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Redacción / Energía a Debate
Deben revisarse y corregirse tanto las insuficiencias como los excesos del modelo de apertura de la industria energética a una mayor participación del capital privado, y también respecto al fortalecimiento de Pemex y CFE. La confrontación entre lo público y lo privado deben evitarse en la política energética.
Si bien corresponde al gobierno federal definir las prioridades de esa política, se requiere de recursos tanto privados como públicos, así como de certidumbre legal, para alcanzar objetivos significativos de largo plazo, en opinión de Javier Estrada, socio de Analítica Energética SC y director de gas y petróleo en PwC, y David Madero, consultor independiente, fundador y ex director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas).
En un artículo para Energía a Debate, Estrada y Madero plantean que las restricciones a las empresas privadas en la política actual limitan tanto la modernización de la infraestructura como el aprovechamiento del potencial energético nacional. Señalan que la elevada deuda de las empresas energéticas del Estado y los cuantiosos recursos financieros requeridos para solucionar complejos retos operativos y estratégicos, amenazan el funcionamiento del sector energía y al conjunto de la economía nacional.
La regulación, bien diseñada e implementada, es capaz de lograr el desarrollo ordenado del sector energía y equilibrar las prioridades de seguridad energética y rectoría del Estado con las de inversión, abasto oportuno, innovación, mitigación de la contaminación y satisfacción de las necesidades energéticas de la población, dicen los analistas.
Es esencial tener un debate conciliatorio, porque el sector no puede cambiar de extremo a extremo como un péndulo, aseguran Estrada y Madero en el artículo Conciliar y dar funcionalidad al modelo energético de México.
