Cambios en regulación energética generaron desconfianza: Fitch

Redacción / Energía a Debate

Las recientes reformas a las leyes en materia de energía han repercutido en la confianza de los inversionistas privados, debido en que en algunos aspectos han visto afectados sus negocios, dijo esta mañana Charles Seville, analista para México de la agencia calificadora Fitch Ratings.

En un foro organizado por la agencia esta mañana, Seville refirió que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México se han generado políticas públicas que han despertado preocupaciones en la comunidad inversionista extranjera, en referencia a las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos, la primera por lo pronto suspendida por un juez federal.

Asimismo, consideró como débil la gobernanza de México, incluso la más débil entre los países que tienen una calificación ‘BBB’.

Hizo una revisión a la baja de la calificación de soberano de México a ‘BBB-‘, consecuencia de las reformas en los sectores educativos y energéticos que no han generado el crecimiento esperado, comentó el analista.

A mediados de marzo, la calificadora refrendó la calificación y la perspectiva “estable” porque el desempeño de las finanzas públicas ha sido relativamente sólido y hay expectativas positivas para el comercio con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En ese escenario, Fitch elevó la previsión de crecimiento de la economía de 4.2% a 5.0% para este 2021.

Pese al optimismo, la propia calificadora señaló este martes que la recuperación económica de México y los demás países de América Central y El Caribe se retrase, al igual que sus calificaciones, debido a las profundas contracciones económicas en la región y las expectativas de recuperación “moderada”.

Esto se debe, argumentó, en parte a las presiones negativas en las calificaciones que continúan un año después del brote de la pandemia por el COVID-19, expuso en el informe “Un año después de la pandemia: México, América Central y El Caribe”.

“Las finanzas públicas son el factor clave de calificación negativa para la mayoría de los países centroamericanos, ya que la pandemia exacerbó las débiles tendencias fiscales subyacentes anteriores a 2020”, apuntó la calificadora.

Abundó que la relación deuda-PIB aumentó en 12.3 puntos porcentuales en promedio, aunque estos aumentos en Guatemala, México y Nicaragua fueron menores.

También dijo que la recaudación de impuestos en la región va a la zaga de las calificaciones de sus pares, lo que limita la capacidad de los gobiernos para brindar alivio fiscal, apoyar la recuperación económica y, junto con los altos pagos de intereses, indica un espacio fiscal relativamente estrecho.

Añadió que las finanzas externas se fortalecieron durante el año pasado debido a que una fuerte afluencia de remesas y la mejora de las balanzas comerciales llevaron a mayores reservas de divisas, con excepción de El Salvador y Costa Rica.

“El estímulo fiscal de Estados Unidos mejoró el ingreso personal disponible y apoyó el aumento de las remesas de los trabajadores, que proporcionan un financiamiento clave para el consumo privado en la región”, afirmó.