Reformas al sector eléctrico contradicen tratados internacionales: BBVA 

El banco BBVA advierte que los cambios impulsados por el gobierno federal en el sector eléctrico son contrarios a los compromisos internacionales del país, lo que pone en riesgo de pagar indemnizaciones mayores.

“La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, así como el proyecto de reforma constitucional que busca hacerla viable, se ubican en clara contradicción con los compromisos internacionales de México en tratados comerciales y de protección de inversionistas. Lo anterior, aumenta el costo (en indemnizaciones y represalias comerciales) de una iniciativa que, en caso de ser aprobada, minaría la confianza de los inversionistas en el país, al tiempo que produciría energía eléctrica más cara y contaminante, perjudicando a toda la actividad económica, a los hogares y al erario”, señala la institución financiera en el estudio  Reforma eléctrica y tratados internacionales.

Los economistas Alfonso Gurza, Gabriela López y Carlos Serrano recordaron que la LIE fue aprobada en marzo de 2021; donde se modificó el orden de despacho de la electricidad, dando prioridad a la CFE.

También elimina la obligación de CFE  de comprar electricidad a través de subastas organizadas por el Centro Nacional de Control de Energía, entre otros cambios.

Al respecto, BBVA Research detalla que derivado de una serie de juicios de amparo promovidos para combatir la inconstitucionalidad del Decreto de Reforma LIE, los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializados en Competencia Económica de la Ciudad de México, otorgaron diversas suspensiones definitivas en su contra.

Como respuesta, las autoridades mexicanas, como la Secretaría de Energía, recurrieron dichas suspensiones ante diversos juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, los cuales otorgaron la revocación de varias; sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó frenar los juicios de amparo, hasta resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por los diversos Senadores del Congreso de la Unión.

El jueves pasado, la SCJN finalmente resolvió la materia, alcanzando únicamente siete votos a favor de la inconstitucionalidad de la Ley respecto del despacho de electricidad y consideraciones medioambientales, no los ocho necesarios para declarar su invalidez y establecer un precedente obligatorio, vinculante para todos los tribunales.

Así, se deja abierta la puerta para que los amparos pendientes, así como los que se acumulen, sean resueltos caso por caso.

El banco también recordó que el Ejecutivo envió la iniciativa de reforma constitucional al Congreso en octubre del año pasado, con objetivos como  establecer a la electricidad como área estratégica y convertir a la CFE en organismo del Estado (ya no “empresa productiva”) responsable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de su planeación y control (funciones hoy a cargo del CENACE que se reincorporaría a la CFE). 

Daños internacionales

El banco advierte que la iniciativa de Reforma Eléctrica en sus términos actuales contiene diversos aspectos incompatibles con los compromisos internacionales adquiridos por México.

En este sentido, aclaró que la designación de la CFE como organismo estatal encargado del control y planeación del sistema eléctrico, concentraría en un sólo organismo el grueso de la generación de electricidad y la regulación del sector, haciendo de CFE juez y parte en la industria.

Para el banco, otro de los puntos violatorios es que la asignación arbitraria de al menos 54% del mercado a CFE, así como las implicaciones que el decreto constitucional tendría sobre el orden de despacho (prioridad a CFE y relegación dE  renovables), asignarían a dicha Comisión una posición dominante en el mercado (además de su control y planeación), una situación incompatible con las expectativas competitivas previstas en los tratados internacionales que prohíben otorgar un trato preferencial a una empresa local sobre la de los demás países firmantes.

A lo anterior, se suma al abandono del requisito de adquirir electricidad mediante subastas y la integración vertical y horizontal de CFE (que disminuye la transparencia y reintroduce subsidios cruzados, generando ineficiencias y otorgándole poder de mercado), para configurar un escenario claramente sesgado a favor de dicha Comisión Federal, en contra de la libre competencia, de los intereses de inversionistas y consumidores y de las reglas de juego pactadas.

Los especialistas de BBVA señalan que los capítulos sobre Empresas del Estado y monopolios designados, tanto del TMEC, como del TIPAT, establecen que dichas empresas estatales deben actuar de acuerdo a consideraciones comerciales de manera no discriminatoria en sus compras y ventas de bienes o servicios, lo que a todas luces resulta incompatible con la pretensión de limitar las compras de electricidad a privados por parte de CFE y de alterar el orden de despacho.

Derivado de las violaciones a los compromisos de los tratados, los inversionistas tienen la facultad de acudir ante paneles internacionales que, por la naturaleza de la iniciativa, tendrán altas probabilidades de resultar en laudos desfavorables para México y traducirse en el pago de compensaciones considerables.

Recientemente, la Representante Comercial de EU, Katherine Tai, estimó en 10 mil millones de dólares las inversiones estadounidenses en riesgo por la reforma.

“El gobierno mexicano puede modificar las reglas del juego del sector eléctrico como pretende, sin embargo estas acciones vulneran claramente lo establecido por los tratados comerciales, por lo que los costos serán altos y no sólo en términos de energía cara y contaminante, indemnizaciones y represalias, sino también en el daño tanto a la reputación del país como socio confiable, como al ánimo de los inversionistas nacionales y extranjeros”, mencionó el estudio.