Al menos 20 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) que deseche los proyectos destinados a la evaluación del impacto y ejecución del Gasoducto extensión sureste “Etapa I” y Gasoducto Extensión Sureste “Etapa II”, mismos que alimentarán a la Refinería Olmeca y al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En un comunicado liderado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) las organizaciones civiles advierten que los dos proyectos fueron sometidos de forma separada al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), pero es necesario que se presente una sola manifestación de impacto ambiental, de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo; y garantizar una consulta pública.
Además, las organizaciones advierten que el proyecto atraviesa el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), por lo que existe un grave riesgo de daño socioambiental contra este valioso ecosistema, que se extiende a lo largo de la costa veracruzana.
En un comunicado, el Cemda precisó que el 16 de junio, en la Gaceta Ecológica de la ASEA se publicó el proyecto de extensión “Etapa 1” por parte de la empresa Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, al siguiente mes, la misma empresa presentó la Etapa II.
El proyecto de infraestructura es uno solo que se realizará en dos etapas, en los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Coatzacoalcos, en Veracruz, y en el municipio de Paraíso, Tabasco.
El objetivo del proyecto es llevar gas natural a la refinería de Dos Bocas y al Corredor Industrial del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Sin embargo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Amparo en Revisión: 54/2021, la ASEA está obligada a suspender los trámites, toda vez que la fragmentación de un proyecto en dos evaluaciones de impacto ambiental no está permitida y es violatoria del derecho humano a un medio ambiente sano. Esto es así debido a que, al fragmentar un proyecto, se impide a la autoridad llevar a cabo un análisis integral del riesgo y evaluar los impactos negativos sinérgicos y acumulativos en los ecosistemas, obligándola a tomar una decisión sin conocer el riesgo real que implica este megaproyecto.
De acuerdo con el estándar fijado por la Corte, la práctica de fragmentar los proyectos debería ser erradicada, pues adicional a los impactos socioambientales, también se genera incertidumbre jurídica para las empresas.
Amenaza natural
Las MIA presentadas detallan que el Sistema Integral Gasoducto Extensión Sureste consistirá en un gasoducto terrestre de 36 pulgadas de Diámetro Nominal que se extenderá desde la interconexión del sistema Tuxpan-Tula en la Estación de Medición y Regulación (ERyM) Montegrande, hasta la Estación de Compresión (EC) Veracruz Norte de una total de aprox. 20.1 kilómetros de longitud que será construida en el municipio Tuxpan (Punto Recepción).
Después, la ruta continuará en alta mar por medio de un ducto de las mismas dimensiones y entrará nuevamente a la zona terrestre hasta llegar a la EC en Coatzacoalcos. Desde la EC de Coatzacoalcos, la ruta regresará a la zona marina hasta entrar nuevamente a la zona terrestre y llegar finalmente a la ERyM Dos Bocas (Punto de Entrega), donde el gas natural será distribuido a las instalaciones de CFE. El ducto transportará mil 390 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.
Esta ruta atraviesa el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), que tiene una extensión aproximada de 600 kilómetros, desde la laguna de Tamiahua hasta el río Tonalá, siendo muy probable que se extienda hacia Tamaulipas, en el norte, y Tabasco, en el sureste, donde los arrecifes están interconectados.
El corredor no ha sido estudiado suficientemente y continuamente se descubren nuevos arrecifes de muy alto valor ambiental. El CASGM es de suma importancia biocultural por los beneficios que aporta a las comunidades y personas que habitan en las costas.
De ahí que se insista en la necesidad de que el proyecto sea evaluado con la mejor información científica disponible. De acuerdo con lo que señala la ley, ante la falta de certeza sobre los riesgos ambientales que se pueden ocasionar sobre el CASGM, corresponde aplicar el Principio de Precaución.
Las organizaciones civiles acusan que la ASEA no ha garantizado los derechos humanos a la información y a la participación, pues las versiones públicas de las MIA están incompletas y se ha censurado información central como los mapas de la ubicación precisa del proyecto.
Por ello, la ASEA debe desechar los dos proyectos y ordenar que se someta solo uno, de forma integrada, al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, garantizando al mismo tiempo una consulta pública apegada a los estándares de dicho acuerdo. Finalmente, es de suma importancia que la dependencia acuda a las universidades y centros académicos necesarios para allegarse de la mejor información científica disponible sobre el Corredor Arrecifal, de manera que pueda evaluar el proyecto con mayor precisión y tomar una decisión informada y responsable.