¿Hacia dónde vamos con la justicia energética?

Si bien existe una urgencia para una transición energética, como sociedad nos hemos olvidado de que dicha transición debe de ser una transición justa y que no podemos dejar a un lado en el proceso a las comunidades más marginadas que son las que se han visto más afectadas en la búsqueda de la descarbonización.

Constantemente vemos cómo gente se ve obligada a migrar de sus comunidades por diversas razones, algunas de ellas por no tener acceso a energía y otras debido a los proyectos de infraestructura energéticos que violentan sus derechos. Un estudio del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos de agosto del 2021, denominado “(In)justicia energética en América Latina”, señaló que América Latina es la región con el mayor número de abusos en el desarrollo de energías renovables: con 61% de las denuncias de abusos globales, contando México con el 27% de los casos. Este reporte muestra que el sector hidroeléctrico es el responsable del 79% de las denuncias de abusos contra los derechos humanos.

En atención a lo anterior, la justicia energética toma en cuenta la justicia distributiva, en la cual se reconocen cuáles son los beneficios y daños que provoca la producción, transmisión y consumo de energía; la justicia procesal que atiende a quienes son los afectados y la justicia restaurativa que busca cómo remediar los impactos dañinos. De este modo, la justicia energética busca enfocarse en que haya beneficios económicos para las comunidades más marginadas, de manera que los costos y beneficios de la generación de energía y el consumo se distribuyan equitativamente, haya una mejora de eficiencia energética y se disminuya el uso de energías contaminantes, así como que se considere la toma de decisiones de las personas más afectadas y el involucramiento de estas en los proyectos de infraestructura.

En este sentido, existe una gran urgencia de que los legisladores generen políticas públicas y que estas sean implementadas tanto por gobierno, como por las propias empresas, en las que se dé prioridad a los principios de justicia aplicados a la política energética, producción y sistemas energéticos, consumo energético, seguridad energética y cambio climático.

“Las políticas públicas deben de repensarse tomando en consideración la justicia energética”.

Las políticas públicas deben de repensarse tomando en consideración la justicia energética, de modo que se pueda garantizar el acceso seguro, asequible y sostenible a energía, así como que esta no sea contaminante, considerando toda la cadena de suministro energético. Esto se traduce, no solamente en el justo suministro de energía, incluyendo a las comunidades más marginadas, sino también en el impacto ambiental y social desde la producción, transmisión, distribución y consumo de energía que afecta principalmente a las comunidades alejadas y excluidas en sus derechos a un medio ambiente sano, derecho al agua, derecho a la vivienda, derechos sobre sus tierras, derechos de los pueblos indígenas como su condición y derecho a la alimentación, entre otros.

Tanto el gobierno como las empresas tienen la obligación de adoptar políticas enfocadas en los derechos humanos y respetarlos. Tenemos que tomar conciencia y evaluar qué parte de la sociedad es la que está siendo mayormente afectada y excluida y buscar una remediación de los impactos de manera que se reduzcan dichas injusticias en el corto plazo, evitando el daño a las presentes y futuras generaciones.