Reforma energética. ¿Un tema de seguridad nacional?

En México, como en varios países de Latinoamérica, estamos viviendo una violencia institucional disfrazada de democracia. Hemos visto el surgimiento de líderes populistas que generan el enfrentamiento maniqueo entre el pueblo y el sector privado, éste último puesto como el culpable de todos los males.

Los que se dicen defensores del pueblo mexicano declaran seguridad nacional a cualquier tema de interés gubernamental como lo hicieron con la iniciativa de reforma eléctrica, ya que aseveran que la reforma del 2013 afectó los intereses nacionales y benefició únicamente a los privados.

Sin embargo, si bien el Estado-Nación busca lograr sus “aspiraciones nacionales” a través de la seguridad nacional para poderlas alcanzar, el aparato del Estado debe hacer valer el Estado de Derecho, la soberanía, así como el control sobre sus áreas estratégicas –entre las cuales figura la planeación energética–, que son la fuente de donde emanan los “objetivos nacionales permanentes”, y es aquí donde deja de cuadrar el discurso de este gobierno.

Los “objetivos nacionales permanentes” son imprescriptibles, irrenunciables y deben ser aceptados por el Estado-Nación como lo es el acceso continuo y seguro a la energía para cubrir la demanda creciente de la población, esto sin importar el partido o la persona que llegue al poder. Sin embargo, los gobernantes planean alrededor de “los objetivos nacionales coyunturales” que generalmente plasman en su Plan Nacional de Desarrollo y en su Programa para la Seguridad Nacional y esto es el punto de quiebre, en el que se disputan las ideologías políticas entre el nacionalismo o el liberalismo; entonces “los objetivos coyunturales” se convierten en meras políticas del gobierno en turno que distan mucho de ser políticas públicas que el Estado requiere, ya que solo se implementan en función de los intereses del grupo en el poder.

El debate público y el objetivo del gobierno en turno debería ser identificar el mejor camino para garantizar la seguridad en la generación eficiente y el suministro de la energía, sin importar su origen, que permita erradicar la pobreza energética, lograr que la energía sea asequible, accesible y sustentable para todos los mexicanos, e incluso aceptar nuestra responsabilidad como país en un entorno global para cumplir con las metas de la reducción de los gases efecto invernadero y del combate al cambio climático.

Ahora bien, las cabezas de sector energético han señalado que la reforma del 2013 atenta contra la seguridad nacional y ha sido una tragedia para la vida de los mexicanos. Sin embargo, si analizamos los transitorios de la actual iniciativa, se percibe una falta de planeación que puede ocasionar un verdadero riesgo en para la viabilidad del Estado Mexicano en materia de energía. El Primer Transitorio indica que “el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF” y en el segundo que el Estado tomará el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la CFE, que todos los permisos y contratos de privados serán cancelados y, por si fuera poco, señala que “…se adoptarán las medias que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el decreto”.

Este último punto nos debe llevar a preguntarnos, ¿cuál es el plan de acción del gobierno? Será capaz de emplear el uso legítimo de la fuerza para operar directamente las plantas generadoras de los privados o al menos el 16% de éste que es el porcentaje que deberán reducir los privados para mantener solo el 46% del mercado de generación. “Negociar” con los privados para que se unan al SEN controlado por el Estado a través de la CFE, o forzarlos a operar en la inconstitucionalidad a fin de que no se impacte la confiabilidad del sistema eléctrico con un magno apagón y se exponga la vulnerabilidad de la seguridad energética del país sin la participación privada.

Al no tener un periodo de implementación, esta transición planeada o no, puede generar una crisis real de seguridad nacional al poner por encima los “objetivos nacionales coyunturales” de los “objetivos nacionales permanentes”, así como generar una falta de credibilidad en el Estado mexicano a la hora de firmar convenios y contratos.

(Este artículo se publicó este mismo en día en el periódico Reforma)

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