La Transición Energética Justa debe reconocer todas las dimensiones en la descarbonización: Expertos

La Transición Energética Justa (TEJ) no solo debe ir hacia reducción de las fuentes de generación contaminantes, sino que tiene que atender aspectos sociales, económicos, medioambientales y de salud, entre otros, coincidieron especialistas esta mañana.

“Una transición justa debe atender y reconocer los impactos en todas las dimensiones”, dijo Rafael Fonseca, colaborador de tiempo completo para la Iniciativa Climática de México (ICM).

Durante el seminario virtual “Una salida justa del carbón: una conversación necesaria para México, Chile y Sudáfrica”, organizado por ICM, Fonseca detalló que los elementos para una lograr una TEJ son, en la fase de diseño, las evaluaciones ambientales, sociales y culturales de las comunidades afectadas por las actividades de extracción y quema de carbón para la producción de electricidad.

Asimismo, considerar en la planeación el imperativo de la justicia, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, promoviendo la participación de las comunidades impactadas de manera libre e informada, con diálogo incluyente.

Al implementar las acciones de la TEJ, aseguró que todos los involucrados deben tener acceso a información clara, puntual, consistente y confiable; además de buscar la remediación los impactos previos, destinando recursos y adecuando la legislación vigente.

Entre las acciones a tomar para después de la implementación de la Transición, Fonseca subrayó la necesidad de repensar la generación y el consumo de la energía, así como el modelo de desarrollo.

En su exposición, Rafael Fonseca refirió que actualmente el uso del carbón para la generación eléctrica en México representa apenas 4% del total de los combustibles y de otras tecnologías, pero sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) alcanzan el 11% del total en este sector.

Además, el impacto por su extracción y quema en las tres carboeléctricas que posee la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se refleja –según señaló– en un promedio de 430 muertes anuales por la mala calidad del aire relacionada con las emisiones de las centrales eléctricas, considerando que se calculan unas 500,000 personas que están expuestas a dichas emanaciones, las cuales superan los límites superiores de componentes establecidos en las normas ambientales.

De 2006 a la fecha, añadió, se han registrado unas 180 muertes de trabajadores en las minas de extracción, lo que ha promovido cuatro recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por su parte, Florencia Ortúzar, especialista en el Programa de Cambio Climático de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), expuso las acciones que está llevando a cabo el gobierno chileno para sacar el carbón de la generación eléctrica en ese país.

Relató que en 2019, autoridades y empresarios generadores con este mineral firmaron el Acuerdo de Desacarbonización que, sin ser vinculante, plantea para el año 2040 el retiro de todas las plantas con base en carbón.

Son solo cuatro firmas privadas que poseen las 25 centrales que operan con el mineral y que proveen 40% del total de la energía del país.

A pesar de que este Acuerdo es importante porque no hay otro en su género en la región, Ortúzar resaltó que, justamente por no ser vinculante, queda a merced de las decisiones de los gobiernos que sucedan al actual, justamente en estos días que habrá comicios en Chile para la elección presidencial.

Además, contiene una cláusula que indica que las empresas dueñas de las carboeléctricas pueden recibir un pago por potencia, aun si las plantas están paradas. Pero lo más grave es que esa compensación proviene de las demás centrales eléctricas de distinta tecnología, incluidas las renovables.

Los dueños también pueden vender las instalaciones, las cuales no están limitadas a convertirse en otras plantas con combustibles también contaminantes, o en otras industrias igualmente con emisiones y no están obligadas a pagar por los daños causados en términos de justicia climática o ambiental.

Advirtió que el gobierno de Chile está apostando al gas natural, principalmente proveniente de la zona de Vaca Muerta en Argentina, en donde se extrae “de manera desmedida” por medio de la fractura hidráulica, o fracking.“Esto sería injusto para los hermanos argentinos que padecen por el fracking”, lamentó.

Por último, Jesse Burton, Investigadora del Energy Systems Research Group de Sudáfrica, presentó un panorama crítico en esa nación en torno a la minería y al carbón, sobre todo en la región de Mpumalanga.

Dijo que hay una alta dependencia del carbón especialmente en la economía informal, afectando a las comunidades que compiten con esta industria por el aire, el agua y la tierra, ya que las concentraciones de contaminantes son altas, especialmente de SOx y NOx.

Ante estos retos, Sudáfrica se ha propuesto en sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) una reducción de 353.24 millones de toneladas de CO2 equivalente para 2030, lo que implica retirar al menos entre 3.5 y 5.5 gigawatts (GW) de capacidad instalada en carbón y agregar por lo menos 15 GW más de capacidad solar y eólica.

En este sentido, Burton consideró que para lograr una transición energética justa se necesita, entre otros, poner en marcha procesos de la sociedad civil con las comunidades y los trabajadores para atender las opciones viables en empleos.

Relacionado con ello, propuso una diversificación de la economía que abarque energía limpia, manufacturas, químicos “verdes”, turismo, agricultura y procesos agroindustriales.

También destacó la importancia del financiamiento principalmente proveniente del exterior, que recientemente se anunciaron recursos por 8.5 mil millones de dólares, una suma histórica, que aportarían los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y la Unión Europea.