Hacer la transición a un futuro de energía sostenible es uno de los desafíos cruciales que la humanidad enfrenta en este nuevo siglo. La implementación de los objetivos sociales o políticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y aumentar la participación de las energías renovables en la producción de energía en el futuro cercano exigen investigación científica sobre un gran número de cuestiones tecnológicas (por ejemplo, redes inteligentes, almacenamiento de energía o eficiencia energética en los edificios), así como cuestiones inherentes a las ciencias sociales, como los cambios de comportamiento en el consumo energético o los factores que influyen en la aceptación social de nuevas tecnologías. Nuevos enfoques son requeridos para analizar las interacciones entre el cambio climático, el desarrollo y la energía (Orecchini, 2011), para generar decisiones robustas en la implementación de proyectos energéticos.
Desde el surgimiento del concepto de sostenibilidad se han puesto en marcha esfuerzos que buscan volverlo un concepto operativo. Para lograr esta tarea, fue necesario diseñar herramientas que permitiesen examinar el desempeño de los sistemas a través de una serie de dimensiones determinadas tanto por quienes llevaban a cabo como por quienes financiaban las evaluaciones. Fue así que surgieron los primeros marcos de evaluación de sostenibilidad.
El objetivo de las evaluaciones inicialmente era establecer una serie de atributos a partir de los cuales guiar la toma de decisiones para un manejo sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, las herramientas disponibles han tendido a centrarse en soluciones preestablecidas y diseñadas únicamente por expertas o expertos –académicos o tomadoras y tomadores de decisiones–, con enfoques predominantemente analíticos y que se centran en la innovación tecnológica (Martins et al., 2018), siguiendo esquemas tecnocráticos y neoliberales (Mielke et al., 2016). Esto privilegia la visión científica de las y los tomadores de decisiones que suelen utilizar evaluaciones de tipo cuantitativo, demasiado genéricos, amplios para análisis locales y frecuentemente ponderados hacia las dimensiones ambientales y económicas de la sostenibilidad, con menor enfoque en factores sociales, culturales e institucionales (Vaidya y Mayer, 2016).
Dentro de estas evaluaciones, las energías renovables son calificadas generalmente como la panacea de las crisis socioambientales. Las y los desarrolladores de estos proyectos tienden a considerar a quienes se oponen a su construcción como retrógradas o, cuando menos, personas que ignoran los riesgos ambientales. No obstante, un gran número de esas personas inconformes con los proyectos de energía renovable tienen fundadas sus razones en afectaciones severas directamente derivadas de esta clase de proyectos. En México, algunos conflictos recientes que ejemplifican de forma un poco más clara lo anterior son el desplazamiento de comunidades para la instalación de plantas hidroeléctricas en Chicoasén, Chiapas, y el agravamiento de la desigualdad económica tras la construcción de parques eólicos en La Ventosa, Oaxaca.
“Reconcebir la política energética en términos más sociales es la única forma en que el mundo puede esperar una disminución de conflictos derivados de transiciones y transformaciones energéticas”.
Al ser en última instancia dependiente de los sistemas de valores que posee cada comunidad, la sostenibilidad abarca una multiplicidad de visiones. La pluralidad de perspectivas, intereses y valores que componen al concepto de sostenibilidad imponen un reto importante, dificultando llegar a acuerdos sobre la forma y los métodos de evaluación, lo cual compromete el desarrollo de los proyectos y, sobre todo, la anhelada sostenibilidad.
En el contexto de las transiciones energéticas de gran escala, los enfoques actuales de la política energética han estado muy restringidos alrededor de problemas de electrones, gasolina, carbón, la tecnología y su costo asociado (Miller et al., 2015).
Reconociendo la necesidad de enfoques más cercanos a la realidad, los sistemas energéticos se han conceptualizado como sistemas sociotécnicos que podrían entonces evaluarse cualitativamente (Martins et al., 2018). Reconcebir la política energética en términos más sociales es la única forma en que el mundo puede esperar una disminución de conflictos derivados de transiciones y transformaciones energéticas (Miller et al., 2015).
Para lograr entender estas condiciones y aplicarlas a un proceso integral de evaluación, la participación puede fungir como un medio para lograr integrar la ciencia con otras formas de conocimiento y definir nuevas ontologías que se apartan de la investigación tradicional (Miller y Wyborn, 2018), lo cual puede enmarcarse dentro de un proceso de co-producción. En un mundo puesto en riesgo por las consecuencias involuntarias del progreso científico, procesos participativos que involucren a las y los usuarios del conocimientos son requeridos críticamente (Kates et al., 2001).
