El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 propone un gasto total de 187 mil 968 millones de pesos en el anexo transversal “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático”, lo que representa apenas 2.2 por ciento del presupuesto total y no incluye descripciones específicas sobre el impacto que tendrá en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre, y que tiene que ser aprobado por el Congreso de la Unión antes del 15 de enero, incluye programas en 16 entidades del sector público federal.
Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), mencionó que el anexo contra el Cambio Climático no es suficiente ni está orientado a acciones específicas.
Además, comentó que de acuerdo con un estudio de la UNAM, para combatir el cambio climático en México, se tendría que destinar 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la financiación climática está relacionada con el dinero que hay que gastar para toda una serie de actividades que contribuirán a frenar el cambio climático y que ayudarán al mundo a alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales.
Para alcanzar este objetivo, el mundo necesita reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente a cero en 2050.
Entre las iniciativas que deben costearse para alcanzar estas emisiones de valor cero, dice la ONU, están las que reducen las exhalaciones de gases nocivos, así como las que mejoran o preservan las soluciones naturales para capturar esos gases, como los bosques y los océanos.
La financiación también busca aumentar la resiliencia de las poblaciones más afectadas por el cambio climático y ayudarlas a adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes, unas medidas que a su vez contribuirán a reducir el calentamiento.
La financiación y las soluciones son necesarias para la transición a lo que la ONU llama una economía verde. La energía renovable, que proporciona electricidad sin producir dióxido de carbono ni otras formas de contaminación atmosférica, es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento económico sostenible.
Para hacerlo realidad, se necesitan inversiones importantes y es fundamental contar con cooperación internacional.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo a este medio que los rubros que están previstos en el presupuesto no necesariamente están ligadas al cambio climático y los que sí deberían estar, como la generación renovable, no aparece.
Los gastos más grandes
Adriana García, coordinadora de Análisis Económico en México, ¿cómo vamos?, señala que 70 por ciento de los recursos se concentran en dos áreas: Sembrando Vida, de la Secretaría del Bienestar, y en la Secretaría de Turismo, principalmente en el Tren Maya.
La dependencia con mayor gasto para este rubro es la Secretaría de Turismo, que incluye un presupuesto total de 98 mil 874 millones de pesos, de los cuáles 99.6 por ciento se concentran en “proyectos de transporte masivo de pasajeros”, pero no especifica en qué obras o proyectos de inversión se destinará este presupuesto.
Este presupuesto incluye el desarrollo del Tren Maya, porque gran parte del presupuesto de Turismo se está yendo a esta obra clave, dice Alejandra Macías.
Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), mencionó que destinar recursos al sector turístico no es incrementar el cambio climático.
La segunda secretaría con más recursos es la del Bienestar, pues el gobierno integra dentro de la estrategia para mitigar y adaptar al país al cambio climático el programa Sembrando Vida, que incluye 34 mil 264 millones de pesos.
Ocampo advierte que este programa no ha aportado a la reforestación del país.
Por una parte, recordó que el World Resource Institute realizó hace dos años un estudio sobre el programa Sembrando Vida, en el que encontró que la iniciativa era contraria para la preservación de los bosques y selvas en México, porque incentiva a que las personas limpien el terreno para ser acreedores al subsidio o al programa que, posteriormente, busca la reforestación.
Advierte que el Tren Maya pone en riesgo la preservación del medio ambiente, entonces, integrar 98 mil millones de pesos en este proyecto y etiquetarlo en el anexo para mitigar y combatir el cambio climático, demuestra que “no es una prioridad, por mucho que digamos que es dos por ciento del presupuesto total”.
En contraste, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo propósito específico es el cuidado y preservación del medio ambiente, apenas recibirá siete mil millones de pesos el año entrante para la adaptación y mitigación al cambio climático.
El presupuesto de la dependencia es superior al asignado a Petróleos Mexicanos (Pemex), que destinará apenas mil 583 millones de pesos para este fin.
La mayor parte de los recursos dentro de Pemex se destina al apartado de proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, con mil 557 millones de pesos.
Esto ocurre pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en junio de este año a que la petrolera invierta dos mil millones de dólares para reducir 98 por ciento las emisiones de metano.
Petróleos Mexicanos ha sido señalado por la Universidad de Valencia de tener dos grandes fugas de metano en el complejo Ku Maloob Zaap en menos de un año.
Además, la empresa productiva del Estado solo destinará 1.1 millones de pesos a operación y mantenimiento de la infraestructura en ecología.
Oscar Ocampo asegura que “lo más importante no está en este presupuesto”.
Adriana García mencionó que las asignaciones presupuestales en las empresas productivas del Estado demuestran que no se le da importancia a la forma en la que producimos energía ni a la extracción y refinación de hidrocarburos.
Para la especialista, la falta de inversión en la CFE es todavía más preocupante, especialmente en un marco jurídico lleno de incertidumbre que limita la inversión en el sector de energías limpias.