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1.- Introducción
La palabra huachicol tiene dos posibles orígenes principales: la primera teoría la relaciona con el maya, de donde proviene “huache” (forastero o ladrón), que al añadírsele el sufijo “col” para indicar ilegalidad, dio lugar al término para describir productos ilegales o de mala calidad, empezando por bebidas adulteradas y luego evolucionando al robo de combustible.
La segunda teoría la vincula al latín “aquati” (aguado), que llegó al francés como “gouache” (pintura aguada) y al español como “guach” (algo rebajado o diluido), usándose primero para bebidas adulteradas y finalmente para el combustible robado y contaminado.
A principios del siglo XX, “huachicol” se usaba para nombrar las bebidas alcohólicas adulteradas, como el tequila o el aguardiente rebajado con alcohol de caña o agua.
Quienes realizaban esta práctica recibían el sobrenombre de “guachicoleros”.
La práctica de adulterar o robar combustibles imitó la del alcohol, pues también se rebajaba la gasolina con otros líquidos para venderla más barata, pero con ganancias mayores.
Fue entonces que el término “huachicol” empezó a aplicarse para referirse a la gasolina extraída ilegalmente de los ductos de Petróleos Mexicanos.
El uso de “huachicol” para el combustible robado se popularizó a principios de este siglo a medida que el robo de combustible se convirtió en un problema cada vez más grave en México. Empezaron a crecer exponencialmente la perforación de ductos y el número de tomas clandestinas, además de multiplicarse los bidones escondidos en camionetas y las ventas de combustible robado a pie de carretera.
La expresión “huachicol fiscal” aparece en el sexenio pasado en el discurso popular y periodístico como un término coloquial para referirse al combustible importado ilegalmente, ya sea alterando la documentación para poder internarlo al país como un producto diferente (aceites lubricantes, aditivos u otros similares), evitando así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, o simplemente cruzando las fronteras en pipas y carros tanque, supuestamente vacíos, evitando así además el pago del IVA.
La adición del término “fiscal” se utiliza para subrayar que, además de ser una actividad ilícita, también implica un desfalco fiscal significativo para el Estado.
A estos dos conceptos de huachicol hay que añadir además el robo de petróleo crudo, que se ha incrementado de manera importante en los últimos años, el cual es exportado ilegalmente del país para ser maquilado en las refinerías del sur de los EE. UU. y obtener así los combustibles que son reimportados a México, también de manera ilegal…
2.- Implicaciones para Pemex, para el Gobierno Federal y para la Sociedad
Para Pemex, el huachicol (en este artículo lo denominaremos huachicol tradicional cuando sea necesario distinguirlo del huachicol fiscal), genera pérdidas millonarias por el robo directo de combustible, lo que afecta su producción y operación, además de provocar desabasto y desconfianza en los mercados. Por su parte, el huachicol fiscal, como veremos más adelante, ha representado para Pemex una importante pérdida de mercado.
Implicaciones para PEMEX:
- Pérdidas económicas: PEMEX sufre el robo directo de su combustible, lo que genera un costo extra y reduce sus ingresos.
- Desabasto de combustible: El robo de tomas clandestinas puede causar desabasto en ciertas regiones del país, afectando el suministro.
- Daño a infraestructura: Las tomas clandestinas pueden causar explosiones y fugas, dañando los ductos y otras instalaciones de PEMEX.
Para el Gobierno Federal, tanto el huachicol tradicional como el huachicol fiscal no solo significan la evasión de impuestos al combustible robado o internado al país de manera ilegal y un aumento en los costos para combatir este enorme y complejo entramado entre autoridades, empresarios y crimen organizado que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, que incluye no solo contrabando y lavado de dinero, sino también representan un foco de corrupción que permea cada vez más profundamente a todos los niveles de gobierno y a cada vez mayor número de dependencias, y que daña profundamente la credibilidad de las instituciones.
Implicaciones para el Gobierno Federal:
- Reducción de ingresos: La evasión fiscal del combustible robado impide que los impuestos asociados a su venta lleguen al fisco. La reducción de ingresos por concepto del pago del IVA y del IEPS para combustibles, como veremos más adelante, es de tal magnitud que afecta de manera importante los recursos que el Gobierno Federal puede destinar a la prestación de servicios básicos, al desarrollo de infraestructura y a los programas de apoyo social.
