La economía circular y el nuevo costo de operar

El manejo de residuos pasó de ser una práctica voluntaria a una obligación legal. En México, la lógica de hacer negocios cambió radicalmente en enero. Ahora, las empresas conservan la gestión de sus productos desde que entran al mercado hasta su disposición final. Este giro, impulsado por la Ley General de Economía Circular, obliga a las organizaciones a hacerse cargo de los materiales utilizados a lo largo de su cadena de valor bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

Para entenderlo de forma sencilla, la ley abarca desde la taza que vendes, hasta el cartón utilizado para empacarla y los recortes que se generaron en tu propia fábrica. El compromiso inicia en la selección de insumos y se extiende a la gestión de los residuos a lo largo del ciclo de vida del material. Es un cambio en la forma de producir que incorpora trazabilidad, control y nuevas exigencias operativas, con impacto directo en los costos.

Julio se perfila como el inicio de una fase de implementación técnica, ya que el Gobierno federal tiene ese mes como plazo límite oficial para publicar el Reglamento, el cual funcionará como el “manual técnico”. Tras la salida de este documento, el sector privado tendrá una ventana crítica de apenas 180 días naturales para ajustar sus procesos internos. No obstante el cumplimiento de este calendario, que apunta a un arranque operativo en enero de 2027, dependerá de que la autoridad emita oportunamente el reglamento y las disposiciones complementarias.

El impacto financiero se divide entre lo que cuesta cumplir y el riesgo de fallar. Por un lado, las empresas deben financiar sistemas logísticos y permisos. Por el otro, el incumplimiento sale caro, con multas que pueden escalar a más de 5.8 millones o clausuras definitivas, lo que sitúa el costo de la negligencia al nivel de la continuidad operativa.

“El impacto financiero se divide entre lo que cuesta cumplir y el riesgo de fallar”.

Sin embargo, el cumplimiento también abre puertas estratégicas. Las empresas que logren acreditar sus procesos podrán obtener el Distintivo Nacional de Economía Circular, un sello que otorga preferencia en las contrataciones públicas y ventas al gobierno. Además, el marco legal contempla la creación de instrumentos económicos y estímulos fiscales para facilitar la transición hacia modelos de baja huella ambiental, convirtiendo la sostenibilidad en un activo financiero.

Para que este modelo sea exitoso, la responsabilidad debe ser compartida. Las empresas estarán en mejores condiciones de cumplir plenamente con sus responsabilidades en la medida en que el gobierno avance tanto en la parte normativa como en la operativa. La viabilidad de esta ley requiere reglas claras, plataformas nacionales funcionales y una armonización efectiva entre federación, estados y municipios. Sin estas acciones, se corre el riesgo de derivar en procesos inacabados, aplicaciones limitadas o en actos de corrupción que limitarían el alcance de la ley.

La urgencia climática demanda regulaciones de vanguardia, pero la circularidad debe ser una responsabilidad escalonada y compartida. Mientras la industria invierte capital y el Estado asegura la infraestructura, el consumidor también juega un papel clave al respaldar productos que prioricen la durabilidad y una menor huella. Solo bajo este equilibrio, la ley podrá cumplir su propósito de convertir la sostenibilidad en un motor de innovación y competitividad que consolide a México como un referente de eficiencia productiva en la región.