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(En la imagen, Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE. Foto: Captura de Pantalla)
El foro 14 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica fue uno de los que causó más división de opiniones entre los especialistas que están a favor de la iniciativa y quienes se oponen al cambio constitucional.
En la mesa titulada Convencionalidad de la iniciativa de la Reforma Eléctrica: T-MEC contra Reforma Eléctrica, dos abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguraron que la propuesta no es violatoria, porque el apartado energético no está considerado dentro del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá y que no es violatorio de los principios de competencia.
Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, aseguró que el capítulo 8 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), excluye al sector energético de las reglas establecidas en este acuerdo, por lo que los cambios aplicados no pueden ser violatorios al compromiso internacional.
“El tema de los energéticos no forma parte ni del capítulo octavo ni de ninguno de los capítulos del T-MEC. El tema energético está fuera del T-MEC”, aseguró en su intervención en este debate.
Sin embargo, Kenneth Smith Ramos, exjefe de la Negociación Técnica de México para el T-MEC, aseguró que las reservas establecidas en ese apartado se refieren únicamente al sector de hidrocarburos, e incluso en ese caso, México tiene que cumplir con los principios de no discriminación de los privados en relación con las empresas del Estado y que ningún cambio constitucional da el derecho al país de violar el acuerdo comercial.
En su intervención, Almudena Otero de la Vega, la abogada de Litigios Especiales de la CFE, aseguró que la reforma constitucional no viola los principios de Trato de Nación Más Favorecida, Trato Nacional ni Nivel Mínimo de Trato, que establece un campo de juego parejo entre inversionistas extranjeros y nacionales, así como una regulación transparente e idéntica para todos los privados que quieran invertir en México.
Por su parte, Ana López Mestre Martínez, directora general de la American Chamber Of Commerce of Mexico, aseguró que México enfrentará litigios internacionales ante la cancelación de contratos y permisos de forma anticipada, lo que representa un daño a las inversiones de extranjeros, aunque el daño no se limitaría a las represalias comerciales.
La representante de más de mil empresas estadounidenses en México, que generan más de ocho millones de empleos, advirtió que el cambio constitucional afectaría la producción industrial, porque las empresas no podrían comprar energía en el mercado y se tienen que limitar a un solo jugador, la CFE, que será quien ponga todas las reglas.
Además, recordó que las muchas grandes empresas de Estados Unidos tiene compromisos de operar con una participación de 80 a 100% de energías limpias en los próximos 10 años.
“Si no podemos ser proveedores confiables para nuestros socios, dejaremos pasar la oportunidad de recibir nuevas inversiones”, advirtió López Mestre.
En respuesta, la abogada de la CFE mencionó que el apartado de Nivel Mínimo de Trato, establecido en el artículo 14.6 del T-MEC, establece el trato justo y equitativo, respeto al debido proceso, transparencia y acceso a la justicia.
Sin embargo, aclaró que el hecho de que un país tome u omita tomar una acción no constituye un daño al privado, aun cuando haya una pérdida o daño a la inversión.
“No es suficiente que se aleguen que se tomaron medidas contrarias a los intereses legítimos de los inversionistas para que haya una violación al T-MEC”, comentó Almudena Otero.
En sentido contrario, Kenneth Smith, advirtió que como está estructurado el tratado, la electricidad puede abrirse más, pero lo que no se puede hacer es echarse para atrás, pues así se estableció en el T-MEC, el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM).
“Con la reforma se acota el espacio para que participe el sector privado, establece condiciones de discriminación en favor de la empresa del Estado y CFE se convertiría en juez y parte, cambias los principios de despacho, eso es un cambio a las condiciones de inversión, crea desincentivos a la generación de energía limpia, y reduce las acciones para combatir el cambio climático”, mencionó el exnegociador del T-MEC por parte de la administración anterior.
Además, advirtió que existe falta de certeza jurídica, pues la iniciativa de reforma establece que la CFE generará al menos 54 por ciento de la electricidad, pero no establece un límite, mientras que el sector privado podrá producir hasta 46 por ciento, pero nada impide al Estado reducir esa participación a 10 por ciento.
Respecto a los arbitrajes internacionales, Almudena Otero, aseguró que los procesos de inconformidad requieren de un procedimiento, lo que incluye consultas, mediación, oficios, establecimiento de un panel y después será hasta que se dicte sentencia, cuando podría haber consecuencias comerciales, por lo que desmintió que vaya a haber afectaciones inmediatas.
Tanto Kenneth Smith como Ana López Mestre coincidieron en que México tiene los instrumentos para cancelar los contratos que se hayan realizado a través de la corrupción, por lo que resulta innecesario hacer una reforma constitucional al sector.
