La creación del Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB) consolida la tendencia iniciada en 2019 de reducir gradualmente la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sin controles e incentivos adecuados no garantiza una mejora en la rentabilidad y operación de la empresa, consideró este martes el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El organismo no gubernamental recordó que con la reciente reforma fiscal para Pemex se eliminaron los Derechos por la Utilidad Compartida (DUC), los Derechos de Exploración de Hidrocarburos (DEXPHI) y los Derechos de Extracción de Hidrocarburos (DEXTHI) que la empresa pagaba anteriormente y que fueron sustituidos por el DPB.
“Sin controles e incentivos adecuados, los recursos liberados podrían destinarse a actividades poco rentables, como el negocio de la refinación, en lugar de fortalecer áreas estratégicas, como la exploración y extracción de hidrocarburos”, dijo al respecto.
Como antecedente, recordó que durante la administración anterior se disminuyó la tasa del DUC de 65 por ciento vigente hasta 2019 a 30 por ciento en 2024, lo que llevó a que Pemex dejara de pagar al Estado mexicano aproximadamente 724.1 mil millones de pesos (mmmdp) entre 2020 y 2024.
Así, como evidencia, el IMCO expuso que el año pasado, incluso con una menor carga fiscal, Pemex registró su segunda mayor pérdida en al menos 14 años, misma que sumó los 620.6 mmmdp.
En un escenario hipotético, planteó el Instituto, donde el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar hubiera estado vigente en 2024, Pemex habría pagado aproximadamente 225.4 mmmdp.
“Esta cifra es (-)10.6% (26.6 mmdp) menor a los 252.0 mmdp causados ese año bajo el esquema fiscal anterior (no se incluyen los estímulos fiscales recibidos): DUC (187.5 mmdp), DEXTH (61.6 mmdp), DEXPH (2.4 mmdp) e ISR (439.8 millones de pesos)”, calculó.

(Fuente: IMCO)
Nuevo Derecho inhibe exploración petrolera
El IMCO bajo la dirección de Valeria Moy también advirtió que el Derecho Petrolero para el Bienestar podría desincentivar a Pemex para llevar a cabo la exploración y la extracción de hidrocarburos, toda vez que el nuevo esquema fiscal no le permite deducciones de costos en estas actividades.
“En particular, reduce el atractivo para la inversión en nuevos proyectos de exploración y extracción en comparación con la explotación de campos desarrollados, maduros o con menor riesgo financiero. Esto podría generar una menor incorporación de reservas y afectar la sostenibilidad de la producción en el largo plazo”, previó.
Por ello, ante esta situación, el organismo expuso como fundamental que Pemex optimice el uso de sus recursos mediante cambios estructurales en su gestión, lo que permitiría reducir su dependencia del apoyo presupuestario del Gobierno, evitando que se comprometan recursos públicos que podrían destinarse a infraestructura, salud, seguridad, educación y otros sectores clave para el desarrollo y la competitividad del país.
En este mismo sentido, el IMCO también prevé que la renta petrolera para Pemex se incrementará, mientras que la del Estado se verá disminuida.
“Más allá de reducir la carga fiscal de Pemex, el problema de fondo radica en la gestión de la empresa. Mientras no se implementen cambios estructurales que mejoren su eficiencia operativa y financiera, es probable que la empresa continúe dependiendo del apoyo presupuestario del Gobierno, comprometiendo recursos públicos que podrían destinarse a infraestructura, salud, seguridad, educación, entre otros rubros fundamentales para mejorar la competitividad de México”, dedujo el Instituto.