Una vez más en el ambiente petrolero se comenta sobre la posible salida de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, en estos tiempos en que muchos políticos están buscando algo para el próximo sexenio… y próxima Legislatura.
Nos comentaron que el ingeniero agrónomo, responsable todavía de rescatar a la empresa estatal, podría dejar el cargo para ocupar una curul en el Congreso de la Unión, sea diputación o senaduría.
Esta es la segunda ocasión en que surge la versión sobre la separación de Romero Oropeza. En agosto de 2023, medios de comunicación y redes sociales especularon que el funcionario buscaría la candidatura para la gubernatura de su natal estado de Tabasco, versiones que Pemex y el presidente de la República desmintieron de inmediato. En ese tiempo, además, el nombre de Sergio Ayala Salvio, otrora aspirante a dirigir el Sindicato Petrolero, había sido manejado como reemplazo del todavía director general de Pemex.
Y no nos haga mucho caso, pero de paso nos dijeron que igualmente Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también estaría preparando maletas.
La planta de Air Liquide, otro lujito de Pemex
Y hablado de Octavio Romero Oropeza, su salida va a dejar un pendiente más en Pemex de unos cuantos millones de pesos.
Como se ha dado a conocer en los últimos meses, la Secretaría de Energía (Sener) de Miguel Ángel Maciel Torres expropió la planta de hidrógeno U-3400 de la firma francesa Air Liquide, localizada en las instalaciones de la refinería de Tula, en Hidalgo, propiedad de la subsidiaria Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI). La toma de las instalaciones se realizó a finales de diciembre de 2023 y en la tarde del viernes de la semana pasada la Sener publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de expropiación.
Cabe recordar que en septiembre de 2017, Air Liquide firmó un acuerdo con Pemex TRI para el suministro del gas para los proceso de la refinería. Con este objetivo, la empresa gala realizó una inversión de unos 50 millones de euros, que equivalen a 921.79 millones de pesos a cambio actual, para la adquisición y optimización de la unidad de producción de hidrógeno.
De acuerdo con la Ley de Expropiación, el Estado deberá pagar una compensación a Air Liquide a valor de mercado o, en su caso, podrá entregarle bienes con un valor similar al afectado con una compensación económica para igualar el valor.
Pero las finanzas de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, no están para darse esos lujitos. Bueno, ni las finanzas públicas.
Por si fuera poco, la calificadora Moody’s redujo la evaluación de riesgo crediticio de la empresa de ‘caaa’ a ‘ca’, lo que refleja sus necesidades de liquidez.
¿De dónde van a sacar entonces tanto dinero?
Patadas de ahogado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la semana pasada la versión escrita de la sesión privada de la Segunda Sala del pasado 31 de enero, en la que las y los ministros discutieron, ahora sí, los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica reformada por el actual gobierno federal.
Esta versión, disponible en el portal de internet de la Corte, revela las tensiones que existen en el Supremo Tribunal del país, derivadas principalmente por las posturas pro-oficialistas de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Justamente la versión fue publicada a petición de las dos magistradas con la intención de evidenciar que el ministro Javier Láynez Potisek se declaró impedido para votar sobre el asunto de los amparos en revisión.
Láynez había expresado su preocupación por las acciones efectuadas por el gobierno federal para continuar retrasando la resolución sobre una serie de amparos interpuestos por varias empresas privadas contra la Ley.
Al final, por votación empatada de dos contra dos, se impuso el voto de calidad del ministro presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, como se informó en su oportunidad. ¡Vaya con la batalla!