Libertad o imposición, el dilema energético

El día de hoy acaban las campañas. La elección del próximo domingo es de una trascendencia mayor, pues no solo se elige a quien se hará cargo de la presidencia de la República durante los siguientes seis años, sino la definición del modelo de país que queremos para las décadas por venir.

En materia eléctrica se encuentra una de las más grandes definiciones, decidir entre dos modelos: uno, presente en la Constitución, que es la libre concurrencia de los ciudadanos y sus empresas para generar y comercializar energía, con control del Estado; por otro lado está el modelo estatista, donde la burocracia decide quién genera y quién consume.

El sistema eléctrico ha pasado por seis años de desastre y degradación. De no ser por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el daño habría sido mucho mayor. Hubo bloqueo de inversiones privadas; falta de inversión pública en las áreas reservadas al Estado (transmisión y distribución); inversión tardía del Estado y a sobrecostos; bloqueo a la apertura del mercado (seguimos sin competencia en suministro básico), y un largo etcétera. Las consecuencias de la política energética están a la vista con los apagones de las semanas recientes. Y, cuidado, porque la Corte salvadora se juega su futuro en la elección del domingo, pues la próxima presidenta pondrá ya este año un nuevo ministro en el máximo tribunal del país, pudiendo evitar una mayoría calificada en acciones de inconstitucionalidad.

El manual de la vida dice que si queremos que haya resultados distintos, habrá que hacer cosas distintas. Entonces, resulta necesario un cambio de modelo, que puede darse de dos formas: aplicando nuevamente la ley vigente y suspendida de facto desde diciembre de 2018, o generar uno nuevo. Con el actual –está visto– no se puede. Y hay dos modelos en la boleta electoral: la continuidad con cambio (permítame el oxímoron), o retomar el modelo legal vigente, haciendo algunas correcciones que a diez años resultan naturales y necesarias.

“Hay dos modelos en la boleta electoral: la continuidad con cambio (permítame el oxímoron), o retomar el modelo legal vigente”.

El modelo de retomar la Ley de la Industria Eléctrica no requiere mayor explicación: otorgar los permisos, organizar las subastas, hacer las inversiones en transmisión y distribución, algunas medidas extraordinarias ya previstas en la ley, como las subastas de potencia por confiabilidad. Habrá que corregir los modelos de Certificados de Energía Limpia para hacerlos trazables, por ejemplo; el SIN (Sistema Interconectado Nacional) deberá fragmentarse en regiones de potencia y así subastar de forma regional, entre otros.

Por el otro lado se propone un modelo de inversión forzada en conjunto con el Estado. Sobre este esquema, en los meses recientes he escuchado y leído a quienes opinan que incluso, con la continuidad del actual modelo, habrá inversión y crecerá el sistema. ¿Es posible? ¡Claro! Siempre hay personas con dinero dispuestos a acercarse a algún político, ya sea para hacer buenos negocios o por desesperación, pero esto termina siendo con cargo al ciudadano de a pie. ¿Ejemplos? Los sobrecostos y absurdos de Puerto Peñasco, o el sobrecosto derivado tan solo de las centrales de ciclo combinado que construye CFE.

Un problema de México es que hemos vivido por casi un siglo con este último modelo, con la idea de “papá gobierno” y un capitalismo de cuates disfrazado de estatismo, además de que hemos padecido una especie de síndrome de Estocolmo, aunque nos ha salido caro.

Sin duda un mercado abierto, regulado y con control del Estado, bajo reglas claras, no discrecionales, conforma el mecanismo ideal para un sistema eléctrico sano y sostenible, que pueda satisfacer el crecimiento de la demanda además de cumplir los objetivos climáticos. Un sistema así, transparente, garantiza también los costos más bajos de energía para los usuarios, lo que lo convierte también en un modelo de desarrollo social al incentivar la inversión y generación de empleo. Es necesario también cubrir las necesidades de las personas de más bajos ingresos, tanto de iluminación como confort térmico, por ejemplo, y eso deberá ser mediante un sistema de subsidios focalizados, que está ya contemplado en la propia ley.

La decisión es simple. El estatismo, bajo el pretexto de beneficios sociales que los propios costos de generación de CFE y los apagones han desmentido; o la otra opción, un gobierno para todos, que no vive de “rescatar” los viejos mitos que ya fracasaron, sino que busque construir un mercado moderno, regulado y controlado por el Estado, pero con competencia abierta y transparente, que respete la libertad de los ciudadanos de invertir y competir, sin estar sujeto a la necesidad de dinero del erario.

Veamos en unos días qué prefiere el mexicano.

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