México, sin normativa para renovar permisos de transporte y distribución de gas natural

Hace falta una normatividad que prevea y regule la terminación de permisos de transporte y distribución de gas natural, además de contemplar la determinación y actualización de las tarifas, el estado de la integridad de los ductos, seguridad y cuidado al medio ambiente, consideraron expertos.

Entre 2026 y 2030, un número considerable de permisos para transporte y distribución de gas en el país estarán venciendo, toda vez que a la mayoría de ellos le fue otorgado un plazo de 30 años.

Tan solo en el periodo comprendido entre 1996 y agosto de 2000, el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó un total de 84 permisos, de los cuales 63 son para actividades de transporte y 21 de distribución. Del resto, 14 fueron para la instalación de ductos de acceso abierto y 49 para usos propios, según datos del propio organismo.

En total, durante el periodo, se instalaron 39,517 kilómetros de gasoductos en distintos puntos del país con una inversión conjunta estimada en los 2,156 millones de dólares.

“Se tendrían que haber hecho unas Disposiciones Administrativas de Carácter General [DACG] sobre la renovación de permisos”, consideró Eduardo Prud’homme, consultor en energía.

Al conversar con Energía a Debate, el también ex director general de Tarifas en la CRE agregó que esta normatividad quedó pendiente desde que el mercado del gas natural, en sus segmentos de transporte y distribución, se abrió a las inversiones y operación privadas a mediados de la década de los años 1990, cuya regulación quedó a cargo de la Comisión.

Recordó igualmente que los permisos tienen la opción de renovarse hasta por la mitad del tiempo otorgado; así, en el caso de quienes tienen 30 años para operar, podrían aumentar otros 15.

Por ello destacó la importancia de que en la renovación se especifiquen las tarifas –que también es un tema regulador por la CRE–, además de que contemple aspectos sobre la integridad de los ductos dada su edad, la seguridad en su operación y el cuidado al medio ambiente, entre muchos otros.

“Vas a renovar los permisos, pero la pregunta es a qué tarifas […] porque un componente importante de las tarifas tiene que ver con la rentabilidad sobre el valor de la base de activos regulada”, razonó.

Explicó que la base de activos regulada se funda en la vida útil técnica de los ductos y en general de toda la infraestructura, por lo que una vez pasados los 30 años hay una depreciación.

“Entonces, tu base de activos se ha reducido porque ya está depreciada”, añadió.

Al respecto, aclaró que los ductos de gas tienen una vida útil más larga, incluso pueden por 60 o más años, como es el caso de varios propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), o de un buen número de ellos en Estados Unidos.

“Ese es el tema, ese ducto ya no vale en libros, ¿qué rentabilidad le vas a dar? No puedes pretender darle solamente una tarifa para la operación y mantenimiento porque desincentivas nuevas inversiones”, apuntó y planteó que regulatoriamente hay soluciones, como incluir el concepto de valor de rescate y el costo marginal de largo plazo, entre otros.

Renovación de permisos, sí

Prud’homme dejó en claro que es poco probable que la actual administración no renueve los permisos para estas dos actividades relacionadas con el abasto de gas natural en el país, incluso aún ante la incertidumbre generada por la probable absorción de la CRE por parte de la Secretaría de Energía (Sener).

En este punto, subrayó la importancia de que, aun con el escenario de que la CRE deje de tener cierta autonomía, el criterio general para establecer las tarifas debe prevalecer.

Por su parte, David Madero, analista del sector y ex director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), coincidió en que no se prevé una negativa a la renovación de los permisos.

En todo caso, advirtió, señaló hacia la incertidumbre sobre el destino del organismo regulador.

“El reto quizá está en la incertidumbre de cómo será el marco regulatorio con el que vamos a vivir y, en particular, cuál va a ser la naturaleza, la reacción y el costo de transferencia que tendrá el hacer modificaciones a la CRE”, expuso a este medio.

A este respecto, amplió al decir que el gran peligro no nada más para los permisos de gas natural, sino en general, para todos los regulados, es que deja de haber la separación entre el regulador, la autoridad y las empresas estatales.

“Por lo tanto, el conflicto de interés que puede existir para los que están autorizando, crece”, añadió Madero.

La decisión, en manos de CFE

Las construcción de las tarifas consideran varios factores, entre ellos, una base firme, compuesta por cargo por capacidad y cargo por uso; el servicio en base interrumpible, y cargos por compresión, entre otros varios, todos ellos autorizados por la CRE considerando el Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN).

Sin embargo, Eduardo Prud’homme indicó que la mayor parte de los ductos de transporte se ha construido para satisfacer la demanda de gas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) principalmente para la generación eléctrica, por lo que tienen una tarifa convencional.

Del lado de la distribución, al contrario de las primeras en donde la inversión es una sola, la infraestructura va creciendo conforme las empresas van ganando más clientes en las ciudades donde operan. De ahí la importancia de contar con tarifas que cubran estas necesidades.

Y es que en el periodo de 1996-2000, la red de transporte sumó 11,475 kilómetros (km), en tanto que la de distribución rebasó los 28,000 km de longitud.

“Al final, va a ser la decisión que tome la CFE con los Transportistas […] Obviamente en muchos de esos ductos, como Mayakan, CFE nunca va a permitir que la CRE le diga: ‘No te renuevo el permiso porque ya pasaron los 30 años’. Eso nunca va a pasar”, previó Prud’homme.

Lo anterior, en un escenario en el que la empresa eléctrica estatal, junto con Pemex, serán las predominantes en el mercado energético de México, de acuerdo con la actual política.

“Entonces, hay que prepararnos para ver un sistema regulatorio, de decisiones, completamente alineado con los intereses de CFE”, comentó.