertación Social de la Agencia de Energía del Estado de Puebla, resaltó la perspectiva social y las oportunidades que ofrece el uso de las energías renovables en la entidad, independientemente de la visión federal.
Refirió algunas de las acciones que la Agencia ha realizado en las comunidades poblanas, especialmente las que se encuentran alejadas de los servicios públicos de energía.
“Muchas veces la falta de competitividad a quien más afecta efectivamente es a la base de la pirámide, las personas que destinan gran parte de su ingreso a cómo satisfacer el tema de la energía”, explicó.
Destacó que se lleva la electrificación a las comunidades aisladas de la red eléctrica mediante sistemas independientes con base en páneles fotovoltaicos, principalmente para uso doméstico y para procesos productivos locales.