De acuerdo a Tàbara (2013), un proceso de construcción de conocimiento debe ser co-decidido, co-producido y co-validado en asociación por las y los diferentes poseedores del conocimiento en diferentes contextos socioecológicos para permitir el aprendizaje social que puede cumplir con el desafío apremiante de la sostenibilidad (Cornell, 2013). La co-producción permite evaluar críticamente la organización y uso del conocimiento sobre la sostenibilidad en relaciones globales y guiar el diseño y la implementación de la investigación y las acciones sobre sostenibilidad (Beck et al., 2017). Además, los procesos de co-producción pueden revelar y ayudar a legitimar las posibilidades no-anticipadas o incluso impensables antes de que comenzaran (Filipe et al., 2017).
Para la articulación de proyectos a nivel nacional, debe existir un interés genuino de los distintos grupos y pueblos que forman parte de México y hacen parte del espacio en el que se planean. Se debe abrir la oportunidad de participar en su elaboración y ejecución en pie de igualdad, de modo que se mantenga su identidad cultural y puedan desarrollarse económica y socialmente (Olivé, 2014). Para lograr lo anterior, es necesario innovar en los métodos de gestión del conocimiento de forma tal que se replantee la innovación fuera de la tendencia dominante a entenderla en un sentido economicista y empresarial, encasillada en la idea de innovación tecnológica, de acuerdo con el cual el beneficio que se deriva de las innovaciones tecnológicas se reduce a uno económico para determinados grupos que invierten en su desarrollo.
Con base en lo anterior, debe plantearse la necesidad de identificar de forma participativa los indicadores de sostenibilidad para los sistemas energéticos. Una herramienta de evaluación de sostenibilidad local guiada por las partes interesadas, desde la etapa de planeación, puede jugar un rol importante en cuanto a informar a las y los responsables políticos acerca de las áreas clave que pueden requerir de intervenciones para el desarrollo sostenible (Vaidya y Mayer, 2016). La co-producción de los indicadores de sostenibilidad energética puede disminuir los riesgos asociados al poco involucramiento de las partes interesadas y lograr poner en marcha sistemas sostenibles de energía renovable.
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Referencias:
Beck, S., Forsyth, T., Kohler, P., Lahsen, M., Mahoney, M. (2017). The making of global environmental science and politics. Handbook of Science & Technology Studies.
Cornell, S. et al. (2013), Opening up knowledge systems for better responses to global environmental change. Environmental Science and Policy, 28, 60-70.
Filipe, A., Renedo, A. and Marston, C. (2017) The Co-Production of What? Knowledge, Values, and Social Relations in Health Care. PLOS Biology, 15.
J.D. Tàbara. (2013). A new vision of open knowledge systems for sustainability. Opportunities for social scientists, en World Social Science Report 2013, International Social Science Council UNESCO, Paris, 112–118.
Kates, Robert & Clark, William &Corell, Robert & Hall, J. & Jaeger, Carlo & Lowe, Ian &Mccarthy, James &Schellnhuber, Hans & Bolin, Bert & Dickson, Nancy & Faucheux, Sylvie &Gallopín, Gilberto &Grübler, Arnulf & Huntley, Brian &Jäger, Jill &Jodha, Narpat&Kasperson, Roger &Mabogunje, Akin & Matson, P.A. &Svedin, Uno. (2001). Environment and development. Sustainability science. Science (New York, N.Y.). 292. 641-2.
Martins, R., Cherni, J. A., &Videira, N. (2018). 2MBio, a novel tool to encourage creative participatory conceptual design of bioenergy systems – The case of wood fuel energy systems in south Mozambique. Journal of Cleaner Production. 172, 3890-3906.
Mielke, J., Vermaßen, H., Ellenbeck, S., Fernandez Milan, B., Jaeger, C., 2016. Stakeholder involvement in sustainability science—a critical view. Energy Research & Social Science. 17, 71–81.
Miller, C., Richter, J., & O’Leary, J. (2015). Socio-energy systems design: A policy framework for energy transitions. Energy Research and Social Science. 6, 29-40.
Miller, Clark &Wyborn, Carina. (2018). Co-production in global sustainability: Histories and theories. Environmental Science & Policy. 113, 88-95
Olivé, L. (2014). Sociedades plurales de conocimientos y conocimientos tradicionales. Hacia un modelo intercultural de sociedad del conocimiento en México. Lazos, L. y Olivé, L. (coords.) (2014). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
Orecchini, F. (2011). Energy sustainability pillars. Fuel and Energy Abstracts. 36, 7748-7749.
Vaidya, Ashma& Mayer, Audrey. (2016). Use of a participatory approach to develop a regional assessment tool for bioenergy production. Biomass and Bioenergy. 94, 1-11.
* Iván Cruz-Méndez es subdirector de Información y Atención Social en la Dirección de Gobernanza y Concertación Social de la Agencia de Energía del Estado de Puebla. Es ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con estudios de posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad dentro del campo de Sistemas Energéticos. Anteriormente fungió como especialista en Energía en el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente A.C. y como director de Proyectos Sustentables del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos A.C. México Centro.
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