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El último viernes del año, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la expropiación de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada al interior del terreno que alberga a la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
La Secretaría de Energía (SENER) publicó este viernes el Decreto firmado por el presidente, donde se especifica la expropiación de la planta.
Sin embargo, especialistas del sector energético señalan que este movimiento del presidente no resultará beneficioso para Pemex.
La planta está cedida bajo un modelo de contrato RBOM, es decir, la empresa Air Liquid estaba encargada de reparar, dar mantenimiento y operar la fábrica, a cambio de vender una cuota del hidrógeno generado a Pemex.
Sin embargo, un especialista que pidió el anonimato, señaló que la empresa que dirige Octavio Romero, ya estaba en negociaciones para terminar el acuerdo de forma anticipada, un documento vinculante al que le quedaba al menos una década de vigencia.
Al no alcanzar un acuerdo, el gobierno federal optó por la expropiación, un proceso en el que deberá indemnizar a Air Liquid con base en lo establecido en la Ley de Indemnizaciones
En el proceso de refinación, el hidrógeno se utiliza para aligerar el crudo y obtener mejores rendimientos en la obtención de gasolinas, pero el especialista advierte que para obtener buenos resultados de esta actividad, se requieren niveles más altos de capacidad de utilización en la refinería.
Además, advirtió que ahora Pemex deberá operar y dar mantenimiento a la planta, lo que implica mayores costos en comparación con los implementados por la encargada actual, además que implica la inversión de recursos de la empresa.
Finalmente, destacó que la expropiación de bienes no es un proceso común a nivel internacional, lo que abona a la incertidumbre sobre el entorno de inversión mexicano.
En este mismo sentido, Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, señaló que la decisión se debe a que actualmente se paga una cuota fija al suministrador de hidrógeno, lo que encarece los costos dado el bajo nivel de procesamiento de crudo.
“La decisión de expropiar la planta envía una señal muy negativa sobre México. Esta expropiación podría inhibir nuevas inversiones, incluyendo las de otros sectores económicos distintos al energético”, advirtió.
En suspenso…
Un abogado del sector energético que pidió reservar su nombre, dijo a Energía a Debate que si bien la Secretaría de Energía (SENER) publicó este viernes el Decreto firmado por el presidente, en realidad se realizó la declaración de utilidad pública que es un paso previo a la expropiación.
Por ello, esta declaración puede o no, terminar en una expropiación, señaló el litigante.
El decreto
En el documento se establece la “ocupación temporal inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial” para el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la planta; así como los demás bienes, derechos e instalaciones necesarios para la prestación del servicio o la adecuada operación de la planta ya señalada, para la refinería de Tula.
Con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, Pemex Transformación Industrial, debe cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
El documento añade que Pemex Transformación Industrial queda a cargo de la inscripción del presente decreto en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro de la Propiedad estatal que corresponda.
