Advierte IMCO sobre cambios en el despacho eléctrico

Ulises Juárez / Energía a Debate

El cambio de modelo en el despacho eléctrico propuesto por la actual administración federal en donde se privilegien las centrales hidroeléctricas y después las que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acabaría en los hechos con el mercado eléctrico mayorista (MEM), además de que tendría consecuencias legales, fiscales, ambientales, de inversión y no habría congruencia con los tratados internacionales, advirtió hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“El anuncio de la CFE de pasar de un modelo basado en criterios de eficiencia económica, donde los costos de generación determinan qué centrales se despachan en qué momento, a un modelo donde se despache primero a las centrales hidroeléctricas, seguido por las demás plantas de la CFE, independientemente de sus costos de generación, significa que el criterio de costos y eficiencia deja de existir”, estimó el Instituto.

Agregó que esto elimina cualquier incentivo para la inversión privada en proyectos de generación, acabando en los hechos con el MEM, con efectos negativos tanto para el sistema eléctrico en su conjunto, como para la economía del país y para el bienestar de los mexicanos, que terminarán pagando el incremento en los costos del sistema, ya sea a través de su factura eléctrica o a través de sus impuestos.

Derivado de la Reforma Energética de 2013-2014, el despacho eléctrico gestionado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), entre sus facultades, se encuentra la de ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y del MEM en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia económica e imparcialidad –esto es, no discriminatorio–, mediante la asignación y despacho óptimos de las centrales eléctricas.

“Esto significa que las centrales se despachan de acuerdo con sus costos de generación, a partir del principio de eficiencia económica”, recordó el IMCO. “La última planta que genera para lograr satisfacer la demanda (la planta marginal, es decir aquella que reporta los costos más altos) es la que determina el precio que se le paga a todos los demás generadores. Esto se conoce como la planta que margina el mercado”, explicó el centro de investigación no gubernamental bajo la dirección de Valeria Moy.

“Esta lógica promueve la eficiencia de las centrales eléctricas que compiten entre sí por tener los costos más bajos y así maximizar su beneficio”, añadió.

Sin embargo, el modelo de la CFE, al mando de Manuel Bartlett Díaz, propone, en este orden, recibir primero la energía de las hidroeléctricas, después el resto de las plantas de la CFE (sin especificar costo de generación ni tecnología), luego la eólica y la solar fotovoltaica de privados, para finalmente despachar la energía de los ciclos combinados privados.

De concretarse este orden beneficiará en primer lugar a los ciclos combinados de la CFE por la capacidad limitada de las centrales hidroeléctricas de cubrir la demanda eléctrica, consideró el IMCO, que citó que en 2018, las hidroeléctricas representaron 18% de la capacidad instalada 12.6 gigawatts (GW) y produjeron el 10.2% (32,362 de GW por hora) del total de energía.

Además, al considerar el factor de planta, el Instituto señaló que, de acuerdo con su potencial técnico, las centrales hidroeléctricas tienen un factor promedio de 30%, más bajo que el de los ciclos combinados de la CFE de más de 300 megawatts (MW) que registran 70%, según datos recabados de los estados financieros de la empresa eléctrica al 31 de diciembre de 2019.

Respecto a las consecuencias legales del cambio en el orden de despacho, el IMCO recordó que la CFE no tiene facultades para definirlo. “Ningún participante del mercado puede usurpar las facultades del operador independiente del sistema que es el Cenace. Cambiar el criterio de despacho es una violación flagrante a la ley e implica necesariamente reformar el artículo 101 de la LIE”, asentó citando la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

En temas fiscales, el Instituto previó que los costos de la energía se incrementarán al priorizarse centrales menos eficientes. Así, el impacto de las tarifas más caras tendrá que ser asumido por las finanzas públicas, los usuarios finales o ambos, en alguna combinación.

Las consecuencias ambientales, por su parte, se verán al relegar las energías renovables después de las hidros y de las otras plantas de la CFE, promoviendo un mayor uso del combustible y del carbón, ambos contaminantes. “Hoy, alrededor de 76% de la generación eléctrica se produce con tecnologías no limpias”, dijo el IMCO.

En cuanto a las inversiones, el nuevo modelo de despacho implica cancelar las privadas en parques renovables, por lo que la CFE quedaría como el único jugador en condiciones de invertir en éstos, aun cuando la empresa pública “no tiene en su cartera de proyectos planes ambiciosos de expansión de la capacidad renovable”.

De igual forma, el bajo compromiso con el medio ambiente y el cambio climático resta competitividad al país, afirma el Instituto. “Cada vez más empresas y fondos de inversión tienen compromisos de invertir y operar bajo criterios alineados con el combate al cambio climático. Esta decisión hace que de entrada México no sea candidato para recibir estas inversiones puesto que no podrían cumplir con la obligación de usar energías renovables en su operación”.

En este renglón, el IMCO subraya que el sector eléctrico es uno de los seis cubiertos en el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado del T-MEC, por lo que la posibilidad de arbitrajes internacionales es real. Asimismo, el capítulo de empresas propiedad del estado prohíbe beneficiar regulatoriamente a una empresa estatal sobre jugadores privados.

Consulte el documento completo en el Instituto Mexicano para la Competitividad.