- Costos de combate a la criminalidad: El gobierno destina recursos para combatir esta industria ilegal, incluyendo la vigilancia de ductos y la persecución de delitos asociados.
- Corrupción: El huachicol está ligado a la corrupción, lo que desvía recursos públicos y erosiona la confianza en las instituciones.
- Lavado de dinero: El dinero obtenido del huachicol suele ser lavado a través de otros negocios, lo que representa una amenaza adicional para la economía.
- Desconfianza de inversores: La incertidumbre generada por el robo de combustibles y su impacto en la empresa puede alejar a inversores internacionales.
- Impacto en la credibilidad: Este tipo de fraude debilita la credibilidad del gobierno y de las instituciones y dependencias que se han visto involucradas.
Para la sociedad mexicana, el huachicol, en sus modalidades tradicional y fiscal, tiene graves implicaciones, que van desde daños económicos y ambientales hasta el fortalecimiento del crimen organizado.
Implicaciones para la sociedad del huachicol tradicional:
- Pérdidas económicas: Genera pérdidas de miles de millones de pesos al año para Pemex y para el Gobierno Federal, lo que afecta las finanzas públicas que podrían destinarse a servicios como salud, educación o infraestructura.
- Violencia y delincuencia organizada: El control del robo de combustible ha derivado en enfrentamientos entre grupos criminales, generando violencia e inseguridad en las comunidades donde operan. Las redes de huachicol, en cada vez mayor medida, están ligadas al crimen organizado.
- Riesgos y tragedias: Las perforaciones clandestinas de ductos conllevan un alto riesgo de accidentes, como explosiones o fugas, que pueden costar vidas y causar daños irreparables al medio ambiente. La terrible tragedia de Tlahuelilpan es un ejemplo de las consecuencias fatales de esta actividad.
- Daño ambiental: Los derrames de combustible derivados de las tomas clandestinas contaminan el suelo, el agua y el aire, afectando los ecosistemas y la salud de las comunidades cercanas.
- Corrupción: El huachicol no podría operar sin la complicidad de funcionarios y trabajadores de Pemex que facilitan la extracción y el tráfico de los hidrocarburos, ni la connivencia de autoridades de aduanas, puertos y Guardia Nacional.
Implicaciones para la sociedad del huachicol fiscal:
- Impacto en la recaudación: La evasión del IEPS afecta directamente la recaudación de impuestos, reduciendo los recursos disponibles para el Estado.
- Daño a la infraestructura de transporte: Como el huachicol fiscal no está obligado a cumplir con las normas oficiales de calidad, con frecuencia es adulterado con otros productos para incrementar las utilidades, afectando el desempeño de los vehículos o dañándolos, a veces de manera irreparable.
- Competencia desleal: Los contrabandistas que no pagan impuestos pueden vender el combustible a precios más bajos, generando una competencia desleal para las empresas que operan en la legalidad y que sí cubren sus obligaciones fiscales.
- Sofisticación criminal: A diferencia del huachicol tradicional, este delito opera a gran escala mediante el uso de redes complejas, lo que dificulta su detección y combate.
- Impunidad y corrupción: El huachicol fiscal se beneficia de la debilidad institucional, la corrupción en aduanas y la manipulación de sistemas fiscales para operar sin ser sancionado. En algunos casos, se han implicado a empresas transnacionales y funcionarios de alto nivel.
- Opacidad: La falta de datos claros sobre el combustible que entra al país de forma ilegal genera opacidad y debilita la capacidad del Estado para regular el mercado energético.
3.- Robo de petróleo crudo
A partir de los siguientes datos reportados en el Sistema de Información Energética publicado por la Secretaría de Energía:
- Producción por Pemex de petróleo crudo y de condensados
- Producción por terceros de petróleo crudo y de condensados (a partir de 2016)
- Volumen de crudo y condensados enviado a proceso al Sistema Nacional de Refinación (SNR)
- Exportaciones de petróleo crudo reportadas por Pemex.
Es posible obtener una estimación de lo que sería la suma de:
- Variación de inventarios, y
- Robo de combustible o huachicol
Este análisis solo se puede llevar a cabo a partir de 2015, porque antes de ese año los reportes de los volúmenes de producción de Pemex incluían el volumen de agua congénita extraída del pozo, junto con el crudo.
Del análisis de la información disponible es posible identificar que el robo de petróleo crudo empezó a crecer de manera importante a partir de 2021, para alcanzar en 2023 y 2024 niveles de 110 Mbd, cifra que equivale al 6% de toda la producción nacional.

