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La Fiscalía General de la República (FGR) inició con el proceso de desclasificación del caso Odebrecht, que implicó a funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexicano en un caso internacional de soborno en el que la empresa de origen brasileño pagó dinero de forma ilegal para obtener contratos con Pemex.
Como parte del proceso, ordenado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el organismo liderado por Alejandro Gertz Manero publicó en su página de internet el listado de los funcionarios interrogados por este caso, una lista que incluye 22 personas relacionadas con Petróleos Mexicanos al momento de los ilícitos.
Este caso es el que mantiene bajo prisión al exdirector de la empresa, Emilio Lozoya Austin, quien fue extraditado a México en enero del año pasado, desde España.
En noviembre del año pasado, el Inai ordenó a la FGR dar a conocer el listado de funcionarios y exfuncionarios llamados a declarar por esta investigación, bajo el folio de expediente RRA 11863.
De acuerdo con la resolución del Inai, la información de la FGR deberá incluir de forma desglosada el nombre del funcionario, fecha y lugar de los interrogatorios a los involucrados en las pesquisas, así como las acusaciones que enfrentan. En esta lista aparece Lozoya Austin.
La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, sostuvo que transparentar esta información es sin duda relevante para el país y para la región, a fin de visibilizar qué tan costosa puede ser la corrupción, pero también para poder descubrir sus mecanismos, actores y hechos delictivos.
Hasta el momento, la Fiscalía solo publicó el nombre de 22 funcionarios y exfuncionarios de Pemex, presuntamente implicados en el caso, (de los cuáles siete siguen en activo, con altos puestos dentro de la empresa, y con sueldos que superan los 100 mil pesos mensuales), el lugar y la fecha del interrogatorio.
En las declaraciones publicadas por la FGR, uno de los interrogados, de quien se desconoce el nombre, porque viene reservado en el documento, aseguró que en el gobierno anterior había prisa por acelerar contratos para la refinería de Tula con Odebrecht.
“Yo lo que recuerdo es que del área usuaria existía una presión de tiempo para cumplir con los tiempos de ejecución del proyecto de Tula, porque había otros contratos concatenados con este”.
El interrogado negó que hubiera recibido una compensación económica para acelerar los procesos.
De acuerdo con la resolución del INAI, la fiscalía tendrá la obligación de hacer actualizaciones trimestrales sobre el expediente completo del caso, así como publicarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia y la primera fecha límite era hoy, sin que hasta el momento, se haya publicado la carpeta de investigación completa.
