“Metamorfosis”, equidad y justicia energética

Han pasado 11 años desde la Reforma Energética de 2013, su esencia fue fortalecer a Pemex y a CFE, dotándolas de autonomía; promover la participación de la iniciativa privada en las actividades del sector para atraer inversión e impulsar el desarrollo del país con responsabilidad social y protección al medio ambiente, consecuentemente contar con mayor producción de petróleo, mayor abasto de energéticos a mejores precios y, con ello, el fortalecimiento de la soberanía del país, generando equidad energética, dado que todas las partes involucradas se verían beneficiadas: el Estado, los empresarios, la población, el medio ambiente y el país en general.

Para consumar la Reforma Energética, no bastó con la expedición de un Decreto, se requirió de grandes esfuerzos: i) Por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en la construcción y expedición de las leyes secundarias, ii) En la creación, instalación y operación de nuevos órganos reguladores, iii) De la instituciones involucradas en la instauración de procesos y tramitación de las autorizaciones y permisos correspondientes, y iv) De los regulados para cumplir con todos las exigencias de la norma –muchas veces excesivas– y en realizar grandes inversiones, que en algunos casos no han tenido retorno, particularmente hablando de las operadoras petroleras quienes han inyectado grandes sumas de dinero, a pesar de la incertidumbre que caracterizan sus actividades y ante la falta de certeza que genera el cambio de criterios en cada gobierno.

En resumen, la Reforma en comento fue un proceso complejo que involucró el trabajo de miles de funcionarios públicos, legisladores, especialistas en el sector energético y empresarios. No bastó con unos cuantos meses de trabajo, debiendo aclarar que, en cualquier país democrático, el periodo de gestación de una reforma toma en promedio 6 años. Bajo esa premisa, para 2018 se contaba ya con un buen avance en la implementación de ésta; no obstante, a finales de ese año, hubo cambio de gobierno y con ello cambio de criterios e intereses.

A partir de ese momento, las instituciones involucradas se enfrentaron a diversos obstáculos, como los recortes presupuestarios y de personal, así como el cambio de funcionarios quienes carecían en buena parte de los conocimientos para ejecutar eficientemente la función pública, lo que convirtió en una monserga la gestión de los permisos requeridos por los privados para ejecutar las actividades permisionadas. A pesar de ello, el apoyo absoluto solo se vio para las entonces Empresas Productivas del Estado, lo que me lleva a cuestionar, ¿dónde quedó el espíritu de la Reforma?, ¿dónde quedó la equidad energética?

Lo que es claro es que la tan ansiada equidad energética, que supuestamente se generaría con la sana competencia, tanto de las empresas públicas como de las privadas, en todas las actividades de la cadena de valor, dista mucho de lo que se vive hoy en día. Esto es porque las empresas nacionales y extranjeras, quienes confiaron en lo que la ley preveía cuando decidieron invertir en proyectos del sector, a la fecha, con una nueva administración, carecen de certidumbre, en principio por lo tedioso que resulta la gestión de sus permisos, que en muchos casos más bien parecen trámites para desincentivar los proyectos. La falta de criterios coherentes y consistentes en la gestión de los permisos por parte de la autoridad, por poner un ejemplo, cada vez es menor el tiempo que concede la Comisión Reguladora de Energía para la vigencia de permisos (6 meses a 5 años), cuando el artículo 11 del Reglamento del Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos prevé que la vigencia de los mismos podrá ser hasta por 30 años.

“Es claro que la tan ansiada equidad energética, que supuestamente se generaría con la sana competencia, tanto de las empresas públicas como de las privadas, en todas las actividades de la cadena de valor, dista mucho de lo que se vive hoy en día”.

Por otro lado, están las cuantiosas modificaciones constitucionales y legales de la actual administración, que más allá de una justificación técnico-legal sólida, parecen estar basadas en caprichos gubernamentales o en delirios de persecución, como es el caso de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, por la que se extinguió la autonomía de siete organismos constitucionales autónomos, al considerar la jefa del Gobierno Federal que éstos fueron creados para frenar a las empresas del Estado, perdiendo de vista que desde la administración anterior dichos órganos autónomos privilegiaban únicamente los trámites a nombre de Pemex y CFE.

No se hable de justicia energética, que tras años de forjar criterios en la materia por parte del Poder Judicial de la Federación, ahora se enfrenta a un nuevo reto: la renovación de juzgadores, quienes probablemente no tendrán el expertise necesario para resolver asuntos principalmente técnicos –de los requisitos para ser juez definidos en la reciente reforma, no se exige experiencia previa. Entonces, ¿qué le depara a la justicia energética?, si hoy en día nos enfrentamos a criterios inflexibles de la autoridad administrativa que obstaculiza y desalienta la inversión privada. ¿Nos conformaremos con los rechazos a nuestros trámites e ilegalidades?, ¿correremos a buscar el cobijo del Poder Judicial en casos claros de injusticias?

Así las cosas, me cuestiono: ¿Para qué tanto esfuerzo en una reforma monumental?, ¿qué nos espera como país, como inversionistas y como profesionistas viviendo constantemente ante la incertidumbre? Sin duda alguna estamos viviendo una Metamorfosis de la equidad y de la justicia energética, por ello es momento de hacer un llamado a la conciencia colectiva en busca de una causa común, no la del gobierno, ni la de la autoridad, ni la del empresario, ni la del gobernante ni la del profesionista, sino una causa profunda que nos una y nos permita identificar el origen y explicación de los problemas, para encontrar vías de solución técnicamente posibles, económicamente viables, ambientalmente deseables y socialmente justas.

*/ Angélica Estrada Muñoz es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha realizado estudios de posgrado en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, así como en Amparo y en Administración Pública en la Universidad Panamericana.

Tiene 9 años de experiencia como abogada en el sector energético, particularmente en hidrocarburos, casi 4 de ellos en la Secretaría de Energía donde participó en la implementación de la Reforma Energética; 2 años formó parte del Jurídico de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, lo que le permitió participar en la creación, modificación de las normas y definición de criterios en materia ambiental y de seguridad industrial aplicables a las actividades del sector hidrocarburos.

Estar del lado de la autoridad le permitió conocer los procesos desde la creación de normas hasta el otorgamiento de autorizaciones y los procedimientos administrativos para verificar su cumplimiento. Trabajó 3 años en Jurídico de Jaguar –operadora petrolera– verificando el cumplimiento regulatorio de sus actividades upstream y de las actividades midstream de otras empresas del grupo.

Este año retomó su participación en una firma legal de consultoría en materias ambiental, social y energética. Previo a incursionar en el Derecho Energético, se especializó durante 8 años en el litigio en Comercio Exterior y fue socia de una Agencia Aduanal.

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