Redacción, con información de Reforma
Un juez federal declaró inconstitucional la Política de Confiabilidad que expidió la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 15 de mayo que buscaba poner un freno a las centrales de generación eléctrica privadas con base en energías renovables.
El diario Reforma reportó esta mañana que el juez segundo de distrito en materia de Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, notificó el martes de esta semana la sentencia por la cual amparó a EGP Magdalena Solar, una de las muchas empresas que impugnaron el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación por la dependencia a cargo de Rocío Nahle García.
Esta sentencia se emitió dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgara por unanimidad la suspensión por tiempo indefinido de la llamada “Política Nahle”, recurso promovido por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La sentencia del juez Gómez Fierro se suma a una serie de reveses que han tenido los intentos regulatorios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para sacar del sistema eléctrico nacional la energía producida por centrales privadas, en particular, de energía solar fotovoltaica y eólica.
La semana pasada, de hecho, el mismo juzgador resolvió otorgar una suspensión definitiva a todas las empresas que se ampararon contra el llamado “electrolinazo”, un incremento de más de 800% a las tarifas de porteo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les aplicaría y que fue aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Entre los argumentos del juez Gómez Fierro plasmados en su sentencia de ayer se encuentra que, por el impacto en las empresas privadas que participan en el SEN, el Acuerdo de Nahle García debió haber pasado por un proceso de mejora regulatoria, “lo que fue ignorado por el Gobierno”, citó Reforma.
El 13 de mayo, la Sener envió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de Acuerdo con la intención de que fuera exentado de la verificación de impacto regulatorio, que puede tardar varios meses e incluye una consulta pública, pero dicha exención fue negada.
Dos días después, la Sener de todos modos publicó el Acuerdo en la edición vespertina del Diario Oficial, lo que habría provocado la renuncia, también en esa fecha, del entonces Presidente de la Conamer, César Hernández, quien fue subsecretario de Electricidad en el sexenio pasado.
“La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de Constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento, aun cuando sólo le sean aplicables a la quejosa algunos de los puntos de dicha Política”, explicó el juez.
También apuntó que la Sener puede impugnar mediante recurso de revisión ante un tribunal colegiado la sentencia de Gómez Fierro, quien aclaró que su fallo tiene efectos generales, ya que de proteger solo a la empresa quejosa, le daría ventajas indebidas respecto del resto de sus competidoras y generaría distorsiones en el mercado eléctrico mayorista.