Por segunda vez, Corte evita discutir sobre el derecho de las OSC a interponer amparos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la sesión de este día la Contradicción de Tesis referente a si las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden promover amparos, particularmente cuando se trata de protección del medio ambiente, un proyecto que ha presentado la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

El punto, con número CT 217/2021, estaba programado para tratarse este miércoles en la Segunda Sala, presidida por el ministro Alberto Pérez Dayán; sin embargo, fue retirado del listado de temas a votación.

Esta es la segunda ocasión en que esta contradicción de tesis es retirada del listado, ya que la vez anterior ocurrió en la sesión del 10 de agosto de 2022.

El asunto tiene su origen en una denuncia de contradicción de tesis presentada por la organización ambientalista Greenpeace de México, por la oposición de criterios entre los tribunales colegiados de la Ciudad de México y del Estado de México.

Mientras el tribunal colegiado de la capital del país argumentaba que el derecho a un medio ambiente sano, la cultura y otros de interés social solo pueden ser defendidos por personas físicas, el del Estado de México aseguró  que personas morales, como las organizaciones de la sociedad civil, también pueden promover juicios en defensa de estos derechos.

En el mismo mes de agosto del año pasado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente (AIDA) presentaron ante la Corte un recurso conocido como amicus curiae, por medio del cual se expone que, para garantizar el derecho al acceso a la justicia y al medio ambiente sano, se exige que toda persona, incluidas las OSC, tengan acceso a recursos judiciales a través de su amplia legitimación.

Cabe recordar que en 2018, México suscribió el Acuerdo de Escazú, en el cual se compromete a reconocer la importancia de la participación de todas las personas en la toma de decisión en materias de medio ambiente y clima, entre muchos más, mediante procesos de participación pública.

Igualmente, el Acuerdo protege los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, así como fortalece el acceso a la justicia.

La Primera Sala está constituida por la ministra Esquivel y la ministra Loretta Ortiz Ahlif, así como los ministros Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales.

En un posicionamiento conjunto emitido el día de ayer, las tres organizaciones civiles expresaron que la Primer Sala “debe garantizar el acceso a la justicia ambiental en los términos asentados en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), acuerdo vinculante del cual México es parte signataria”.