Regulación y política pública para la transición energética

La regulación y las políticas energéticas desempeñan un papel crucial en el contexto actual de lucha contra el cambio climático y búsqueda del desarrollo sostenible. Estas herramientas gubernamentales facilitan la transición hacia fuentes más limpias, dan certeza y aseguran el acceso a la energía, componente esencial para el progreso económico y social en México y el mundo.

Ante ello, es necesario el diseño y la implementación eficaz de regulaciones y políticas energéticas transformadoras, que permitan acelerar significativamente la transición hacia un futuro energético más limpio y equitativo, que garanticen tanto la sostenibilidad ambiental como el acceso a la energía, para lo cual, es prioritario que el gobierno haga uso del poder con que cuenta para asegurar políticas energéticas que nos acerquen a un futuro sostenible y sienten las bases para la justicia energética.

Aunque más que un poder, de acuerdo con los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado tiene la responsabilidad de dirigir el desarrollo nacional, asegurando que sea integral y sustentable, lo que incluye fortalecer la soberanía y el régimen democrático, fomentar el crecimiento económico y el empleo, y promover una distribución justa del ingreso y la riqueza, garantizando la libertad y dignidad de todos los ciudadanos.

Asimismo, debe organizar un sistema de planeación democrática que asegure un crecimiento económico sólido, dinámico, competitivo y equitativo, contribuyendo a la independencia y democratización del país.

Si bien es cierto que las políticas energéticas son fundamentales, también lo es que enfrentan varios desafíos, entre los cuales destacan intereses económicos divergentes, resistencia política, necesidad de inversión pública y privada, y actualizar infraestructuras obsoletas. Además, las políticas energéticas deben ser dinámicas y adaptarse a los avances tecnológicos y necesidades sociales emergentes, e integrar la digitalización, como redes inteligentes y sistemas de gestión de energía, cruciales para contar con herramientas que impulsen eficientemente el sector energético.

“Las políticas energéticas deben ser dinámicas y adaptarse a los avances tecnológicos y necesidades sociales emergentes, e integrar la digitalización”

Por ello, en la construcción de los instrumentos en comento, las autoridades gubernamentales deberían considerar una serie de interrogantes como las siguientes: ¿Cuáles deberían ser las prioridades centrales de la regulación y políticas energéticas? ¿Es prioridad facilitar la transición desde fuentes de energía basadas en combustibles fósiles hacia alternativas más sostenibles, como la solar, eólica y geotérmica? ¿Cómo se logra esto? ¿Es importante la opinión y colaboración pública y empresarial en la construcción de las políticas públicas? Ello permitiría el diseño de instrumentos que faciliten el logro de objetivos en la materia y, en todo caso, la postura gubernamental sobre el orden de prioridades a regular debería considerar lo siguiente:

1. Subvenciones e incentivos fiscales. Las políticas que ofrecen incentivos financieros para desarrollar y adoptar tecnologías renovables permiten a las empresas y particulares reducir costos y acelerar la implementación de estas tecnologías.
2. Objetivos de energías renovables. Establecer metas claras en tiempo y a nivel nacional o regional para el porcentaje de energía que debe provenir de fuentes renovables, lo cual incentiva la planificación e inversión a largo plazo.
3. Normativas sobre emisiones. Regulaciones que imponen límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de las industrias y plantas de energía obligan a las empresas a innovar o cambiar sus fuentes.
4. Incrementar y garantizar el acceso a la energía. El acceso a energía asequible y confiable es vital para el desarrollo. Hoy en día miles de personas carecen de acceso básico a la electricidad.
5. Tarifas de energía reguladas. Asegurar que las tarifas eléctricas sean accesibles para poblaciones de bajos ingresos es fundamental para evitar la pobreza energética.
6. Desarrollo de la infraestructura de transporte. Ello permitiría fortalecer la seguridad de la provisión de energéticos.
7. Opciones de fuentes de energía. Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental.
8. Fortalecimiento de la seguridad operativa. Ello se logra con el incremento en las actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales.

Una planificación adecuada y la colaboración entre el gobierno, la sociedad y el sector empresarial serán clave para alcanzar una transición energética exitosa y asegurarse de que todos los ciudadanos disfruten de un acceso justo y sostenible a la energía, sentando así las bases para un futuro más equitativo y ambientalmente responsable.

*/ Angélica Estrada Muñoz es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha realizado estudios de posgrado en Derecho Tributario en la Escuela Libre de Derecho, así como en Amparo y en Administración Pública en la Universidad Panamericana.

Tiene 9 años de experiencia como abogada en el sector energético, particularmente en hidrocarburos, casi 4 de ellos en la Secretaría de Energía donde participó en la implementación de la Reforma Energética. Durante 2 años formó parte del Jurídico de la ASEA, lo que le permitió participar en la creación y modificación de las normas, además de la definición de criterios en materia ambiental y de seguridad industrial aplicables a las actividades del sector hidrocarburos. Posteriormente trabajó 3 años en el área jurídica de la operadora Jaguar Exploración y Producción.

Actualmente forma parte de una firma de consultoría legal en materias ambiental, social y energética. Previo a incursionar en el derecho energético, se especializó durante 8 años en el litigio en comercio exterior y fue socia de una Agencia Aduanal.

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