Ulises Juárez / Energía a Debate
El seguimiento de las políticas públicas en materia sustentable y del ejercicio del presupuesto, así como la exigencia en la rendición de cuentas a los candidatos a un puesto de elección popular son dos elementos que debe considerar la ciudadanía, además de ejercer su voto en las próximas elecciones, coincidieron analistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil.
“El compromiso que los candidatos deberían mostrar en la agenda ambiental se puede traducir en un ejercicio de rendición de cuentas y que haya transparencia una vez que hayan sido electos”, expuso Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Durante el foro virtual “Cumbre ciudadana por el voto sustentable”, organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de América Latina (GFLAC), celebrado esta mañana, Alanís Ortega destacó que las propuestas electorales que ignoran la premisa del medioambiente y de los recursos naturales, corren el riesgo de propiciar un desarrollo en contra de la naturaleza, destruyendo al capital natural y, por lo tanto, atentaría contra la calidad de vida y de la salud de los ciudadanos.
Por su parte, Lourdes Melgar Palacios, consejera y co-fundadora de la consultora Voz Experta, coincidió en la obligación de votar y exigir a los diputados, senadores y demás aspirantes a un cargo de elección popular o en la administración pública rendir cuentas sobre sus decisiones, además de dar seguimiento a sus acciones.
Advirtió sobre la urgencia de tomar acciones para disminuir el impacto del sector energético en el calentamiento global y dijo que si el planeta llega a tener un incremento promedio de dos grados de temperatura para el final del siglo, el nivel del mar se elevará unos 54 centímetros, ocasionando el desplazamiento de mil millones de personas.
“En México, por su ubicación, en 2050 habrá 55 millones de desplazados, inmigrantes climáticos, a lo que hay que sumarle que habrán regiones como Mérida, Cancún, Los Cabos y las costas en general que desaparecerán y no estamos haciendo nada”, urgió la también ex secretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
La mayor aportación de las emisiones de gases de efecto invernadero en México proviene de la producción y uso de energía, agregó. “El 91% proviene de combustibles fósiles, y en el eléctrico es de 75%, por eso urge acelerar la Transición Energética en el país”, consideró.
El próximo 6 de junio se llevarán a cabo las elecciones consideradas las más grandes de la historia, toda vez que 21 mil cargos de elección popular estarán en juego, entre diputaciones federales, congresos locales, gubernaturas, presidencias municipales, alcaldías y concejalías.
Por ello, Melgar Palacios expuso que es necesario que los aspirantes a uno de esos cargos, o a la reelección en caso de que ya lo tengan, entiendan tres situaciones: la adaptación y la resiliencia ante el impacto del cambio climático; la conservación del medioambiente y de la biodiversidad, y la seguridad energética con buen precio, limpia y con justicia social.
Previamente, Gemma Santana Medina, especialista en Desarrollo Sustentable, se pronunció por un balance en el poder mediante el voto ciudadano para poder impulsar temas ambientales en las políticas públicas.
Refirió que de los 15 aspirantes a gubernatura en igual número de estados para este año, solo 5 –Nuevo León, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur– han incluido propuestas sustentables y medioambientales en sus plataformas políticas.
Santana Medina, quien fungió como directora de la Agencia 2030 en la Presidencia de la República, afirmó que para el desarrollo sostenible, las próximas elecciones significan ejercer el voto para la democracia, “indispensable para balancear el poder y, por lo tanto, evitar decisiones unilaterales que no permitan avanzar en el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género, la inclusión y una economía más sostenible”.
También advirtió que si el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vuelve a obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, podría modificar la Constitución afectando particularmente los objetivos ambientales.
“Solo con balance en el poder se pueden defender las políticas ambientales”, dijo la especialista.
Al respecto, Max Kaiser, director y fundador del Centro para la Integridad y Ética en los Negocios, insistió en que las decisiones sobre el destino y forma de gasto del presupuesto federal se toman en la Cámara de Diputados.
Puso como ejemplo que en la Cámara Baja se aprobó un total de 362 mil millones de pesos para tres proyectos de infraestructura que son “directamente enemigos de la sustentabilidad”, en referencia a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el Tren Maya en la Península de Yucatán, y ahora la compra del total de las acciones de la refinería de Deer Park, en Houston, Texas, por parte de Petróleos Mexicanos.
“Tres proyectos de infraestructura que son directamente enemigos de la sustentabilidad; 362 mil millones de pesos que podrían utilizarse para muchas otras cosas que generarían sustentabilidad en el ejercicio del poder, pero además en el futuro del país”, criticó Kaiser.
En la misma línea, Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, estimo que con el voto los ciudadanos pueden influir en la forma en que se gasta el presupuesto.
“En la acción pública, con el voto, podemos influir en cómo se gasta nuestro dinero, cómo se gastan nuestros impuestos, si es en proyectos sustentables, si es con subsidios a los combustibles fósiles, o si vamos cambiando y transitando a un tema energético con energías renovables y limpias”, afirmó.