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Por primera vez en cinco mesas de diálogo dentro del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, un opositor a la reforma presentó una alternativa regulatoria con puntos clave que fortalezca la postura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el país, sin la necesidad de aplicar un cambio constitucional.
En la quinta mesa del ejercicio organizado por la Cámara de Diputados, Francisco Barnés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores, presentó ante los asistentes una propuesta que incluye 10 puntos que permitirán a la empresa productiva del Estado mejorar su posición dentro del mercado eléctrico y robustecer su labor social.
Para el exrector de la UNAM, es innegable que los sistemas eléctricos de cualquier país deben estar en permanente revisión.
“Hay dos factores que imponen la necesidad de revisar una y otra vez las reglas de operación de los sistemas eléctricos, por lo que su marco jurídico requiere de gran flexibilidad: los grandes avances de la tecnología que alteran de manera continua la conformación y la operación de los mercados eléctricos y la imperiosa necesidad de detener el cambio climático que está obligando a todas las naciones del mundo a tomar cada vez más radicales para sustituir las energías fósiles con energías limpias”, dijo en su primera intervención en el foro titulado Creación de CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica.
Para el exsubsecretario de Energía en el sexenio de Ernesto Zedillo, regresar a un modelo que resultó exitoso hace 60 años y dejarlo amarrado en la Constitución es un error de “consecuencias incalculables”.
No obstante, Barnés presentó una alternativa de reforma con 10 puntos que se centran en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
El primero de ellos consiste en que la empresa productiva del Estado sea la única que pueda encargarse del Suministro Básico de energía en el país, lo que incluye a todos los usuarios que no sean considerados como “usuarios calificados”.
En segundo término, el especialista propone reintegrar a la CFE como una sola empresa. Actualmente, la compañía está dividida en siete empresas subsidiarias, aunque Barnés consideró necesario mantener a CFE Distribución y CFE Transmisión por separado para transparentar los costos del operador.
Para incrementar la participación de la empresa en el sistema eléctrico, Barnés de Castro propuso que en las leyes secundarias del sector se establezca que la CFE puede usar sus plantas de generación para cubrir la demanda de Suministro Básico, sin la necesidad de recurrir a subastas eléctricas, es decir, sin la obligación de comprar la energía más barata de acuerdo con el mercado.
En este mismo punto, establece que se puede otorgar a la empresa el derecho de celebrar con el sector privado contratos de largo plazo mediante licitaciones abiertas o subastas públicas, o adquirir sus faltantes a través del Mercado Eléctrico Mayorista.
En relación con la actual propuesta de reforma, Barnés de Castro sugirió evitar por decreto la eliminación de los permisos legados, que fueron entregados al amparo de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, mientras estén vigentes los contratos de interconexión, con la excepción de los permisos que los tribunales determinen que violaron la Ley, previa denuncia por parte de las autoridades.
En quinto lugar, el ingeniero químico por la UNAM sugirió que el despacho eléctrico debe mantenerse con el criterio de costos marginales, es decir, el despacho de la energía más barata primero, salvo en los casos de las centrales eléctricas que tengan costos de energía contratada por la CFE, que deberán basarse en las tarifas establecidas en los acuerdos contractuales.
Para el especialista, no es necesario desaparecer los Certificados de Energías Limpias (CEL), pero sí modificar su estructura legal.
El marco vigente establece que los CEL solo pueden ser entregados a las plantas de energía renovable que fueron construidas después de la implementación de la reforma del sexenio anterior.
En cambio, Barnés de Castro sugiere entregar los certificados a todos los generadores de energía limpia, sin importar la antigüedad de la planta.
Además, pidió vincular los porcentajes anuales de los certificados en línea con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética y con las metas que comprometió el país en los acuerdos internacionales.
Para el especialista, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá mantenerse como un regulador independiente, encargado de otorgar permisos y autorizar las tarifas de transmisión y distribución de electricidad, así como las tarifas que cobra la CFE a los usuarios de Suministro Básico, al tiempo que la autorización de los subsidios a las tarifas debe quedar en manos de la Secretaría de Hacienda.
En otro punto, asegura que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) debe mantener la obligación de regular el despacho eléctrico y el manejo del Mercado Eléctrico Mayorista, al tiempo que debe mantenerse como un regulador independiente y fuera de la Comisión Federal de Electricidad.
Estos dos apartados van en contra de lo que propone la iniciativa de reforma presidencial, que establece que todos los reguladores autónomos del sector deben regresar a la Secretaría de Energía, en el caso de la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y a la CFE, en el caso del Cenace.
Finalmente, aseguró que la planeación del sector debe mantenerse como responsabilidad de la Secretaría de Energía, en la cual deberá incluir la expansión de capacidad para generar la energía que demande el Suministro Básico.
