Reciben 6 empresas suspensión contra Ley de Hidrocarburos

Redacción / Energía a Debate

Seis empresas que interpusieron un juicio de amparo contra las reformas a la Ley de Hidrocarburos recibieron suspensiones indefinidas por parte de dos jueces.

Este lunes se dio a conocer que Grupo Base Energéticos, Distribuidora de Combustibles Mil, Viga Express, Pharaoh International Products, Antluc y Dalia Pilar Lamarque Picos obtuvieron la suspensión definitiva ante los actos derivados de las modificaciones propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en el Congreso de la Unión.

Los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgaron la medida cautelar en beneficio de las empresas quejosas, toda vez que consideraron que las reformas a la Ley, publicadas el pasado 4 de mayo, podrían regresar a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter monopólico en detrimento del desarrollo del sector completo y representan un cambio jurídico contra los inversionistas privados.

De la Peza, juez primero de distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, suspendió los efectos derivados de los artículos 51, 57 y 59 Bis, así como de los artículos cuarto y sexto transitorios de la Ley, argumentando que las modificaciones y adiciones a estos ordenamientos generan un cambio imprevisible e intempestivo en contra de los inversionistas privados.

Agregó que la Ley de Hidrocarburos, creada en el contexto de la Reforma Energética de 2013-2014, pretendía generar un estado de confianza legítima para proyectos energéticos de largo plazo.

Por su parte, el juez Gómez Fierro, quien el martes de la semana pasada ya había otorgado una suspensión en contra de las consecuencias derivadas de la aplicación del artículo 57 y de los transitorios, en esta ocasión reiteró que las reformas regresan a Pemex su carácter de monopolio, como lo tenía hasta antes de la Reforma, ocasionando una reducción considerable en el número de competidores y en la oferta al consumidor.

Advirtió asimismo que esto derivaría en aumentos en los precios de los bienes y servicios en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, con un impacto negativo en los usuarios finales.