Redacción / Energía a Debate
El sector privado del país consideró que las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y el medio ambiente, por lo que hizo un llamado al gobierno federal para entablar un diálogo y anteponer el bien de México por encima de posturas ideológicas.
En un comunicado emitido este mediodía, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también reprochó al gobierno mexicano que, para la aprobación de ambas iniciativas por parte del Congreso de la Unión, no se tomaron en cuenta las propuestas del sector privado.
“Los mexicanos de hoy y las siguientes generaciones sufrirán las consecuencias de la caída en la inversión, la escasez de energía, mayores deudas de CFE y Pemex, mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación”, advirtió el organismo empresarial bajo la presidencia de Carlos Salazar Lomelín.
“Ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente y la salud de los mexicanos”, añadió el CCE y señaló que ambas reformas, que fueron presentadas por el presidente de la República, son violatorias de la Constitución, dañan los empleos y el futuro de México.
Al respecto, dijo que además de los impactos directos al sector eléctrico y de gasolinas, estas acciones afectarán la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los mexicanos al inhibir la inversión en nuestro país.
“Esto ya se ha reflejado con una caída del 75% en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020. Con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200,000 empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia”, refirió el Consejo que agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales del país y que, en su conjunto, aglutinan a más de 2,000 asociaciones que representan alrededor de 80% del PIB de México.
En virtud de lo anterior, los empresarios hicieron un llamado más a las autoridades del gobierno federal para entablar una conversación productiva “y a anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas”.
“En un sistema democrático, los problemas del país se resuelven entre todos, dialogando, antes de suprimir las reglas que hubieran podido apoyar, la creación de empleos, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”, asentó el organismo.