Reconocen atrasos en la Agenda 2030

Legisladores y organizaciones de la sociedad civil (OSC) reconocieron que en México existen retrasos en la implementación de políticas públicas relacionadas con la Agenda 2030, aunque también destacaron que ya hay avances en otros mecanismos, como el llamado Acuerdo de Escazú.

El diputado Ángel Domínguez Escobar, del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que existen retrasos en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo que urgió a “aterrizar” acciones en políticas públicas y no solo discutirlas.

“(Esto) constituye un gran reto y responsabilidad, ya que el tema del medio ambiente no debe tener color y se deben concretar tareas específicas para que se deje un precedente a las nuevas generaciones”, destacó.

El diputado Domínguez participó en la Mesa de Diálogo “Implementación del Acuerdo de Escazú desde el Legislativo”, celebrado el día de ayer y organizado por la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara baja.

El evento, que contó con la participación de diputados, senadores, representantes de OSC ambientalistas y defensores de los derechos humanos, tuvo como fin escuchar las propuestas de los diversos actores para enriquecer el marco legal del Acuerdo.

En su participación, Melissa Hernández, de la sociedad civil Latinas For Climate, afirmó que, pese a los avances en materia legislativa relativas al Acuerdo, falta mucho en materia de derechos de acceso a la información y a la incorporación de disposiciones internacionales, sobre todo hacerlas aplicables y compatibles para México.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento firmado en 2018 por los países de la región de América Latina. Tiene como objetivo garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica, incluido El Caribe.

El documento lleva por nombre “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” y fue suscrito en la ciudad de Escazú, Costa Rica, para entrar en vigor el 22 de abril de 2021.

El Acuerdo, que tiene su raíz en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, busca vincular los marcos mundiales y nacionales para establecer estándares regionales y crear capacidades de cooperación, principalmente Sur-Sur.

De la misma forma, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.

La Mesa de Diálogo, por tanto, también tuvo como finalidad analizar la forma de garantizar la información, participación y justicia en temas ambientales, así como que los ciudadanos participen en la toma de decisiones sobre los proyectos que realice el gobierno relacionados con el medio ambiente, tales como los agroindustriales, energéticos, mineros o de expansión urbana, además de las condiciones de contaminación que tiene el aire y agua en el país.

“Las leyes en papel suenan muy bonito, las normas y reformas también, pero de eso a hacerlas aplicables en cada uno de los países y que funcionen en México es lo más importante”, agregó Hernández.

Cabe recordar que en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha discutido un proyecto de fallo promovido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre si las OSC pueden ingresar solicitudes de amparo referentes a temas de protección del medio ambiente, lo que generó una contradicción de tesis al interior de la Corte.

En su oportunidad, Olimpia Castillo Blanco, de la organización Comunicación y Educación Ambiental, subrayó que el Acuerdo en México ya está en etapa de implementación, por lo que puso el foco en la armonización legislativa.

En este sentido, Castillo consideró como un logro el hecho de que la red de organizaciones interesadas se ha ido extendiendo, lo que permite avanzar en el proceso legislativo para que se incorporen temas como la perspectiva de género, acortar las brechas que limitan el acceso a la información de las mujeres, la incorporación de los jóvenes, los pueblos y comunidades indígenas, además de los defensores de los derechos ambientales.

En la Mesa participaron asimismo representantes de las asociaciones Toktlí, Kintiltik, Youth Building The Future Global, Engenera, Asociación Anauatlali, Acción Ecológica, Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y Earth Law Center, entre otras.

La diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Edna Gisel Díaz Acevedo, y presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, se comprometió a que esa Comisión analizará las propuestas y las opiniones expresadas en la Mesa, así como impulsar un foro en el que también participen dependencias de gobierno, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, entre otros, incluyendo un capítulo especial para defensores ambientalistas y periodistas.