Víctor Rodríguez Padilla* / para Energía a Debate
Las difíciles circunstancias por las que atraviesa Petróleos Mexicanos se han reflejado en cuantiosas pérdidas durante el primer trimestre del año (562 mil millones de pesos en números redondos). La oposición y los medios afines a ella se han rasgado las vestiduras y, una vez más, han culpado de manera precipitada e injusta a la política energética de la actual administración. Más allá de la habitual estridencia de una oposición que aprovecha cualquier ocasión para escandalizar y exigir el regreso a las políticas neoliberales de privatización, vale la pena analizar con detalle cómo se llegó a esos resultados.
Antes de entrar en materia conviene recordar que Enrique Peña Nieto convirtió a Pemex en la empresa más endeudada del mundo, con grandes beneficios para los prestamistas internacionales y locales por el cobro de altísimos intereses. Mientras el gobierno sangraba a la empresa con una pesada carga fiscal, los prestamistas hacían lo propio cobrando intereses cada vez más altos argumentando el deterioro financiero de la empresa, en complicidad con las agencias calificadoras de riesgo.
De los cuantiosos ingresos que generaba la empresa productiva del Estado, la mayor parte se destinaban a pagar impuestos y honrar el servicio de la deuda. Y como el resto no alcanzaba para invertir y asegurar la operación cotidiana se pedían más préstamos. Ese círculo vicioso no era producto de las circunstancias, al contrario, de manera consciente y deliberada el gobierno conducía a la empresa al borde del precipicio, para justificar su remplazo por compañías petroleras privadas, el objetivo inconfesable de la reforma energética.
Esa dinámica perversa se canceló con el cambio de administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender la contratación de créditos, inyectar capital para solventar pasivos, reestructurar la deuda, reducir costos y detener la privatización. Un presupuesto ampliado a la par de una desgravación paulatina aprobados por el Congreso, completan el plan de rescate. Como resultado de esas medidas la situación ha comenzado a mejorar, aunque de manera paulatina por el enorme deterioro financiero y productivo acumulado durante años. Entre los avances más importantes destacamos la reducción de la deuda y el aumento en la producción de petróleo y gas natural.
Lamentablemente factores ajenos al control de Pemex han venido a dificultar el avance y a obscurecer las perspectivas. Desde los primeros días del año el contexto comenzó a emitir señales de alerta, por la desaceleración de la economía mexicana, los avatares de la industria petrolera mundial, la pandemia de Covid-19, la devaluación del peso y la caída del precio del petróleo. De enero a abril el precio de la mezcla mexicana pasó de 58.9 a 10.6 dólares por barril.
La conjunción de factores negativos ajenos a la empresa derivó en una disminución de las ventas. Los ingresos por exportación cayeron 19.4% por la contracción de precios, al tiempo que las ventas internas descendieron 20.7% al combinarse la reducción de la demanda por confinamiento social, menores precios de los combustibles y pérdida de mercados por avance de los importadores privados, impulsados por una regulación asimétrica que la reforma energética le impuso a Pemex para que perdiera clientes.
Pero el factor determinante en la explicación de los resultados del primer trimestre es la pérdida cambiaria. En diciembre el tipo de cambio promedió 18.45 pesos por dólar, pero en marzo el billete verde se cotizaba en 23.51 pesos. La devaluación se tradujo en una pérdida cambiaria de poco más de 469 mil millones de pesos, cifra equivalente a 83.4% del déficit trimestral. Aquí lo importante a destacar es que esa pérdida no genera flujo de efectivo, porque corresponde al saldo de la deuda expresado en pesos mexicanos, lo cual no determina la rentabilidad de la empresa. Otro dato relevante es que Pemex le aportó al gobierno federal 177 mil 722 millones de pesos a través de contribuciones fiscales consolidando su papel de soporte central del gasto público en México.[1]
Por razones políticas la oposición oculta el lado positivo de los resultados de Pemex y sólo ve y entiende retrocesos. Algunas voces no dudan en distorsionan la realidad asimilando la perdida integral de la empresa como si fuera una perdida financiera, lo cual es a todas luces incorrecto. Para los neoliberales cualquier cifra que luzca negativa es exhibida como el fracaso de la política de rescate de Pemex.
En ese punto conviene precisar que el rescate financiero de Pemex no es una ocurrencia, un capricho o un regreso nostálgico del pasado como gustan señalar los detractores del gobierno. El rescate de Pemex es una obligación legal y una necesidad por su conexión con las finanzas públicas y la deuda soberana. Es cierto que las circunstancias nacionales e internacionales dificultan el avance y retrasan la solución de los problemas, pero esa no es una razón para desistir y abandonar la batalla por la soberanía y el desarrollo.
Aquellos que proponen que el gobierno deje de invertir en Pemex, que abandone a la empresa a su suerte o que la venda por pedazos, no han entendido el problema o no lo quieren entender con propósitos deleznables. Pemex es invendible. Lo que corresponde en las difíciles circunstancias actuales es continuar con la rehabilitación de la empresa más importante del país, para que genere el flujo de efectivo que le permita pagar sus obligaciones, mantener el negocio en marcha y apoyar el desarrollo del país.
[1] Pemex, “Resultados al primer trimestre de 2020, aspectos destacados”, 30 de abril 2020.
* El Dr. Víctor Rodríguez Padilla es profesor de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y asesor de Francisco Garaicochea Petrirena, consejero independiente de Pemex.