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Estados Unidos advierte que la regulación mexicana en el sector energético y los cambios que promueve el gobierno federal ponen en riesgo al menos 10 mil millones de dólares en inversiones de empresas estadounidenses, la mayoría de ellas en el sector renovable.
El jueves de la semana pasada, la titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Katherine Tai, envió una carta dirigida a Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía.
En la misiva, que fue enviada el mismo día que llegó a México el Enviado Especial para el Cambio Climático de Estados Unidos, John Kerry, Tai advierte que el gobierno de Estados Unidos “ha sido muy claro” respecto a que los acuerdos establecidos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) también aplican al sector energético nacional.
“En el corazón del T-MEC, hay obligaciones centrales respecto al comercio y las inversiones, incluyendo aquellas relacionadas con un trato no discriminatorio. Por mucho tiempo, el Gobierno de Estados Unidos ha expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos, regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México, pues violan estas obligaciones centrales, incluyendo los cambios de 2021 en la Ley de la Industria Eléctrica”.
“También hemos sido muy claros que el T-MEC también aplica al sector energético mexicano, y hemos sido sinceros con la Secretaría de Economía sobre nuestras preocupaciones. No somos capaces de ignorar el creciente grupo de accionistas que también nos están expresando sus preocupaciones, desde ONG ambientalistas, miembros del Congresos, asociaciones de negocios y empresas pequeñas y grandes”, advierte la carta.
En las mesas del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, que tuvieron lugar entre febrero y marzo de este año, abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguraron en diferentes espacios que la iniciativa no iba en contra del espíritu del T-MEC y que no era violatoria, pues se había reservado el apartado energético del marco legal del acuerdo trilateral.
Este mismo argumento ha sido esgrimido en diferentes ocasiones por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la carta de la representante comercial de Estados Unidos abunda: “desafortunadamente, mientras hemos tratado de ser constructivos con el Gobierno Mexicano en señalar estas preocupaciones, no ha habido un cambio de política pública en México y las compañías estadounidenses siguen recibiendo un trato arbitrario sobre 10 mil millones de inversiones estadounidenses en México, muchas de ellas en instalaciones de energías renovables, están hoy en más riesgo que nunca”, advierte la misiva.
Tai remató al señalar nuevamente que “considerarán todas las opciones disponibles en el T-MEC para resolver estas preocupaciones. Por ello, urjo a su gobierno que detenga estas preocupantes acciones y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores estadounidenses están protegidos”.
El viernes de la semana pasada, el presidente de México dijo en su conferencia de prensa matutina que la reunión con John Kerry había sido “amistosa y necesaria” y que su gobierno estaba atendiendo las preocupaciones de las empresas estadounidenses.
“Estamos dispuestos a atender a las empresas del sector energético de Estados Unidos, sin actuar de manera injusta y arbitraria. Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país, porque consideramos que es imprescindible y benéfica la integración económica y comercial entre las dos naciones, con respeto a nuestras soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción. Vamos a continuar así”, dijo el mandatario al día siguiente de recibir la carta y de su reunión con John Kerry.
