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La orden girada por el presidente de la República para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprara carbón a productores de Coahuila se realizó sin formalidad, motivación clara ni fundamento legal, además de que la empresa eléctrica no tiene obligación legal para acatar dichas órdenes, asegura la organización no gubernamental México Evalúa.
“Es el Consejo de Administración de CFE quien debe tomar las decisiones al más alto nivel en la empresa. Sin embargo, ni este ni ningún órgano de gobierno señaló la incongruencia o implicaciones de la compra, y esta se realizó sin un análisis adecuado”, agregó la ONG bajo la dirección de Edna Jaime.
Esta semana, la organización que analiza políticas públicas, así como temas de transparencia y corrupción, presentó el documento Riesgos potenciales en materia anticorrupción de la CFE: El caso de la compra de carbón en Sabinas, Coahuila, un estudio de caso sobre el apego a la legalidad, transparencia, rendición de cuentas y posibles actos de corrupción en la adquisición del mineral para la generación eléctrica de la empresa productiva del Estado.
México Evalúa recordó que en 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la CFE que dirige Manuel Bartlett Díaz para que adquiriera carbón destinado a las dos plantas carboeléctricas que posee la empresa en Coahuila, a partir de pequeños productores de la región carbonífera, principalmente en Sabinas.
Lo anterior, según argumentó el jefe del Ejecutivo en su momento, con la finalidad de apoyar a esas localidades ante la situación económica en el contexto de la pandemia provocada por el brote y propagación de la COVID-19.
Derivado de ello, se firmaron 60 contratos que se adjudicaron de manera directa, de los cuales 15 fueron para micro productores, 15 para pequeños productores, 17 para medianos productores y 13 para grandes productores.
En total, la CFE compró en ese año 2 millones de toneladas de carbón con un valor por 2,000 millones de pesos.
En conferencia de prensa del 17 de junio de 2021, Miguel López López, subdirector de Contratación y de Servicios de la CFE, reconoció que la compra del carbón era por instrucción presidencial y que se basaba en cinco principios.
“Tenemos la instrucción del presidente que nos señala que la CFE va a comprar carbón a los pequeños productores bajo cinco principios que son: cero corrupción; cero coyotaje; preferencia a los pequeños productores, vinculado a su política de primero los pobres; honestidad, y eso tiene que ver con un compromiso de los productores de venderle carbón a la CFE y no tierra, y precios justos.
Asimismo, argumentó sobre la calidad del mineral. “Entonces, vamos a hablar primero del carbón coquizable, o le vamos a llamar carbón que se le compra a los pequeños productores de Sabinas”, agregó.
Todo ello, encontró México Evalúa, contradiciendo directrices anticorrupción y de buenas prácticas nacionales e internacionales, ya que “ni el titular del Ejecutivo, ni el Consejo de Administración de CFE, actuaron apegados a altos estándares de ética e integridad, según el marco legal, o conforme a las mejores prácticas”.
“…ante una orden presidencial sin fundamento jurídico o motivación clara, ningún órgano de gobierno intervino para evaluar la viabilidad de una actividad ajena al objeto de la empresa”.
México Evalúa
“Debe hacerse notar que ni el Consejo de Administración ni el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios parecen haber intervenido en esta compra ‘atípica’. Esto es, ante una orden presidencial sin fundamento jurídico o motivación clara, ningún órgano de gobierno intervino para evaluar la viabilidad de una actividad ajena al objeto de la empresa”, dijo la organización, que basó su estudio en información publicada en medios de comunicación, documentos oficiales y solicitudes por el mecanismo de Transparencia.
Tampoco hay evidencia de que se evaluara o se considerara la gestión de riesgos en esta compra “atípica”, según la ONG. “CFE no detectó que esta compra podría ser un riesgo para ella misma, o al menos no lo dictaminó o su Consejo de Administración, o algún otro órgano de gobierno. No lo discutió. Permitió así una acción alejada de su objeto corporativo, realizada a través de procesos no meritocráticos, con fines difusos, sin realizar un análisis adecuado”.
Respecto a las directrices anticorrupción internacionales, México Evalúa citó como ejemplo las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el sentido de que la CFE debe ser tratada como un ente autónomo del Estado y este último debe prevenir el mal uso de las empresas públicas para beneficio personal o político.
También la Organización dicta que los propietarios deben mantener altos niveles de integridad en las empresas públicas y al mismo tiempo no intervenir indebidamente en operaciones o controlar directamente su gestión.
El estudio de caso no dejó escapar el posible conflicto de interés del senador Armando Guadiana Tijerina, representante de su estado natal Coahuila y miembro del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que empresas en donde él aparece como apoderado o algunos familiares podrían haberse beneficiado con esta adquisición.
Entre otros hallazgos que México Evalúa enlista en su caso de estudio se encuentran que las compras del carbón por parte de la CFE han tenido diversos señalamientos de corrupción e irregularidades en el pasado de la Auditoría Superior de la Federación y que del lado de los productores, hay casos de conflicto de interés, relaciones con políticos, trabajo infantil y malas condiciones laborales, entre otros.
En el mismo sentido, a pesar de que la CFE anunció en 2019 un programa anti corrupción en sus compras y adquisiciones, no hay informes al respecto. Y la compra del mineral no tiene un número de folio, “en realidad fueron 60 adjudicaciones directas con procesos diferentes”, encontró la ONG.
De igual forma, no se publicaron documentos importantes, como la convocatoria general, un estudio de mercado, manifestaciones de impacto social y ambiental, y las propuestas de otros proveedores para cada proceso de adjudicación directa.
Aunado a ello, la coordinación de autoridades y el padrón específico de proveedores con los requisitos a cumplir no son de acceso público.
Y aún más, el Senado de la República aprobó un dictamen para realizar una solicitud a CFE de un informe detallado sobre el estado de las compras de carbón a los productores de Coahuila. Sin embargo –encontró México Evalúa, la solicitud no se emitió y la empresa eléctrica no se pronunció al respecto.
