Distorsiona Ley de Hidrocarburos régimen de permisos: ICC

Redacción / Energía a Debate

La International Chamber of Commerce en México (ICC) advirtió esta mañana que las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos desincentivarán la participación de nuevos competidores en el mercado de hidrocarburos, reducirán la oferta o distorsionarán el régimen de permisos, por lo que hizo un llamado a las autoridades para respetar el Estado de Derecho en el país.

La Cámara, bajo la presidencia de Claus von Wobeser, expresó su apoyo a los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir el contrabando de combustibles y las alteraciones a los instrumentos de medición de los hidrocarburos, así como al fortalecimiento al marco legal aplicable a las instituciones en la materia y a la colaboración institucional.

“Sanear y fortalecer a las empresas productivas del Estado a través de la política energética es fundamental para el presente y futuro de la independencia energética del país, pero siempre tomando en cuenta la importancia y necesidad de la inversión privada y condiciones de competencia, así como otorgando a los particulares las garantías y seguridad óptimas para sus inversiones”, dijo en un comunicado de prensa emitido este jueves.

“Todo fortalecimiento del marco legal aplicable debe realizarse en pleno respeto al Estado de Derecho, incluyendo las garantías constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley”, agregó el organismo internacional, el cual también advirtió a principios de marzo de este año sobre las consecuencias jurídicas de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, otra de las reformas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, manifestó su preocupación en cinco aspectos relativos a las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos, como la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos; la negativa ficta en los procedimientos de cesión de permisos; el contrabando de hidrocarburos; la suspensión de permisos; y la revocación de permisos en caso de reincidencia de ciertas conductas.

Al respecto, señaló que dichas reformas crean incertidumbre a los permisionarios en cuanto a las obligaciones que deben cumplir al dar una excesiva discrecionalidad a la Secretaría de Energía, sin parámetros establecidos en la ley, para establecer la capacidad mínima de almacenamiento de hidrocarburos.

Respecto a la negativa ficta, consideró que incentiva a que las autoridades no contesten las peticiones de cesión de permisos o no tengan obligación de argumentar las razones por las cuales una solicitud es negada

Asimismo, generan incertidumbre en cuanto a la duración de la suspensión de un permiso o en cuanto a los motivos de dicha suspensión, ya que se incorporan conceptos como “peligro inminente”, “seguridad nacional”, “seguridad energética” y “economía nacional”, los cuales no solamente son ambiguos, sino que no se encuentran definidos y, por tanto, estarán sujetos a una posible aplicación, quizá arbitraria. “De igual forma, la creación de la última de estas causales, como tal, es desde nuestro punto de visto cuestionable”, agregó.

La ICC apuntó que resulta preocupante el hecho de que, en caso de que la autoridad suspenda los permisos, la operación de la infraestructura podría quedar a cargo de Pemex o de las empresas productivas del Estado, “pudiéndose considerar estas medidas por los participantes del mercado como medidas violatorias de derechos”.

“Lo anterior sin considerar, además, la posible violación a acuerdos adoptados por México al amparo de los tratados de libre comercio de los que es parte, entre los que se encuentran el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés)”, añadió.

“Para la ICC México la seguridad jurídica y el Estado de Derecho son un requisito indispensable para la inversión y, por lo tanto, para el crecimiento de nuestro país en beneficio de los inversionistas, de los consumidores finales y, en última instancia, de la independencia energética de México”, expresó la Cámara.

Por ello, expresó su confianza en que el Poder Judicial analizará la reforma a la Ley de Hidrocarburos de forma independiente y consistente con la Constitución y los distintos Tratados Internacionales celebrados por México, garantizando la protección de los derechos de los inversionistas y consumidores que se consideren afectados.