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El ministro Javier Láynez propuso a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmar el amparo que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó en noviembre de 2021 a seis empresas privadas de energías renovables, contra siete artículos fundamentales de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que fue propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso en marzo de 2021.
Este proyecto, que declararía inconstitucional el cambio, se discutirá en el Máximo Tribunal el 27 de septiembre.
El proyecto congela el artículo 26 de la LIE, que ordena dar preferencia al despacho de energía generada por centrales de la CFE.
También incluye un amparo contra el artículo 4, que da prioridad a los “contratos con compromiso de entrega física”, que son imposibles para generadores eólicos y solares, debido a las características de generación de energía.
El argumento, señala el proyecto, es que la reforma está pensada para disminuir la competencia en la generación de electricidad y favorecer a un determinado grupo de empresas, en perjuicio de los demás participantes del mercado.
Agrega que decidir que el despacho favorezca a un determinado grupo de centrales distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia en en la generación de energía eléctrica, lo que afecta la participación de nuevas empresas en el mercado y rompe con el mandato de neutralidad otorgado al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
El amparo no implica que la Corte invalidará automáticamente la reforma, pero en la medida en que las empresas ganen sus demandas de amparo contra el cambio constitucional, los cambios a la LIE serán inoperantes y el gobierno tendrá que aplicar la ley anterior.