El robo de petróleo crudo y condensados durante el sexenio anterior representó una pérdida para Pemex que se puede estimar en 9,650 millones de dólares, utilizando para este cálculo el precio promedio de la mezcla de exportación reportado por Pemex.

El daño patrimonial lo recibe únicamente Pemex, ya que la Secretaría de Hacienda no deja de recibir de Pemex el pago de los derechos de producción del petróleo robado.
4.- Robo de combustibles (huachicol o huachicol tradicional)
El robo de estos combustibles se realiza fundamentalmente a través de tomas clandestinas ubicadas en los poliductos que conducen los productos de las refinerías o de las terminales ubicadas en los puertos de importación a las terminales de almacenamiento ubicadas en los centros de distribución.
El número de tomas clandestinas en ductos se disparó en el sexenio de Peña Nieto. Se redujo un poco en los dos primeros años del sexenio de López Obrador, pero se volvieron a incrementar a partir del tercer año.

Fuente: IGAVIM Observatorio ciudadano, con datos de Pemex
El robo de Gas LP a través de tomas clandestinas en los ductos de Pemex inicia en el sexenio de Peña Nieto, si bien, como veremos más adelante, en los primeros años del sexenio de Calderón también se dio el robo de gas LP, probablemente a través de la extracción ilegal del producto directamente de las refinerías.

Fuente: IGAVIM Observatorio ciudadano, con datos de Pemex
Es posible obtener una estimación de la suma del volumen sustraído de estos combustibles y la variación de inventarios a partir de los siguientes datos publicados en el Sistema de Información Energética (SIE):
- Elaboración de productos petrolíferos en el Sistema Nacional de Refinación;
- Importaciones y exportaciones de estos productos realizadas por Pemex;
- Ventas nacionales de Pemex de estos mismos productos.
A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los cuatro principales combustibles.

El volumen de gas LP sustraído ilegalmente de las instalaciones y de los ductos de Pemex se ha incrementado sexenio a sexenio, para alcanzar en el sexenio de López Obrador un promedio de 9.0 Mbd, que representan el 9.3% del total de gas LP producido por Pemex, si bien el pico máximo se presentó en 2018, con 18.1 Mbd de gas LP extraído, que representó el 15.1% del gas LP producido en ese año.
El volumen de gasolina sustraída de los poliductos alcanzó un pico en el último año del sexenio de Peña Nieto de 40.9 Mbd, 20% de la producción de Pemex. En los tres primeros años del sexenio de López Obrador se redujo hasta prácticamente desaparecer, pero se volvió a incrementar en los tres siguientes años (21.6 Mbd en 2022, 8% de la producción).

El robo de turbosina ha sido significativamente menor y ha venido disminuyendo.

En cambio, el robo de diésel ha sido sistemáticamente alto a lo largo de los tres últimos sexenios, alcanzando un promedio de 27 Mbd en el sexenio de Peña Nieto. En términos de porcentaje de diésel robado con relación al diésel producido, las cifras se han incrementado sexenio a sexenio: 9.2% en el sexenio de Calderón, 12% en el sexenio de Peña Nieto y 13% en el sexenio de López Obrador, con un pico de 22.3% en 2018.

