¿La próxima administración de México podrá con tan grandes desafíos?

El gobierno actual de México asumió el cargo en 2018 con los principales objetivos de aumentar los salarios y mejorar los beneficios sociales. Desde entonces, el salario mínimo se ha incrementado un 86% en términos reales y la tasa de desempleo está en un mínimo histórico de alrededor del 3%, lo que claramente ha fortalecido el consumo.

Por otro lado, hubo un aumento en los gastos con pensiones, programas sociales y pagos de intereses de deuda, todos que, por ley o por naturaleza, son cada vez más inflexibles y reducen el espacio fiscal del gobierno. Eso significa que el gobierno tendrá poca capacidad para gastar en proyectos de inversión, necesarios para el crecimiento económico. Por otro lado, la inversión privada ha sido limitada, principalmente debido al marco institucional que se ha debilitado en los últimos años, especialmente en relación con los reguladores sectoriales, ya que el gobierno ha intentado aumentar su autonomía en cuanto a las políticas públicas.

El crecimiento económico de México ha promediado alrededor del 2% anual en los últimos 30 años, un nivel bajo para un país en desarrollo que se beneficia de la proximidad geográfica al mayor mercado del mundo, el estadounidense. Esta baja tasa de crecimiento se debe a obstáculos estructurales persistentes para el crecimiento, como bajos estándares educativos, mínimos niveles de penetración de servicios bancarios, alta informalidad laboral y, más recientemente, incertidumbres regulatorias y cuellos de botella en la infraestructura, incluidas la energética, de transporte y tecnológica, factores que limitan la productividad. Desde 2018 hasta 2023, las políticas fiscales restrictivas del país y la débil inversión privada también han afectado negativamente el crecimiento económico.

Pero la economía ha crecido por encima del 3% anualmente en los últimos tres años, principalmente después de la caída del 8% en 2020 como consecuencia de la pandemia. Esta tasa de crecimiento de 3% ha sido impulsada por un mayor consumo e inversiones públicas, principalmente en los proyectos insignia del gobierno como el Tren Maya, la nueva refinería Olmeca y el Corredor Interoceánico en el sur del país. Los beneficios del nearshoring también han respaldado esta tasa de crecimiento.

Aunque México tendrá una nueva administración gubernamental a partir del 1 de octubre de este año, con o sin cambio político (ya sea que el partido actual gane o pierda las elecciones), las políticas económicas de los últimos seis años permanecerán en su mayoría intactas debido al apoyo generalizado a salarios más altos, a programas sociales y a proyectos de infraestructura, especialmente en energía, transporte y logística. Por lo tanto, el consumo y el gasto en inversiones seguirán siendo sólidos. Además, ambas candidatas punteras en las encuestas de voto han anunciado que no cambiarán la ley de impuestos, pero se centrarán en la austeridad fiscal, lo que mantendrá la relación deuda-PIB en aproximadamente el 50% y ayudará a contener gastos en interés. Asimismo, en el período entre 2024 y 2026, las perspectivas económicas para México son estables, lo que significa que el PIB seguirá creciendo un 3% por año.

Sin embargo, veo tres desafíos principales que podrían afectar las perspectivas económicas de México, o sea, su capacidad para invertir y crecer a mediano plazo: 1) alto déficit fiscal; 2) incertidumbre regulatoria; y 3) el riesgo PEMEX.

La situación fiscal de México ha empeorado bajo la administración actual. El déficit fiscal ha estado en una tendencia creciente, pero ha promediado un moderado 2.7% del PIB en 2019-2023. Pero un mayor gasto en los proyectos insignia del gobierno, además de un mayor gasto en programas sociales, llevarán el déficit fiscal a casi 6% del PIB en 2024, el nivel más alto en más de 30 años. El aumento también se debe a los recursos enviados a (o no recibidos de) PEMEX para ayudar a la empresa a pagar su deuda.

Aunque los proyectos insignia hayan avanzado y los gastos con los mismo bajen en los próximos dos años, es muy poco probable que el déficit fiscal se regrese a 2.7% en este periodo debido al aumento de los gastos fijos gubernamentales que comenté arriba. Además, la fuerte presión migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos exige que el gobierno mexicano mejore las condiciones socioeconómicas en el país.

Asimismo, porque la próxima administración no tendrá suficiente espacio fiscal para invertir en proyectos públicos como hasta ahora, el crecimiento económico dependerá de las inversiones privadas, que necesitan solido estado de derecho y previsibilidad regulatoria a largo plazo para desarrollarse. Durante la administración actual, varios contratos entre el sector público y privado han sido modificados o cancelados por el gobierno, y las políticas públicas en materia de regulaciones han protegido a empresas energéticas estatales, por ejemplo. Por lo tanto, queda por ver si la nueva administración podrá aumentar la certeza regulatoria para las inversiones privadas en infraestructura de gran escala que tanto se necesitan. En el lado positivo, el Banco Central permanecerá independiente y el tipo de cambio continuará flotando.

“…queda por ver si la nueva administración podrá aumentar la certeza regulatoria para las inversiones privadas en infraestructura de gran escala que tanto se necesitan”.

Por último, México enfrenta un alto riesgo financiero relacionado con PEMEX, que tiene una deuda reportada de USD 102 mil millones, presenta flujo de efectivo negativo y debe pagar más de USD 45 mil millones de su deuda financiera entre abril de 2024 y marzo de 2027. Esto sin mencionar más de USD 22 mil millones en pagos pendientes de corto plazo a proveedores y alrededor de USD 84 mil millones en pasivos de pensiones de sus empleados.

Ambas candidatas presidenciales principales han prometido una reestructuración de la deuda de PEMEX. Queda por ver si esto resultará en un incumplimiento crediticio o no. Lo que es claro es que lo que pasa con esta empresa afecta la calificación de México: si el gobierno asume la deuda de PEMEX, el riesgo crediticio de la empresa baja pero el de México sube.

Los graves problemas operativos de PEMEX, que incluyen la disminución de la producción de petróleo y las altas pérdidas en transformación industrial, además de los riesgos ambientales, no desaparecerán sin inversiones importantes, recursos con que la empresa no cuenta. Por lo tanto, es posible que un enfoque más pragmático por parte de la nueva administración incluya una revisión de la estrategia de negocios de PEMEX para que se concentre en actividades con flujo de efectivo positivo, como la producción de petróleo, que contrasta con las pérdidas en refinación. Mejores resultados operativos y financieros ampliarían el acceso de la empresa a los mercados de capitales, bajo mejores términos y condiciones, para refinanciar su deuda y bajar sus costos financieros. Entraría entonces PEMEX a un círculo virtuoso.

En resumen, la nueva administración en México, cualquiera que sea, enfrentará grandes desafíos con el déficit fiscal, el crecimiento económico, y PEMEX, independientemente de las oportunidades con nearshoring. Sin embargo, existe potencial para un cambio estructural en PEMEX y una tasa de crecimiento económico más alta en los próximos años, derivada de un aumento en la inversión privada, si el entorno regulatorio es adecuado para inversiones de largo plazo. Ese escenario depende de las políticas públicas de Estado. O sea, la respuesta a la pregunta inicial es sí se puede.

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