En México, tres etapas de baches entrelazados se vislumbran sobre la sinuosa superficie del 2023: Las tensiones en los mercados y la sombra del bajo crecimiento por una amenazante recesión económica global; meses de jaloneos entre políticos nacionales para confirmar o redefinir posturas, alianzas y liderazgos; un otoño e invierno de embates políticos entre gobierno, partidos y sociedad civil, preconizando un exaltado cierre de sexenio.
El lado luminoso de 2023 será subyacente, pragmático y evolutivo. A nivel nacional, se siente el entusiasmo por aprovechar las oportunidades para satisfacer la demanda interna y del nearshoring. A nivel internacional, desde hace algunos años en los debates traslucen las ideas de un nuevo entendimiento sobre el modelo económico. Se desgastan los enunciados populistas, pero también los del capitalismo extremo concentrador de riquezas cuantiosísimas en muy pocas empresas. El equilibrio busca una mejor inclusión social, mayor compromiso con el medio ambiente, justicia efectiva y eficiencia gubernamental. Los ajustes redefinirán la responsabilidad de gobiernos y empresas, de los legisladores, de las reglas del comercio internacional, de las instituciones multilaterales, del sistema financiero y de la incorporación de los avances científicos y tecnológicos en la vida cotidiana.
Para México, 2023 pudiera ser el inicio de un discurso político moderado, en la búsqueda de un acuerdo nacional, con apoyos a grupos sociales desfavorecidos, pero también con certidumbre para la inversión. A nivel global, podría ser un referente para la nueva narrativa de responsabilidad compartida, de mayor alcance generacional. ¿Por qué 2023? Por el deseo global de recuperarse de la pandemia, por asumir los errores que nos llevaron al impasse, por el desgaste financiero de las personas y de la economía de los países, por el distanciamiento de las nefastas guerras del siglo XX que todavía generan estertores geopolíticos que hoy afectan a Europa y mañana pueden hacerlo en Asia. Son cambios que toman una o dos generaciones, pero que pretenden lidiar con la parte depredadora de la naturaleza humana ante sus vecinos, flora, fauna, océanos, agua y atmósfera. Las propuestas de soluciones serán de mayor compromiso.
Los cambios repercutirán sobre el sector energía. Este año y el siguiente, en México deberemos cumplir con los compromisos del T-MEC y con las reducciones de GEI en línea con los acuerdos de París, lo que implica que las Secretarías de Estado, así como la CRE, CNH, ASEA, CENACE y CENAGAS, deberán respetar el marco constitucional, legal y regulatorio vigente del sector energía. Con suerte, hasta el fracking sale de su rechazo y las agencias lo regulan responsablemente. CFE y Pemex deberán completar en tiempo, forma y presupuesto los ambiciosos proyectos de expansión con los que se han comprometido[1]y[2], lo cual requerirá además de disciplina para no degradar su calificación crediticia, de financiamientos y apoyos gubernamentales (al 3er trimestre de 2022, CFE generó pérdidas por $ 50.6 MMM y Pemex por $ 52 MMM). Ambas paraestatales se encuentran altamente endeudadas, además de enfrentar cuantiosas amortizaciones en el corto plazo. El precio del petróleo seguirá a la baja, con un precio para la Mezcla Mexicana de Exportación que en promedio anual pudiera quedar por debajo de los US$ 68.7 por barril asumidos en el paquete económico del gobierno.
Por su parte, en noviembre de 2022, los contratos derivados de las rondas petroleras han llegado a 105 MBD de crudo y 239 MMPCD de gas natural. Un logro, dado el aislamiento al que son sometidos. Eso parece explicar que, a esta fecha, más de 20 empresas han redefinido sus estrategias en México devolviendo al gobierno áreas que para ellos ya no justifican inversiones. Viene también, a nivel internacional, un nuevo ciclo de desarrollo y producción de campos de hidrocarburos que encarecerá la compra y renta de equipos, todo ello impulsado por el aumento en el precio del crudo y del gas natural desde mediados de 2022, además de expectativas de una gradual mejora del desempeño económico global que poco a poco incrementará la demanda de petrolíferos.
Las dudas sobre si la refinería Olmeca solo alcanzará a operar con la mitad de su capacidad en 2023, o si sus resultados se postergarán a 2024, siguen en el aire. Esto complica la balanza de petrolíferos y gas natural que pareciera indicar que seguirá siendo deficitaria, aunque parte de los refinados provengan de Deer Park. En México el costo de refinar gasolinas y diésel es 30% más caro para Pemex que para las refinerías en EE. UU. Adicionalmente el precio de los combustibles de importación seguirá siendo volátil, aunque con tendencias al alza en el caso del gas natural. En electricidad, para mantener las tarifas, el costo de operación de CFE y los subsidios tendrían que revertir el alto nivel de pérdidas registradas en 2022.
Este año, tras los recientes permisos otorgados por la CRE, aumentará el número de gasolineras y entrarán en operación almacenamientos privados de petrolíferos. También traen impulso dos grandes proyectos para procesar el GNL en México y destinarlo a su exportación a partir de terminales en el Pacífico y el Golfo de México. En cuanto a las renovables, el sector privado se ha preparado para agregar hasta 40 GW de capacidad de generación de electricidad a partir de proyectos solares, eólicos, hidráulicos y de geotermia, pero su realización dependerá de los permisos que otorgue la CRE, de las interconexiones con la CFE y de las tarifas de porteo y respaldo que deban aplicarse. Seguirá siendo complejo el pago de la deuda de Pemex a sus proveedores, la cual creció durante 2022. La contratación de servicios y equipos, así como el pago de las facturas pendientes, han entrado en un laberinto administrativo que complica a las empresas sus operaciones, compromisos y planes. Estas condiciones agregarán dificultades a Pemex para completar sus objetivos de producción.
“En México, en el sector energía, el año 2023 será una difícil prueba para el gobierno”.
En México, en el sector energía, el año 2023 será una difícil prueba para el gobierno, para SENER, Pemex, CFE y los reguladores del sector. Será la oportunidad para las empresas que insistan en sus planes y hagan valer sus derechos, aunque en el corto plazo deban enfrentarse con argucias de actores de gobierno que siguen promoviendo los monopolios de estado, a pesar de las limitantes que esa postura infringe al país.
Notas:
[1] Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. “Plan de Negocios 2023 -2027. Aprobado por el Consejo de Administración Acuerdo CA-130/2022. Sesión Ordinaria del 13 de diciembre de 2022”. Versión Pública. Pemex prevé pérdidas anuales hasta 2026, con una producción de crudo, condensados y líquidos del gas de 1.989 MMBD con exportación de crudo de 1.047 MMBD y refinación en México de 995 MMBD. En su plan también contempla invertir aproximadamente $ 235 mil millones en proyectos que mejoren su desempeño ambiental con la mitigación de GEI, disminución de la producción de combustóleo, y en proyectos de cogeneración limpia.
[2] Comisión Federal de Electricidad: “Plan de Negocios 2022 – 2026”. Versión Pública. CFE requiere de $ 516.4MMM entre 2022 y 2026 para sus proyectos en generación, transmisión y distribución. Adicionalmente considera la realización de proyectos no presupuestados en seis centrales de ciclo combinado y dos a base de turbinas de gas.
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