Mientras México va, Venezuela ya viene

En materia de regulación del sector energético, México apenas va cuando Venezuela ya viene de regreso, al menos en materia de hidrocarburos.

Como usted sabe, la semana pasada, el gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, junto con la labor fast-track de la Asamblea Nacional –entiéndase su Poder Legislativo–, aprobaron reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarbros de 2006, el equivalente a nuestra nuevecita Ley del Sector Hidrocarburos. Le comentamos solo dos puntos.

Mientras en México los gobiernos de la 4T han buscado cerrar –en el mejor de los casos, acotar– la participación de las empresas privadas en exploración, extracción y producción de petróleo, lasu recientes modificaciones en el país sudamericano re-abren las puertas a las firmas particulares y derriban barreras que se construyeron durante los últimos 20 años de administraciones estatistas.

En México quedó claro que impera la prevalencia de nuestra muy nacionalista Pemex de Víctor Rodríguez Padilla, incluso en los llamados contratos mixtos, pero allá se redujo la obligatoriedad de la mayoría accionaria de la también estatal PDVSA. Esto significa que empresas privadas pueden tomar las riendas en las asociaciones con la compañía nacional y ello depende del proyecto, no de una decisión político-ideológica.

Otro cambio significativo es que se elimina la restricción de que las disputas y controversias de las empresas privadas con el Estado venezolano se resolvían únicamente ante instancias nacionales. Ahora se puede acudir a tribunales internacionales.

En México no existe esa restricción como tal, pero los privados la llevan de perder ‘a priori’ ante un Poder Judicial –digamos– muy amigable con las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal luego de la reforma a profundidad a ese Poder, hecha al principio de la administración actual.

Y ya para qué hablamos de las reformas a los artículos 105 y 107 constitucionales que imponen el principio de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas constitucionales, lo que dificulta a los privados paralizar las nuevas leyes mediante amparos o suspensiones generales.

Lo que salva a las empresas extranjeras, principalmente de origen estadounidense y canadiense, es el tratado comercial de América del Norte, TMEC. Pero los privados nacionales quedan más desprotegidos.

Las reformas legales en Venezuela, como supondrá usted, son resultado de la intervención de Estados Unidos para ir acabando con el régimen socialista del presidente Nicolás Maduro Moros.

Lo curioso es ver las fotografías de Rodríguez alzando la nueva Ley como un triunfo, cuando en realidad va en contra de lo que ella defendió durante años. Ver para creer.

Proyectos mixtos en gas: ¿convenientes para el MEM?

Y ya que hablamos de contratos mixtos, le recordamos que los proyecto de gas natural destinado a la generación de electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista deben ir de la mano del Estado, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Emilia Calleja Alor.

Esto, comprenderá usted, acota la participación privada para proveer al país del gas a ser utilizado por los grandes generadores, pero no pierda de vista que, además, impera el principio de prevalencia del Estado en estos proyectos.

¿Quién querrá entrarle bajo este modelo? Quizá no falten las manos alzadas, pero también es importante mirar hacia los costos y, por ende, los precios de la energía.

Hay quienes comentan que el esquema tan limitado –en donde el Estado mexicano debe mantener por lo menos 54 por ciento de participación– no presenta incentivos para ser competitivos.

Aun ahora, el gas es un gran negocio, el Estado quiere su parte, pero las limitantes podrían comprometer el abasto suficiente a precios reales de la energía. Y la economía se mueve con energía, agregaríamos nosotros.

Ebrard y la defensa de la industria automotriz

Donde hay cierto nivel deu incertidumbre es en la industria automotriz mexicana. Después de dos buenos años de recuperación pospandemia, en donde las exportaciones aumentaron hasta en un 15 por ciento anual en 2023, más otro 3 por ciento en 2024, el panorama ya no es tan alentador a menos de seis meses de la revisión del tratado comercial de América del Norte, TMEC.

La semana pasada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, además de presumir en X sus fotos en Washington, dijo que el tema automotriz está en el centro de la agenda para el primero de julio, junto con los minerales críticos, después de sendas reuniones con su contraparte norteamericano, Howard Lutnick, y con el representante comercial de esa nación, Jamieson Greer.

Su optimismo contrasta con la preocupación de la industria en el país debida a las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump –quien padece de arancelitis aguda–, principalmente por la aplicación de la Sección 232 del TMEC, esa que habla justo de los aranceles al acero y al aluminio, entre otros insumos indispensables para hacer automóviles. Y los propios automóviles, de hecho.

La semana pasada, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dijo que sus agremiados esperan que luego de esta revisión se elimine todo tipo de arancel para la industria mexicana.

Rogelio Garza, presidente del organismo, refirió que en 2025 Trump aplicó la Sección 232 que impuso un arancel de 25 por ciento a los vehículos importados de México y recordó que, en consecuencia, las armadoras asentadas en nuestro país solo pueden descontar del gravamen el contenido de origen norteamericano, pero no el regional. Esto encareció las unidades del otro lado de la frontera, con la consecuente reducción en la demanda y las exportaciones, que éstas últimas representan alrededor de 80 por ciento del total de la industria.

Con este paquetito, el secretario Ebrard y sus muchachos tendrán mucho trabajo previo qué hacer para preparar buenos argumentos ante los rudos del equipo Trump. Y ya veremos de qué cuero salen más correas.