Eficiencia energética: política pública y sus dimensiones

La política pública en eficiencia energética y sus múltiples dimensiones

Odón de Buen Rodríguez * / Para Energía a Debate

Últimamente me ha dado por afirmar que la eficiencia energética por sí misma no sirve para nada.

La verdad es que lo hago para provocar a quienes me escuchan y hacer ver que solo cuando se entienden sus impactos y beneficios, se evidencia el valor de la eficiencia energética: más servicios energéticos (iluminación, refrigeración, confort, movilidad), con  menores costos energéticos, lo cual tiene un impacto relevante entre los hogares de menores ingresos y en la competitividad de las empresas; menores impactos ambientales, lo que conlleva un valor desde la perspectiva individual, empresarial y gubernamental (local y federal); mayor confort (térmico y lumínico), con menos energía y con beneficios en salud y productividad; mejor aprovechamiento de la infraestructura energética y/o menores presiones para su crecimiento; y desarrollo de empresas asociadas a productos y servicios que mejoran la eficiencia energética.

Son muchos, pues, los beneficios directos e indirectos de aprovechar el cambio tecnológico, que permite reducciones del consumo de energía de productos y sistemas para un mismo nivel de servicio, y de aplicar las mejores prácticas y hábitos en su uso.

Esto, sin embargo, hace evidente que la política de eficiencia energética no puede ser vista solo como política energética, sino como complemento de alto valor a un amplio espectro de políticas públicas relacionadas con otros sectores. Me explico con varios ejemplos:

La seguridad y la calidad de productos y servicios, además de la competitividad de las empresas mexicanas en el contexto internacional, donde las regulaciones de eficiencia energética (NOM) que aplican a equipos y sistemas (en muy buena medida la política de mayor impacto en eficiencia energética), se ubican y fundamentan en una ley operada por la Secretaría de Economía (la Ley Federal de Metrología y Normalización) y su cumplimiento (evaluación de la conformidad)se lleva a cabo por instituciones reguladas en ese sector.

• En edificaciones, el que se cumplan las normas de eficiencia energética solo es posible cabalmente si estas se integran a los reglamentos de construcción locales, lo cual termina en un ámbito que corresponde, de acuerdo con la Constitución, sólo a los ayuntamientos y donde entran en juego otras variables propias de los edificios, como: seguridad estructural, eléctrica, hidráulica y número de estacionamientos.

• En transporte, las regulaciones para vehículos están orientadas, en primer lugar, a la seguridad e impacto ambiental, y lo son para una industria que tiene enorme impacto en la economía y el empleo. Por lo mismo, el rendimiento de combustible, con toda su importancia, queda sujeto a las definiciones que se toman desde una perspectiva, donde dominan prioridades más urgentes, como el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente.

• También en transporte, una política integral de eficiencia energética pasa por otras políticas públicas con mayor relevancia para los actores políticos: la de calidad de los combustibles, la de infraestructura para la movilidad (que incluye la del transporte público y de bicicletas, por ejemplo, pero que también incluirá, en el futuro cercano, a la red eléctrica), la de impuestos por propiedad de vehículos, la de seguridad vial, la de ordenamiento urbano e, inclusive, la de vivienda (que determina las distancias que, cotidianamente, recorren sus habitantes para trabajar, estudiar o entretenerse), entre otros.

• En servicios municipales, donde las preocupaciones primarias de los ayuntamientos son la seguridad y calidad de vida de los habitantes, y donde la eficiencia energética tiene relevancia solo como un medio para reducir costos operativos muy importantes, como lo son los del alumbrado público y el bombeo de agua potable.

• En industria y servicios, ya que solo algunas empresas son intensivas en energía y donde lo más importante es mantener la continuidad operativa y atender a la demanda de sus productos y/o servicios asegurando su calidad, y el cumplimiento de regulaciones, principalmente ambientales, algunas de ellas con carácter internacional.

• En las propias instalaciones de la Administración Pública Federal, donde las principales preocupaciones giran alrededor del cuidado del presupuesto público, lo cual está en el ámbito de la hacienda pública.

Por lo mismo, en circunstancias donde no hay variaciones aceleradas de precios de la energía, fallas en la infraestructura energética o crisis ambientales (particularmente las locales), la política orientada a la eficiencia opera como elemento de acompañamiento de políticas que no están generalmente relacionadas de manera directa con las particulares del sector energético, ya que no están consideradas en las grandes definiciones e inversiones orientadas a la oferta oportuna, continua, económica y de calidad de los energéticos.

Sin embargo -y de esto hay muchas referencias en los últimos 50 años-, hay momentos en los que la eficiencia energética toma un papel de protagonista, precisamente en los de mayor dificultad y urgencia por alguna crisis, como las que refiero arriba y que están directa y claramente relacionadas con el sector energético (fallas de infraestructura o crisis de calidad de aire en las ciudades, por ejemplo).

Además, las experiencias del pasado en varias partes del mundo traen consigo expectativas prácticamente imposibles de cumplir para organismos que son generalmente pequeños, que operan apoyando procesos de largo plazo y mejora continua, y que, en caso de urgencias, tienen que cubrir los múltiples frentes que se requieren para tener un impacto que solo se logra en plazos largos.

¿Y qué significa todo esto? En particular, que en la práctica las instituciones cuya principal función es apoyar para una mayor eficiencia energética con alcance nacional o regional, tienen que involucrarse y operar en contextos institucionales diversos, no solo de la propia administración pública (energía, economía, medio ambiente) sino también en los ámbitos federal, estatal y municipal; en la iniciativa privada y atendiendo a sectores diversos como la industria, el comercio, los servicios y de la construcción; y en el contexto internacional, donde existe un gran interés sobre los casos de éxito.

Lo anterior implica, por lo mismo, que una institución dedicada a la eficiencia energética requiere de tener capacidad de interlocución en una gran variedad de contextos, muchas veces sin reconocimiento por las dificultades para poder evaluar su impacto en políticas en las que se participa solo al margen.

No obstante, aun cuando sea difícil la evaluación por sector de los impactos de la eficiencia energética, en México los procesos de mejora se hacen evidentes en los indicadores globales de la economía: en nuestro país han sido exitosas las acciones de eficiencia energética(ya sea las inducidas por las políticas y programas públicos o por la iniciativa de los privados y que tiene una historia de más de 30 años), con reducciones muy significativas de las intensidades energéticas en los últimos 20 años en los sectores residencial (42%) e industrial (12%) y con un estimado de ahorros a la economía nacional que superan el billón (un millón de millones) de pesos entre lo que han ahorrado los usuarios de la energía y la hacienda pública por subsidios evitados; todo esto, en un contexto de continuo crecimiento de la población y de la economía.

(*) Odón de Buen es Director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.