Petróleos Mexicanos en el contexto electoral

Conforme a su más reciente reporte trimestral de resultados, al cierre de los primeros nueve meses de 2023, Petróleos Mexicanos obtuvo un rendimiento neto positivo por 3,025 millones de pesos. Este rendimiento fue 98.5% inferior al obtenido en el mismo lapso de 2022 (195,616 millones de pesos). Esta severa disminución se originó principalmente en la evolución, en comparación con los mismos meses de 2022, de las siguientes variables: el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME), que pasó de un promedio de 93.84 dólares por barril en el mismo período de 2022, a 69.79 en el de 2023 (-25.6%), influyendo para que los ingresos totales entre ambos períodos cayeran en un 30.7%, pasando de 1.868 a 1.294 billones de pesos; al tiempo que el costo de lo vendido, que está constituido en gran medida por la importación de combustibles para reventa, disminuyó solo en un 21.5% al pasar de 1.274 billones a 1 billón de pesos. De manera que la proporción del costo de ventas en los ingresos totales pasó del 68.2% al 77.3%.

Al analizar los resultados de los primeros nueve meses de 2023, observamos que el rendimiento neto positivo se sustenta en buena medida en una utilidad cambiaria de 182,882 millones de pesos: 153.6% superior a la registrada en el mismo lapso de 2022 (72,107 millones de pesos). Ahora bien, la utilidad cambiaria es una variable estrictamente contable, relacionada con el tipo de cambio y, por lo tanto, completamente exógena a Pemex.

En los resultados de Petróleos Mexicanos también influye el apoyo gubernamental. En los primeros nueve meses de 2023, Pemex recibió apoyos de parte del gobierno federal por un total de 102,700 millones de pesos, a través de aportaciones de capital.

A pesar de ser muy importantes, los diversos apoyos han sido el resultado de decisiones coyunturales que no han sido institucionalizadas y que, por lo tanto, corren el riesgo de no volverse parte de una estrategia integral de largo plazo. Por ejemplo, en los últimos tres ejercicios fiscales, la reducción de la tasa del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) se ha hecho introduciendo un artículo en la Ley de Ingresos respectiva y no modificando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la que se mantiene una tasa del DUC de 54%.

En vísperas de las elecciones, los resultados de Pemex muestran que no basta con la clara voluntad política del gobierno para apoyar a Petróleos Mexicanos cuando las circunstancias específicas lo requieran. Pareciera ser hora de reflejar esa voluntad en una nueva arquitectura institucional del sector, una adecuación de la estructura organizativa y la visión de negocios de nuestra petrolera, con vistas a convertirla en una empresa energética y relanzar su actividad petroquímica; así como un cambio de su régimen fiscal que haga económicamente viable estas mutaciones.

Debemos empezar por asumir como país que la única manera en que Pemex pueda tomar decisiones en función de la lógica propia de la industria petrolera y no de la presupuestal, es que el Estado mexicano se resuelva a realizar la profunda y redistributiva reforma fiscal que el país necesita para crecer con equidad. Mientras Pemex carezca de autonomía presupuestal y de gestión, continúe siendo la principal fuente de ingresos fiscales y se utilice como factor de ajuste de las cuentas nacionales, se seguirá imponiendo el cortoplacismo financiero como el eje de sus decisiones estratégicas.

“Más allá de las diferencias que los actores políticos tienen en este tema, lo cierto es que en México necesitamos construir el mayor acuerdo posible en torno al futuro de este sector”.

Sin duda, en el proceso electoral de este año seremos testigos de la irrupción en el debate político del sector petrolero. Más allá de las diferencias que los actores políticos tienen en este tema, lo cierto es que en México necesitamos construir el mayor acuerdo posible en torno al futuro de este sector, su lugar en el modelo de desarrollo económico y al papel que deben jugar Pemex y la inversión privada complementaria en él. La legitimidad social y la estabilidad de largo plazo de la arquitectura institucional del sector dependen de ello.