El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó el pasado 22 de septiembre la creación de un Tercer Juzgado de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Este nuevo juzgador tendrá las mismas atribuciones que el juez primero Rodrigo de la Peza López Figueroa y el juez segundo Juan Pablo Gómez Fierro, quienes han recibido durante la presente administración federal un número importante de demandas de amparo contra distintas disposiciones normativas y legales que atentarían principalmente a los principios constitucionales de competencia y libre concurrencia en el sector energético.
De acuerdo con expertos en Derecho con especialidad en energía, la creación del Tercer Juzgado tiene como objeto desahogar la enorme carga de trabajo que han acumulado los dos primeros, no solo en temas energéticos, sino también en telecomunicaciones, por ejemplo, derivada de las modificaciones a la legislación que exigirán a los usuarios de telefonía móvil proporcionar sus datos biométricos a las compañías que prestan este servicio.
“Hay un sinúmero de demandas, más de 8 mil en ambos juzgados, más de 16 mil demandas de amparo, sumadas las de electricidad e hidrocarburos y del padrón (de telefonía)”, comentó Carlos Alberto Vallejo Galván, director jurídico de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE). “Lleva a un colapso en la función del Poder Judicial”, agregó.
Tanto Vallejo Galván como Marco Antonio de la Peña Sánchez, presidente de la Comisión de Energía de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMCA), coincidieron para Energía a Debate en que la aparición de este nuevo juzgado es una buena noticia en términos de impartición de justicia pronta, ya que la mayoría de los casos tienen retrasos de meses, en perjuicio de los demandantes y de la industria.
“Muchos permisionarios se quedaron en el limbo en espera de una resolución tres o cuatro meses”, señaló Vallejo.
De la Peña por su parte refirió que tan solo en materia de electricidad existen en proceso más de 1,300 demandas de amparo y unos 350 casos relacionados con hidrocarburos.
Si bien ambos abogados especializados en energía expresaron su confianza en la independencia y separación de Poderes del Estado mexicano, sí advirtieron del riesgo en el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador influyera en la designación del juez para este nuevo juzgado.
“Sería terrible que el Poder Judicial se debilitara y se rindiera ante el Ejecutivo, con un criterio predeterminado con jueces y magistrados adhoc”, señaló De la Peña Sánchez.
Explicó que uno de los riesgos sería que, al pasar un número de casos que llevan los dos primeros juzgados, el tercero emitiera opiniones contradictorias a los primeros, de manera que esos casos se tendrían que subir al Pleno, o a Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí se definiera el criterio que prevalecería en cada caso.
Al respecto, dijo: “Generamos una contradicción de criterios, entonces se sube a Sala o al Pleno y, entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el criterio que prevalecerá”.
“Yo esperaría que se respete la división de poderes, que el Ejecutivo no recomiende perfiles”, manifestó Vallejo Galván.
LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA
Los juzgados primero y segundo en materia Administrativa, especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones fueron creados por Acuerdo General número 22/2013 por el CJF el 9 de agosto de 2013.
Fueron el resultado de la transformación de los juzgados cuarto y quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región hasta entonces en funciones.
De igual forma, en el mismo Acuerdo se instruyó la transformación de los Segundo y Tercer Tribunales Colegiados de Circuito del Centro Auxiliares de la Primera Región, en el Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Cabe recordar que estas transformaciones respondieron a las modificaciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución en materia de telecomunicaciones realizadas el 11 de junio de ese mismo año.
La creación del tercer juzgado fue aprobada por el CJF mediante el Acuerdo General con número 15/2021 y entrará en funciones a partir del 1 de noviembre de 2021.