El costo acumulado que ha tenido el robo de combustibles para Pemex en los tres sexenios analizados ha sido de 24,200 millones de dólares (una cifra muy similar al adeudo actual que tiene Pemex con sus proveedore), repartidos de la siguiente manera, 6,340 millones en el sexenio de Calderón, 10,230 millones en el sexenio de Peña Nieto y 7,660 millones en el sexenio de López Obrador.

Para determinar estos montos se usaron los datos de ventas de Pemex (volumen y valor) reportados en el SIE, así como la paridad cambiaria para cada año reportada por Banxico.
Además de las pérdidas que implica para Pemex, el robo de combustibles ha tenido un enorme impacto sobre las finanzas públicas, tanto por la pérdida del IVA como por la pérdida del IEPS para gasolina y diésel.
El robo de combustibles o huachicol tradicional implicó una pérdida total de ingresos de 7,800 millones de dólares, 3,600 millones de dólares durante el sexenio de Peña Nieto y 4,200 millones de dólares durante el sexenio de López Obrador.

Para calcular la pérdida de ingresos por el IVA se utilizaron los costos promedio de venta al público de gasolina y diésel publicados por la CRE, las listas de precios máximos de gas LP para la Cd. de México publicada por el Gobierno Federal y los precios de promedio de venta de turbosina de Pemex obtenidos del Sistema de Información Energética.
Para calcular la pérdida de ingresos por el IEPS para gasolina y diésel se tomó como referencia el informe anual de recaudación del IEPS que aparece en los informes periódicos al Congreso de la Unión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se dividió entre la estimación de las ventas totales de gasolina y diésel para cada uno de los años, calculada como la suma de las ventas de diésel y gasolina de Pemex reportada en el SIE y la como las importaciones a terceros de gasolina y diésel por terceros, reportada también en el SIE, para determinar así un valor promedio de recaudación evitada por barril de huachicol fiscal.
5.- Contrabando de combustibles (huachicol fiscal)
5.1.- Huachicol fiscal de diésel
Dado que él diésel que importa México proviene fundamentalmente de los EE. UU., es posible obtener una buena estimación del volumen del huachicol fiscal de este producto comparando los volúmenes de exportación a México publicados por la Agencia de Información Energética del Departamento de Energía de los EE. UU. (EIA) con los datos de importación de diésel a México reportados en el Sistema de Información Energético de la Secretaría de Energía (SIE).
Cuando las cifras de exportación de diésel de los EE. UU. a México reportadas por la EIA son superiores a las cifras oficiales de importaciones legales de diésel a México reportadas por la SENER en el SIE, se tiene una clara evidencia que existe contrabando.
El volumen del contrabando es igual a la diferencia entre las dos cifras antes mencionadas si la gran mayoría del diésel importado proviene de los EE. UU. e incluso es mayor si una parte significativa del diésel importado legalmente al país proviene de otros países.

Hasta 2018, las cifras de exportación de diésel a México, reportadas por la EIA-DOE, son muy similares a las cifras de importación reportadas por el SIE.
A partir de 2019 se empiezan a diferenciar claramente ambas cifras, delatando el inicio del huachicol fiscal. La fecha coincide con la fecha de entrada en vigor de la reforma energética del gobierno de Peña Nieto que permite la importación de combustibles por terceros.
El volumen del huachicol fiscal de diésel durante el sexenio anterior se estima en 43.7 Mbd (10% del consumo aparente). En 2021 (año de elecciones) se registró el valor máximo de contrabando de diésel, 88.0 Mbd, volumen que representa el 30% del consumo aparente

Para este análisis se considera como consumo aparente a la suma de las ventas de Pemex, de las importaciones legales realizadas por terceros, ambas reportadas en el SIE, del volumen estimado de huachicol tradicional y del volumen estimado de huachicol fiscal.
La caída brusca del contrabando de diésel en 2022 y 2023 se debe a que, en esos años de alta inflación el gobierno, buscando contribuir a frenarla, redujo de manera importante el IEPS a los combustibles e, incluso, llegó a tener durante varios meses IEPS negativo, cancelando así el principal incentivo económico para la importación ilegal.
El impacto fiscal del contrabando de diésel en estos seis años se puede estimar en 6,700 MM USD, de los cuales, 2,560 MMUSD corresponden a la evasión del IVA y 4,170 MMUSD al pago evitado del IEPS.

