Judicializarán empresarios freno a importaciones de combustibles

Ulises Juárez / Energía a Debate

Algunos empresarios privados dedicados a la importación de combustibles, como gasolinas y diesel, están considerando llevar el caso de las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior al poder judicial, principalmente por la afectación al principio constitucional de libre competencia.

“Algunos proveedores van a tomar acciones legales, esto se va a judicializar por el tema de la libre competencia”, dijo Ernesto Hernández López, representante legal de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Energéticos A. C. , en referencia a las empresas que importan los productos para venderlos a los distribuidores y grandes consumidores en el mercado mexicano.

El pasado 11 de junio de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), publicó las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior que, en concreto el punto 2.4.1, restringe a particulares la importación de esos combustibles, petroquímicos, gas y otros productos solo por un punto aduanal, mientras que a las empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tienen libertad de hacerlo a través de puntos de internación diferentes al autorizado.

Algunos de los importadores se están acercando a las autoridades para tratar el asunto, comentó Hernández López.

Esta semana, por su parte, la American Chamber of Commerce (AmCham) también se pronunció en contra de dichas reformas.

En un comunicado, las más de mil empresas norteamericanas cobijadas bajo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México expusieron que dichas reformas eliminan la opción marítima en terminales ubicadas fuera de los puertos, cuando este medio de movilización de productos es más competitivo después de los ductos.

Asimismo, advirtió que la medida pone en riesgo la continuidad y la ejecución de planes de negocio y proyectos de inversión en el desarrollo de nuevas cadenas de suministro e infraestructura en el sector energético.

“Es importante recordar que una de las modificaciones más significativas a la Ley Aduanera en 1995 fue precisamente la adición de lugar distinto al autorizado, para permitir a los particulares contribuir al desarrollo de infraestructura, particularmente en los puertos”, recordó la AmCham.

También afirmó que la medida reduce significativamente la capacidad de las empresas privadas para usar infraestructura de importación y/o exportación existente y en desarrollo, al otorgar autorizaciones exclusivas a las empresas productivas del Estado, sus organismos y empresas productivas subsidiarias en detrimento de los derechos constitucionales a la competencia y libre concurrencia, lo que constituye además, un trato discriminatorio hacia la iniciativa privada.

Respecto a las implicaciones jurídicas y regulatorias, la Cámara señaló que las modificaciones a las Reglas Generales limitan la certidumbre en un marco regulatorio predecible y consistente en el tiempo, que es una condición fundamental para las inversiones de largo plazo, como las requeridas para fortalecer las inversiones en infraestructura y el suministro confiable de combustibles y la consolidación de México como un socio estratégico.

De igual forma, se contraponen a los principios fundamentales de tratados internacionales de libre comercio, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en lo que corresponde a Trato Nacional, Estándar Mínimo de Trato, Expropiación, entre otros.

Al mes de junio pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tenía registrados 79 permisos vigentes de importación de hidrocarburos, petroquímicos y otros.

De ese número, 15 corresponden a Pemex mediante sus empresas productivas subsidiarias y a la empresa filial PMI Trading México SA de CV.