Redacción / Energía a Debate
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas) solicitó la intervención de diversas instancias del gobierno federal, debido al alto nivel de inseguridad que para esta industria se ha presentado especialmente en los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores, en el estado de Veracruz.
“Ante el creciente problema derivado por la inseguridad en los municipios de Córdoba, Orizaba y Fortín de las Flores, Estado de Veracruz, las compañías distribuidoras de Gas L.P., legalmente constituidas y que durante años se han encargado de abastecer el indispensable producto a todos los consumidores en la región, requieren de la existencia de garantías mínimas de seguridad para la debida prestación de sus servicios”, señaló la Asociación en un comunicado de prensa emitido la tarde del jueves.
La Amexgas, cuyo Consejo de Administración es presidido por César Garza Obregón, expuso que la inseguridad en dicha región “se ha salido de control”, por lo que se ha vuelto riesgosa la circulación de vehículos distribuidores y del personal de las empresas formalmente establecidas, así como de la población en general.
En este sentido, agregó, se presume que se está distribuyendo gas de procedencia ilícita con personas y vehículos ajenos al mercado legalmente establecido y, por ende, no cumplen con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades competentes, lo cual pone en riesgo a los trabajadores de la industria formal y a los pobladores.
Por ello, la Asociación –que agrupa a personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, dedicadas a la distribución del gas LP y actividades relacionadas– solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Respecto a la FGN, la Asociación consideró necesaria una representación en materia de hidrocarburos en las localidades con mayor conflicto en la materia y, dentro del ejercicio de sus facultades, sugirió considerar las siguientes acciones:
- Simplificar las gestiones y el debido ejercicio de la acción penal al tratarse de delitos tipificados como graves y de competencia federal en la legislación de la materia.
- Recepción y depósito de vehículos utilizados en la comisión de presuntos delitos, así como con la consignación de personas presentadas por fuerzas federales de seguridad pública para su debido proceso.
- Verificar la debida acreditación de la propiedad lícita del producto mediante la presentación de la factura o CFDI correspondiente así como los permisos emitidos por la CRE y el alta de los vehículos dentro del parque registrado ante dicha autoridad.
Para la CRE y la ASEA, sugirió como indispensable que ambos organismos, ya sea mediante personal enviado a regiones con esta problemática, o bien, a través de delegaciones con representación al interior de la República, ejerzan las facultades que les han sido conferidas por el marco jurídico vigente a efectos de realizar operativos de verificación en instalaciones y vehículos presumiblemente ilegales o irregulares, que no reúnan las condiciones normativas de una operación segura así como su coadyuvancia con autoridades de seguridad, ministeriales y de impartición de justicia, solicitando el apoyo a Guardia Nacional.
También consideró que se debe involucrar a autoridades reguladoras y autoridades locales para realizar operativos constantes con la finalidad de evitar el fortalecimiento de grupos criminales que se dedican a la extracción, distribución y comercialización ilegal del gas LP.
Finalmente, la Amexgas propuso la conformación de comisiones integradas por las cinco dependencias, incluyendo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, para realizar inspecciones y auditorías de controles volumétricos a empresas denunciadas por compra, distribución y comercialización de gas LP robado.
“Lamentamos el deterioro del estado de derecho en los municipios antes citados que pone en riesgo a la población y es una clara muestra de una crisis de seguridad pública que se vive en el Estado de Veracruz”, expresó la Asociación, al tiempo que hizo un exhorto a las autoridades federales a efectos de una pronta y urgente atención a este problema, para garantizar la seguridad de los repartidores del producto y de los usuarios en la región.
La Amexgas cuenta con una amplia infraestructura en todo el país que consiste en 1 mil 270 plantas de distribución, 35 mil unidades de reparto, incluyendo auto-tanques y camionetas repartidoras de cilindros, así como 2 mil 600 tráileres y 4 mil 481 estaciones de servicio y bodegas de expendio.