Reconocen defensores de la reforma que sí habrá indemnizaciones

(Humberto Morales, especialista de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP). Foto: Captura de pantalla)

Humberto Morales, especialista de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) que se pronunció a favor de la iniciativa, reconoció que el país tendrá que pagar las indemnizaciones correspondientes a las cancelaciones de los contratos eléctricos otorgados a los privados, aunque descartó que esto vaya a causar un impacto en la inversión, pues hay contratistas del gobierno federal que siguen viendo a México como un buen negocio.

Las declaraciones del catedrático en la quinta mesa del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, que se realiza en la Cámara de Diputados, contrastan con la postura del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien en diferentes ocasiones ha negado que el país tenga que pagar indemnizaciones a las empresas que se les cancelen los contratos.

Por su parte, Tonatiuh Martínez Aviña, profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que es preferible pagar tres mil millones de dólares de indemnizaciones, cálculo que presentó en la Cámara de Diputados, antes que la CFE siga perdiendo más de 200 mil millones de pesos anuales por no despachar toda su capacidad de generación en el sistema.

Además, pidió dejar de lado el argumento de la salida de inversiones, pues, dijo, hasta el momento, ninguna empresa privada que haya amenazado con irse del país ha retirado “un solo euro”.

Morales añadió que seguramente el gobierno mexicano buscará negociar “de manera amistosa” con el sector privado, pues existen antecedentes con buenos resultados en la modificación de contratos, al tiempo que consideró que existen empresas que preferirán “dar carpetazo”, antes que enfrentar un litigio, debido a que saben que hicieron contratos fuera de la ley.

Ambos expertos consideraron que es necesaria una reforma constitucional, debido a que el sector privado se ha amparado contra los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, la legislación secundaria del sector, cosa que no se puede realizar con un cambio constitucional.

En el foro titulado Creación de CFE y  electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica,

Humberto Morales descartó que el cambio a la Constitución sea un acto autoritario, debido a que está en la facultad del Congreso modificar la Carta Magna del país.

Sin embargo, para los especialistas que se oponen a la iniciativa de reforma, los cambios constitucionales propuestos son autoritarios, pues son retroactivos y tienen el único propósito de evitar que el sector privado pueda defenderse de decisiones arbitrarias.

Mónica Rodríguez Díaz, consultora senior en materia energética de Integralia Consultores, consideró que el cambio constitucional sí refleja actos autoritarios, pues la cancelación de contratos se establece en un artículo transitorio de la iniciativa y sin la presentación de evidencias documentales que sustenten actos ilegales.

Por su parte, Francisco Barnés de Castro, socio director de Cifra2 Consultores, advirtió que las condiciones actuales de la iniciativa de reforma constitucional, convertirán a la CFE en un monopsonio y un monopolio, lo que faculta a la empresa para imponer las tarifas que paga para comprar electricidad, como comprador único del mercado, así como los costos finales.

Para Óscar Moreno Silva, abogado especializado en proyectos de Infraestructura y Regulación Energética de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), las suspensiones que otorgó el Poder Judicial de la Federación a la Ley de la Industria Eléctrica se deben a que los juzgados detectaron actos violatorios.