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Especialistas ambientales y legisladores del país acusaron que el gobierno federal prefiere invertir en subsidiar el consumo de gasolinas y de las plantas contaminantes de la CFE que invertir en ciencia y tecnología que permitan al país transitar hacia un modelo basado en energías renovables, lo que puede causar un incremento que va de 15 a 42 por ciento en el costo de generación de electricidad.
Durante el foro Diálogos sobre el Impacto de la Reforma Eléctrica al Bienestar, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México, Clima y Energía (PMCE), aseguró que el impacto de la reforma eléctrica repercutirá en el costo de generación que puede incrementarse hasta 42 por ciento.
El especialista asegura que solo en el mercado de autoabasto, una de las figuras más atacadas por el gobierno federal, los incrementos en las facturas serán de 15 a 30 por ciento.
“No hay una forma con la actual política energética y menos con la reforma eléctrica que pudiera cumplirse con los acuerdos internacionales y se darían pasos atrás”, añade el especialista.
Ramírez añade que está iniciativa puede desembocar en sanciones contra el país en el marco del T-MEC.
“México al no cumplir con sus obligaciones internacionales se haría acreedor de forma unilateral a recibir sanciones como la imposición de aranceles, lo cual sería una piedra más a la competitividad del país”, advierte.
La reforma implica la salida de cinco mil megawatts de capacidad, lo que significaría un retroceso enorme y “dilapidar” toda la energía conectada en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
Durante el encuentro, Mirza Flores, diputada federal de Movimiento Ciudadano, aseguró que la Cuarta Transformación apuesta por los combustibles fósiles.
Prueba de ello, aseguró Mirza Flores, es que en el último año se han destinado más de 57 mil millones de pesos en subsidiar el precio de la gasolina.
Esto equivale a un monto 18 por ciento superior a los 46 mil millones de pesos otorgados para la construcción de Dos Bocas este año, así como 46 veces el dinero que gastó el gobierno federal en el reparto de leche a personas vulnerables a través de Liconsa, enumeró la legisladora.
Flores aseguró que este es el peor momento para poner por encima la inversión en combustibles fósiles sobre el desarrollo de ciencia y tecnología, pues la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo restará confianza a los empresarios que quieran invertir en el país, mientras el mundo lidia con la peor crisis económica desde 1930.
“México al no cumplir con sus obligaciones internacionales se haría acreedor de forma unilateral a recibir sanciones como la imposición de aranceles, lo cual sería una piedra más a la competitividad del país”
Víctor Ramírez, vocero de PCME
Además, la legisladora recordó que en 2020, la CFE perdió más de 78 mil millones de pesos, debido a la variación del tipo de cambio.
En su intervención, Gustavo Alanis, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), mencionó que es complicado que México alcance sus objetivos de cambio climático, debido a que la administración federal sigue impulsando las carboeléctricas, termoeléctricas y la construcción de refinerías nuevas.
Víctor Ramírez añadió que para cumplir con los Acuerdos de París, México tiene que instalar tres mil 500 MW cada año, mientras que el gobierno solo instalará mil 400 MW hasta que acabe el sexenio, lo que representa menos de 10 por ciento de lo que requiere el país.
El problema, dice el presidente del Cemda, se agrava con la propuesta de eliminar los Certificados de Energías Limpias (CEL), pues ya no habrá incentivos para invertir en el desarrollo de fuentes renovables.
“Podremos incumplir los Acuerdos de París, particularmente con las NDC, así como la Ley de Transición Energética”, dijo el líder ambientalista.
Añadió que en el país mueren cada año 14 mil personas por enfermedades relacionadas con la mala calidad del aire, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que se puede agravar si pasa la reforma, pues mantiene su foco en la explotación de carbón y combustibles fósiles.
DEFIENDEN AUTOABASTO
En una segunda mesa, Gabriel Quadri, aseguró que los contratos de autoabasto no son ilegales y solicitó al gobierno federal evitar la eliminación de la figura.
El legislador recordó que el objetivo de estos contratos era incrementar el mercado para que hubiera más opciones para contratar el abasto de energía, por lo que la figura no es ilegal, pese a que la morenista Patricia Armendáriz, quién también participó en el foro, aseguró que el modelo implica evasión y defraudación fiscal.
“Si hay esos delitos, que el gobierno los investigue y los persiga, pero no tiene por qué desaparecer la figura”, respondió Quadri a la legisladora morenista.En este sentido, el presidente de Coparmex, José Medina Mora Icaza, quien moderó el segundo panel del foro, en el que participaron diputados de todas las bancadas políticas, pidió a los legisladores considerar las correcciones pertinentes para permitir que la figura siga funcionando.
Además, la priista Blanca Alcalá no cerró la puerta a hacer cambios en la ley, debido a que consideró necesario contar con respuestas claras y realizar un análisis objetivo de la Reforma Eléctrica y mencionó que “todas las leyes son perfectibles”.