En las dos siguientes gráficas se presenta la evolución histórica que ha tenido el consumo aparente de diésel a lo largo de los tres sexenios analizados, la primera en la que se incluyen solo las ventas legales donde se hace evidente la enorme distorsión y el grave daño que ha causado en este mercado tanto el robo como la importación ilegal de este combustible.

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El impacto del huachicol sobre las ventas de Pemex ha sido aún mayor que el generado por la competencia legal que se desarrolló a partir de la reforma energética del gobierno de Peña Nieto.
5.2.- Huachicol fiscal de gasolina
Para el caso de la gasolina se requiere de una información desglosada de las importaciones por país de origen, ya que un porcentaje importante se importa de otros países, si bien este porcentaje se ha ido reduciendo gradualmente, como se puede apreciar en la gráfica siguiente, en la que se comparan las importaciones de gasolina reportadas por la SENER con las exportaciones de gasolina de los EE. UU. a México reportadas por la EIA.

En esta gráfica se puede apreciar que, desde 2012 hasta 2018, crecieron tanto las importaciones totales como las importaciones provenientes de los EE. UU. y se contrajeron las importaciones de otros países. También, que a partir de 2019 caen las importaciones totales, mas no las exportaciones de los EE.UU. a México, a pesar de la creciente participación de terceros en el suministro de gasolina al país y el fuerte incremento en sus importaciones, como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

En esa misma gráfica se puede apreciar que las ventas reportadas alcanzan un pico en 2016 y empiezan a caer, coincidiendo con el rápido crecimiento del robo de gasolina registrado en los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto. La caída se mantiene en los años posteriores, a pesar del incremento en el parque vehicular y la reducción del robo de gasolina en el sexenio de López Obrador. Esta brusca caída, tanto en las ventas de gasolina como en las importaciones reportadas por SENER a partir de 2020, son una indicación del inicio de las importaciones ilegales de este combustible, más allá del impacto que en 2020 haya tenido en la demanda la epidemia del COVID.
Para obtener un estimado, que consideramos conservador, del volumen de huachicol fiscal de gasolina, asumiremos que el porcentaje de gasolina proveniente de los EE. UU. (incluyendo el huachicol fiscal), se seguirá incrementando 1% por año, a partir del valor registrado en 2018-2019, y que todo el huachicol fiscal proviene de los EE. UU. El resultado obtenido es el que se muestra en las dos láminas siguientes. Los volúmenes reales de huachicol fiscal seguramente son mayores que los estimados.

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Con estos resultados, podemos otener un estimado del consumo real de gasolina en el país, incluyendo el huachicol tradicional y el huachicol fiscal.

La distorsión del mercado no es tan significativa como en el caso del diésel, sin embargo, sí ha sido importante, ya que en los últimos años la suma de huachicol tradicional y fiscal ha desplazado entre el 4% y el 10% de las ventas que debieron ser atendidas por el suministro legal. El pico de 10% alcanzado en 2021 duplica el máximo alcanzado en 2018, último año del sexenio de Peña Nieto.
El impacto fiscal del contrabando de gasolina en estos seis años se puede estimar en 4,000 MM USD, de los cuales, 1,570 MMUSD corresponden a la evasión del IVA y 2,460 MMUSD al pago evitado del IEPS.

6.- Costo total para Pemex por el robo y la importación ilegal de combustibles
El costo para Pemex por el robo de petróleo crudo y por el robo de combustibles se estima en 11,960 millones en el sexenio de Peña Nieto y de 17,300 millones de dólares.

7.- Costo total para la SHCP por el robo y la importación ilegal de combustibles
El costo total para la SHCP por el robo y la importación ilegal de combustibles se estima en 3,600 millones de dólares en el sexenio de Peña Nieto y de 14,950 millones de dólares en el sexenio de López Obrador.
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