Preocupante, la desaparición del CENACE: Carlos Ramírez Elizondo

Lo verdaderamente preocupante de la reforma constitucional en materia eléctrica que está promoviendo el gobierno federal es la desaparición del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como organismo autónomo, consideró Carlos Ramírez Elizondo, socio líder de Ramírez & Zenil Abogados y Consultores.

Lo anterior, debido a que es el ente que verdaderamente podría garantizar la existencia de un mercado eléctrico en el país, incluso con la asignación de porcentajes que el Ejecutivo federal pretende dar a la iniciativa privada y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En este sentido, el abogado especializado en el sector energético recordó que la reforma limita la participación de los privados en hasta un 46% del mercado de la generación eléctrica, mientras que otorga a la CFE por lo menos el 54% restante.

“La única manera en que podrían hablar de que existe un mercado es que exista el Cenace”, dijo Ramírez Elizondo a Energía a Debate. “Si dices que el Cenace entra dentro de la CFE, no hay mercado, es CFE. Sería falaz”, agregó.

Destacó que, a diferencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Cenace sí es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, por lo que no pertenece al Poder Ejecutivo aun cuando sí es parte de la Administración Pública Federal.

Por ello, a pregunta expresa sobre la gravedad de la absorción de la CRE y de la CNH por parte de la Secretaría de Energía, como lo plantea la reforma presidencial, el abogado señaló que lo grave es la desaparición del Cenace como organismo autónomo.

“Ese no es el verdadero tema de fondo”, dijo sobre la CRE y la CNH. “Lo que es verdaderamente preocupante más bien es que desaparezca al Centro Nacional de Control de Energía”, aseguró.

En este mismo sentido, Carlos Ramírez evocó el principio constitucional de los pesos y contrapesos, necesarios para la construcción de una verdadera democracia. “En la medida en que no haya un contrapeso para la CFE, estás borrando de golpe la democracia”, subrayó.

“Si tienes un mecanismo de pesos y contrapesos para el mercado eléctrico, tienes más posibilidades de que efectivamente haya una democracia. De lo contrario, ni siquiera la puedes ponerlo en la mesa porque no existe”, agregó.

En opinión del especialista, quien también se desempeñó como director jurídico del Cenace en el periodo 2015-2021, la iniciativa de reformas en materia eléctrica pone a la CFE en el estatus de “órgano constitucional autónomo”, aun sin llamarlo como tal pero en los hechos fungirá como juez y parte en la industria eléctrica.

Consideró como falso el argumento que ha manejado el gobierno federal de que habrá un verdadero mercado en ese 46% otorgado a los privados, ya que en el texto de la reforma no aparecen mecanismos de control, ni de vigilancia en las adquisiciones y compras de energía. Más allá, exenta a la empresa eléctrica estatal de los candados que la propia Constitución establece para las adquisiciones.

“Es mentira”, enfatizó. “Si quiere te compra como generador; si no quiere, no te compra. Y como no hay reglas en temas de adquisiciones, porque la propia propuesta de reforma la exenta, no hay un tema de competencia”.

De ahí que el abogado resaltó el papel del Cenace. “Era quien suscribía los contratos con los participantes del mercado, hacía los estudios y pagaba y cobraba las cantidades que se ofertaban en el mercado”.

AMPAROS

El abogado Ramírez Elizondo también fue cuestionado sobre las posibilidades de los privados que considerarán que están siendo violentados sus derechos y ven peligrar sus inversiones en el país.

Como especialista, recordó también que los amparos no proceden contra disposiciones establecidas en la Constitución, como lo determina la propia Ley, pero dijo que estas protecciones sí procederían ante actos que modifique la CFE.

“No hay amparo contra la reforma constitucional”, manifestó. “Pero sí contra todos los actos que deriven de esta reforma constitucional que ejecute la CFE”, agregó y consideró que en un futuro es probable que también haya acciones legales promovidas en las Cortes Internacionales de arbitraje.

En este renglón, la firma que representa Ramírez Elizondo también ha hecho un llamado para que los participantes de los recientes foros de Parlamento Abierto para analizar la reforma constitucional analicen “con conciencia” cada uno de los artículos transitorios de la propuesta, toda vez que “se podría incurrir en afectaciones al patrimonio nacional, ya que el Estado tendría que pagar indemnizaciones millonarias no contempladas, a las partes afectadas, si se aprueban en los términos que están redactados”.

Indicó que entre las muchas áreas de oportunidad que se observan en los transitorios, el inciso a) del artículo segundo transitorio deja sin efecto los permisos otorgados con anterioridad a las empresas generadoras de energía eléctrica.

Al respecto, abundó en que una central eléctrica privada que actualmente tiene sus permisos, al día siguiente que se publique la reforma constitucional ya no los tendrá y tampoco tendrá ningún mecanismo para que se le reparen los perjuicios.

“Si ésta tiene contratos con terceros, generará incumplimientos, lo que provocará un efecto dominó, impactando incluso al sistema financiero (bancos, seguros, etc.) como uno de los muchos afectados, como clientes y proveedores, así como trabajadores”, advirtió.

También barajó la situación de que la propia CFE estará impedida para comprar energía eléctrica al día siguiente de la publicación de la nueva norma constitucional, ya que los contratos habrán expirado ese mismo día.