La calificadora internacional Moody’s puso las calificaciones de criterios Ambientales, Sustentables y de Gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de Pemex en el peor nivel posible, lo cual puede afectar todavía más la calificación crediticia de la petrolera mexicana.
Apenas hace una semana, Fitch puso casi todas las calificaciones ESG de la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza también en el peor nivel posible.
De acuerdo con la acción de calificación de Moody’s, la perspectiva de la calificación crediticia podría volver a estable, a través de la recuperación de la confianza en la capacidad de Pemex para implementar un plan fiable para abordar los desafíos ESG.
La puntuación del impacto crediticio ESG (CIS-5, la peor posible) de Pemex indica que la calificación es más baja de lo que hubiera sido, si no existieran exposiciones al riesgo ESG y que el impacto negativo es más pronunciado que el de los emisores con calificación CIS-4, detalla la agencia.
Además Pemex tiene una puntuación E-5 como emisor ambiental, que refleja principalmente la exposición al riesgo de descarbonización.
Pemex también enfrenta mayores riesgos relacionados con residuos y contaminación debido a la quema de gas por parte de la compañía y al creciente número de accidentes con impactos residuales en el medio ambiente.
Pemex también enfrenta altos riesgos relacionados con la salud y la seguridad, a lo que se suman presiones demográficas y sociales, por lo que la puntuación de emisor social de la petrolera se ubicó en S-5.
A esto se suma la presión de los inversionistas que podría conducir a mayores costos de capital y restringir el acceso al capital con el tiempo.
Pemex también está expuesta a riesgos de producción responsable, “que son más altos que la mayoría de las compañías integradas de petróleo y gas, debido a los importantes problemas de la compañía con sus proveedores en relación con el pago puntual”.
Finalmente, la puntuación G-5 del perfil de emisor de gobierno corporativo de Pemex refleja las políticas financieras agresivas de la compañía.
La empresa es 100 por ciento del gobierno mexicano, por lo que se enfrenta a una “importante concentración de la propiedad”.