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Ulises Juárez / Energía a Debate
En la actual administración ha habido una captura del poder político sobre los organismos reguladores, especialmente del sector energético, por lo que se ha presentado una interferencia política en sus decisiones, y el caso extremo es el de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que la mantiene inoperante, revela estudio.
“Ha habido una captura del poder político. Normalmente en los reguladores preocupa mucho la captura de los privados, porque son con quienes interactúan en el día a día. Aquí lo que hemos visto es una interferencia política en las decisiones que tendrían que ser autónomas de organismos técnicos reguladores”, afirmó Fernanda Ballesteros coordinadora del área de Competencia y Regulación de la organización no gubernamental México Evalúa.
“Ya ha habido algunos casos, como el de la CRE, donde a partir del nombramiento de todos los comisionados, hecho por esta Administración, se quita un poco la posibilidad de que no estén capturados de esa influencia que ha sido muy grande y que tiene ahorita inoperante a este regulador”, agregó durante la presentación de manera virtual del estudio “Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas”, elaborado por la organización.
“Este es el caso extremo al que tendríamos que tratar de no llegar”, planteó la especialista.
El estudio indica que al final de este año, las empresas productivas del Estado (EPE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), habrán ejecutado en conjunto cerca de un billón 230,000 millones de pesos, esto es, alrededor de 20% del total del Producto Interno Bruto, aun cuando tan solo en el primer semestre de 2020 sus pérdidas sumaron 703,368.6 millones de pesos.
Sin embargo, el documento plantea fundamentalmente que, más allá de la cuestión de finanzas públicas, la situación de las EPE se encuentra también íntimamente relacionada con fallas en sus gobiernos corporativos, así como en las funciones y responsabilidades de las distintas entidades del Estado mexicano en tres de sus facetas: como propietario de Pemex y de CFE; como Estado regulador, sobre todo en el aspecto de neutralidad competitiva, y como vigilante del interés público al llamar a cuentas sobre la responsabilidad corporativa de las EPE.
En el primer aspecto, Ballesteros destacó el conflicto de interés que existe por parte de la titular de la Secretaría de Energía (Sener) porque, por un lado, se encarga de emitir la política energética del país y el rumbo de las EPE, mientras que por el otro lado encabeza sus Consejos de Administración.
Asimismo, en lo que va del actual gobierno, la Sener ha emitido criterios contradictorios en materia de política energética.
Por parte del Poder Legislativo, dijo que no exige una rendición de cuentas de estas empresas, imitándose únicamente a recibir los informes anuales que éstas le mandan, además de que ha quedado pendiente la designación del Comisario en Pemex.
Respecto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tiene facultades sancionatorias acotadas.
Sobre el punto del Estado como regulador de las EPE, el Mapa expone que son 17 entidades de gobierno que regulan directa o indirectamente a las dos empresas.
En este renglón, se enfatiza que la influencia indebida en la autonomía e independencia de los organismos reguladores debilita los elementos de gobernanza regulatoria, como la transparencia y la rendición de cuentas, la claridad de objetivos y evaluación de su cumplimiento, y congruencia entre objetivos y actuaciones.
La desconfianza que lo anterior ha provocado se ha reflejado en una reducción en la Inversión Extranjera Directa (IED) que pasó de los 6,820 millones de dólares registrados en 2018, a solo 1,119 millones de dólares en el primer trimestre de 2020.
Por último, el tercer factor plantea una falta de vigilancia por parte del Estado sobre las EPE y concederles un régimen especial elimina los controles que ejercía el Estado sin que se hayan generado otros que los sustituyan.
Hace hincapié también en que no se considera una evaluación y vigilancia socio-ambiental en el quehacer de las dos empresas, como las repetidas exenciones de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para los proyectos particularmente de Pemex, o las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS), las cuales en constantes ocasiones no se realizan o no con evaluadas correctamente.
Lourdes Melgar, investigadora asociada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, puntualizó que el papel de la ASF es fundamental para combatir la corrupción, precisamente en los temas socio-ambientales.
“Lo que vemos es que en el caso de las EPE parece que no les aplican las regulaciones que sí aplican a otras empresas”, dijo la también ex secretaria de Hidrocarburos de la Sener. “Hay incumplimiento o cumplimiento laxo en responsabilidad de impacto social y en las MIA”, agregó.
Por su parte, Guillermo Zúñiga Martínez, abogado de Transición Energética y Energía Limpia en Earth-Justice, al tocar el tema de la relación del sector energético ante el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, subrayó la importancia de la protección a las inversiones. “Aquí lo importante es que debemos dar el mensaje de que aquí se respetan las inversiones” y resaltó que especialmente las que ya están.
La moderación de la presentación del “Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas” estuvo a cargo de Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Puede ver el video completo de la presentación del documento aquí:
Descargue el estudio completo en la página de internet de México Evalúa.
